/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/RR5G5TIL4BIHHT7M46LUTLX5KU.jpg)
La muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha revelado todos los fantasmas que acechan a Ecuador. La investigación de su asesinato ha puesto de manifiesto la incompetencia de las autoridades y la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Siete de los 13 detenidos por el magnicidio ocurrido el 9 de agosto, en campaña electoral, fueron asesinados el viernes y la madrugada del sábado en prisión ante la permisividad de los guardias.
El presidente Guillermo Lasso se encontraba en Nueva York cuando se enteró de las muertes. Lasso canceló un viaje que tenía previsto a Corea del Sur y voló de vuelta a su país, donde ha celebrado un consejo de seguridad. Al terminar, el presidente ha anunciado una reestructuración de la cúpula policial que incluye la destitución del general Fausto Salinas como comandante general de la Policía. La purga ha empezado en el escalafón más alto.
A una semana de que los ecuatorianos voten a su próximo presidente, Lasso ha querido demostrar firmeza. El presidente ha ordenado también la destitución del director de prisiones (SNAI), Luis Ordóñez, a quien sustituye Fausto Cobo, actual director del centro de inteligencia. En la penitenciaría de Guayaquil, una de las más peligrosas de Ecuador, fueron asesinados los seis sicarios colombianos que fueron detenidos tras el crimen de Villavicencio. Fueron ahorcados, según fuentes policiales. El séptimo asesinato, el de un ecuatoriano llamado José Montaño, acusado de transportar a los sicarios y proporcionarles armas, ocurrió a las cuatro de la mañana de este sábado en la cárcel del Inca, en Quito, a 420 kilómetros de la prisión de Guayaquil.
Las muertes han asombrado al mundo. Antes, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujese a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, un periodista que denunció las redes criminales que han cercado la política del país. Desde el primer momento, los más escépticos con la capacidad del Estado para resolver el crimen temían por la vida de los acusados. Los seis colombianos tenían una orden de traslado a otro presidio, pero nunca se llegó a ejecutar. El Gobierno ha presentado una denuncia penal contra el director de la prisión de Guayaquil, que se encuentra detenido por su presunta colaboración.
En la penitenciaria de Guayaquil se han producido motines que se han saldado con decenas de muertos. Las bandas criminales, asociadas con carteles de la droga, se disputan su control. No parecía el mejor lugar para resguardar a los acusados, alrededor de los que había una fuerte sospecha de que podían ser víctimas de un ajuste de cuentas o un intento de silenciarlos para siempre. Semanas antes de que los mataran, un dron con explosivos sobrevoló la prisión. El aparato finalmente fue detonado y afectó el techo del presidio. El círculo se estrechaba sobre los sicarios.
Los ecuatorianos asisten conmocionados a la deriva violenta de su país. Durante décadas, estuvo a salvo de la violencia que azotaba sus dos países vecinos, Colombia y Perú, los dos mayores productores de coca del mundo. Sin embargo, en los últimos tiempos se han infiltrado las mafias mexicanas y colombianas que, asociadas con las bandas locales, han conseguido retar al Estado. El poder de estos grupos de pandilleros creció, paradójicamente, desde las cárceles. En lo que va de año se han registrado 5.320 asesinatos, y eso que 2022 ya había cerrado con la cifra más alta en la historia (4.600), el doble que en 2021. Las cifras colocan a Ecuador como uno de los países más peligrosos del mundo.
Todo esto ocurre a una semana de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ecuatorianos eligen entre el joven empresario Daniel Noboa y Luisa González, candidata correísta. Tras el asesinato de Villavicencio, los candidatos han limitado sus actos públicos y han hecho campaña principalmente en redes sociales. El principal tema, como no podría ser de otra manera, ha sido la inseguridad. Noboa ha prometido cárceles flotantes para encerrar a los presos más peligrosos y González devolver al país a los tiempos de Rafael Correa, cuando la inseguridad no estaban tan disparada.