Luis Maldonado, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aseguró que las auditorías no se hacen por "encargo político", sino bajo criterios uniformes para todas las instancias que reciben recursos federales, al dar a conocer que en el ejercicio fiscal 2013 se detectaron irregularidades por más de 700 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Afirmó que la directiva de esta casa de estudios, encabezada por Alejandro Vera, ha manejado un discurso muy defensivo.
"A principios de año, más del 90 por ciento de los rectores de las universidades públicas de todo el país, incluyendo la UNAM, presentaron sus auditorías externas, independientemente de las acciones de fiscalización que ejerce la ASF, porque la mayoría tiene claro que su autonomía es de carácter técnico, no un ejercicio soberano, sobre todo cuando son receptores de recursos públicos", expresó.
Declaró que la ASF, en ningún momento ha violentado la autonomía de la UAEM, ya que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoce sus facultades para supervisar el origen y destino de los recursos públicos.
Al reunirse con legisladores de Morelos, comentó que lo que lastima a la sociedad mexicana, más que el fenómeno de la corrupción, es la impunidad, y reiteró que las auditorías no se hacen con un carácter político, sino técnico.
"Se revisan sus procesos bajo criterios y protocoles universales. No hay auditorías que se hagan por encomienda o bajo criterios parciales; todas se rigen por las mismas reglas y criterios".
Explicó que en la cuenta pública 2013 se identifican todas las observaciones hechas a la UAEM en tiempo y forma, como se le hace a todo el mundo, y se detectó que no solventó -o no lo hizo de manera suficiente-, por lo que se presentaron cuatro denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Lo anterior, debido a que existe un probable daño a la Hacienda Pública federal, ya que la máxima casa de estudios de Morelos subcontrató el ciento por ciento de los servicios, concentración de recursos en cuentas de proveedores, así como manejó agentes sin el perfil ni las capacidades técnica, material y humana, además de darse el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares.
Explicó que las denuncias penales presentadas ante la PGR se encuentran en proceso de integración, como también lo están los procesos resarcitorios, o sea la reparación del daño patrimonial que tiene que hacer la ASF, a fin de que se restituya lo que pudiera haber quedado en agravio del patrimonio federal.
Acerca de la presunta violación a la autonomía universitaria, señaló que "tratándose de recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación está legitimada para revisar su origen y destino. Estamos en un régimen de excepción para la autonomía, por lo que en este caso no se ha violentado nada".
Dio a conocer que se manejan aún los datos de la Cuenta Pública 2013, "porque la investigación lleva alrededor de cinco años para integrarse y resolver las sanciones correspondientes, como pueden ser administrativas, a través de procesos resarcitorios, como reintegrar el recurso o demandas penales, tipificadas por la autoridad ministerial".
El informe de la Cuenta Pública 2013 no señala responsables, pero sí los elementos, observación por observación, de aquellas recomendaciones que no han sido solventadas satisfactoriamente.
Continuará...