Entrevista exclusiva La Jornada Morelos
Con una “espeluznante impunidad”, un “sistema de seguridad pública y procuración de justicia están rebasados por el clima de violencia”, un sistema judicial al que la ciudadanía no le tiene confianza y falta de oficio político entre los poderes gubernamentales, el próximo gobernador o gobernadora de Morelos “va a recibir un estado con un grave índice de inseguridad y con un estado de derecho debilitado”, aseguró la senadora Lucía Meza.
La legisladora Lucía Virginia Meza Guzmán confía que será considerada dentro del grupo de personalidades que buscarán la candidatura de la coalición encabezada por Morena -su partido- a la gubernatura de Morelos y, en entrevista exclusiva con La Jornada Morelos, señala algunos de los que considera los principales problemas en la entidad, problemas en los que, dice, la ciudadanía siempre se ha llevado la peor parte.
La impunidad ha empoderado al crimen organizado
En Morelos, dice la senadora, “es evidente que hay una crisis en materia de seguridad pública y procuración de justicia que lamentablemente ha puesto a las familias morelenses en un estado de indefensión. No hay prevención del delito ni persecución de los delincuentes. El 95 por ciento de los homicidios dolosos y feminicidios no han sido esclarecidos, y hay una espeluznante impunidad, que provoca el empoderamiento del crimen organizado.
“Hay una grave frustración e impotencia en las familias de las víctimas. Por si fuera poco, los asaltos se multiplican en las calles, comercios, casas habitación y hasta a bordo de los vehículos. El sistema de seguridad pública y procuración de justicia están rebasados por el clima de violencia que prevalece en la mayoría de los municipios de Morelos. Se va a heredar un gobierno con un preocupante déficit de elementos de seguridad pública -¡estamos hablando de que hacen falta dos mil policías!- Al mismo tiempo, se va a recibir un estado con un grave índice de inseguridad y con un estado de derecho prácticamente debilitado”.
En este sentido, “la Fiscalía del Estado le ha quedado a deber mucho a las y los morelenses, principalmente a las víctimas de los delitos. En Morelos, no se investigan los homicidios dolosos y no se esclarecen las carpetas de investigación. No hay servicios de inteligencia criminal que conduzcan a la detención de los delincuentes. Aún están impunes los arteros asesinatos de la diputada Gabriela Marín y del exdiputado Juan Jaramillo Frikas, el atentado contra Javier Estrada, exdiputado y empresario de medios de comunicación, y miles más, que nunca han tenido solución”.
“Como lo he comentado en reiteradas ocasiones, Uriel Carmona ha perdido la confianza de las y los morelenses y, en consecuencia, es inviable e insostenible su permanencia en la Fiscalía del Estado. Por dignidad, debería renunciar al cargo. Lamentamos que el Congreso del Estado lo siga protegiendo”.
El sistema judicial requiere de un control férreo
“El grave problema es que las instituciones de seguridad y procuración de justicia están rebasadas por la delincuencia, y, en parte, los titulares de ambas instituciones son los responsables, porque siempre han estado confrontados y descoordinados.
“Urge un control más férreo y más ético de nuestro sistema judicial estatal, para que los ciudadanos y el pueblo confíen y acudan a la justicia. Lamentablemente, no hay confianza, la opinión general es que los jueces y los magistrados no actúan con independencia, obedecen a intereses del Ejecutivo Estatal, de funcionarios públicos o de diputados locales. El proceso de designación de diez nuevos magistradas y magistrados debe ser la oportunidad para elegir a personas probas, con trayectoria en la carrera judicial y con suficiente conocimiento en materia jurisdiccional. Ya basta de que se elijan a los amigos y compadres. Se tiene que dignificar al Poder Judicial.”
Falta de oficio político
La senadora morenista también considera que Morelos se ha visto afectado por la falta de coordinación y comunicación entre los poderes, particularmente entre el Legislativo y el Ejecutivo: “lamentablemente, las confrontaciones entre poderes han provocado el rompimiento del diálogo y el acuerdo entre unos y otros. Los tres poderes del estado atraviesan por crisis políticas que no les permiten funcionar con normalidad.
“No hay oficio político de ninguna de las partes y, en consecuencia, el estado de derecho está roto. Es urgente que los titulares de los poderes dejen a un lado sus intereses personales y de grupo y apuesten a la conciliación política. Sólo de esa manera se logrará poner la agenda de las familias morelenses por encima de cualquier otro interés.
“El gran desafío que se viene para los poderes del estado es, precisamente, la construcción de acuerdos para aprobar el paquete presupuestal del 2024, con total sentido social. Se sigue operando con el paquete presupuestal del 2019, lo que ha ocasionado que se ignore en qué se han utilizado los excedentes presupuestales que se han destinado cada año a Morelos. El paquete presupuestal ha sido el principal elemento de la confrontación entre poderes, al que se suma la presión política para destituir al Fiscal del Estado y la defensa, a ultranza, que ha ejercido el Poder Legislativo para evitarlo”.
Hay que atacar los factores que propician la violencia y la inseguridad
Para la legisladora, la solución a los problemas comienza con la identificación de sus causas, como lo es la pobreza y la falta de oportunidades y, por otro lado, la ausencia de una real estrategia de seguridad pública.
“La falta de empleos bien remunerados y la falta de oportunidades, ha provocado que los jóvenes se enganchen fácilmente con los grupos de la delincuencia organizada. Aunado a lo anterior, los mandos superiores, encargados de prevenir los delitos y de coordinar el Mando Único Policial, son personas que provienen de otras entidades, mismos que desconocen el territorio morelense, lo que, incluso, genera impunidad”.
Por eso, “lo que se tiene que hacer, de inmediato, es recuperar el número de elementos policiales, a través de una agresiva campaña de reclutamiento, en la que se garanticen salarios dignos para los policías, suficiente equipamiento, seguros de vida y becas de estudio para sus hijos. Se tienen que fortalecer la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía del Estado, no solo con mayor presupuesto, sino con la utilización de herramientas tecnológicas, para la prevención y persecución de los delitos, en tiempo real. Erradicar la impunidad y la corrupción de ambas instituciones, a partir de procesos de evaluación en tareas de arrestos en flagrancia y en resolver las carpetas de investigación, con profesionalismo.
También es urgente “establecer una real coordinación policial con los 36 municipios y el Gobierno Federal, en la que se respete el mando policíaco de cada una de las jurisdicciones territoriales. Establecer, de manera coordinada con los Secretarios de Seguridad de los estados de Guerrero, Estado de México y Puebla, el establecimiento de cinturones de seguridad en las zonas limítrofes entre una y otra entidad.
“Atacar el mercado negro de armas de fuego e impulsar reformas estatales que castiguen con penas más elevadas a quienes posean, porten, y disparen armas de fuego, de todos los calibres, sin la autorización y el registro correspondiente de la SEDENA. También es urgente una campaña intensa y permanente de despistolización y que todas las armas decomisadas se destruyan en prensas mecánicas y sean fundidas para que nunca más puedan utilizarse”.
“Siempre he sostenido que el problema de la inseguridad se debe resolver atacando las causas que la provocan. Así que, de manera integral, se tiene que pacificar al estado, para que al mismo tiempo se generen las condiciones que permitan detonar su desarrollo social y económico. Se tiene que realizar un desarme general en todo el estado, generar una mayor presencia policial con tácticas de campo, utilizar herramientas tecnológicas y actuar con sistemas de inteligencia en la detención de los principales violentadores de la paz social”.
