En 2020 cuando por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de Morena y sus aliados en el congreso desaparecieron 109 fondos o fideicomisos por un valor de 68 mil 478 millones de pesos, el presidente instruyó al entonces Consejero Jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra a hacer una “auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica, y que, frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República.” El pretexto de la desaparición era “el cochinero” y “las corruptelas” que se hacían con esos dineros públicos “en el pasado”.
Tres años después, Julio Scherer ya no trabaja para el presidente López Obrador, al menos formalmente, y de la “amplia auditoría” nadie sabe nada. Tampoco hay una sola denuncia ante la Fiscalía General de la República por malos manejos o abusos en los fideicomisos— que, dicho sea de paso, probablemente existían en algunos de ellos—. ¿Por qué? Porque la intención del presidente nunca fue optimizar los procesos de gasto público, entender cómo distribuir de mejor forma los recursos para el combate al cambio climático, la academia o en el deporte nacional, sino simple y sencillamente, utilizar ese dinero discrecionalmente y, como la cereza en el pastel, poder ejercer un mayor control sobre los cientos de personas que ahora tienen que ir al él a cabildear recursos que antes estaban sujetos a ciertas normas para su uso. Control.
Lo mismo sucede hoy con los fideicomisos del Poder Judicial que el presidente busca desaparecer vía su mayoría en el Senado. Aquí también hay carambola de tres bandas: hacerse con el dinero, los 15.000 millones de pesos que serán administrados ahora a discreción por el Ejecutivo; continuar confrontando sistemática y maliciosamente al Poder Judicial para terminar de colocarlo en el imaginario colectivo como un corrupto adversario, sin credibilidad o legitimidad que con sus decisiones contrarias a la voluntad presidencial, obstaculiza los históricos y luminosos caminos de la Cuarta Transformación; y erosionar la vida institucional de los varios cuerpos que lo componen como sucedió, por ejemplo, en el CIDE, en donde el acoso presidencial junto con un estrangulamiento financiero y violaciones a los contratos de trabajos, ha provocado que en los últimos años haya una desbandada de académicos y trabajadores dejando una institución débil y al servicio del capricho de incondicionales del presidente.
Y sobra decirlo: defender en este caso al Poder Judicial no significa sostener que no hay lugar a una discusión sobre el uso del dinero público, claro que lo hay. En cualquier democracia funcional, de hecho, buena parte de los debates más centrales se concentran justamente en el destino de los dineros públicos y en cómo limitar los abusos en su uso. Un buen momento para dar esos debates hubiera sido 2021, cuando se discutió y aprobó una reforma judicial promovida por el entonces ministro presidente de la Corte y cercano del propio presidente, Arturo Zaldívar. Pero no había interés, y no lo había porque la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial no tiene nada que ver con buscar una mejor impartición de justicia o un trato más justo para los trabajadores.
Las verdaderas intenciones del presidente tienen que ver con las elecciones federales de 2024 y su esencia antidemocrática, su fobia a los contrapesos; su falta de voluntad para construir puentes y su empeño en fabricar enemigos para probar su punto y justificar su falta de resultados de Gobierno. Por eso es quiere que al 2024 llegue un Poder Judicial debilitado, golpeado y desacreditado frente a la opinión pública, por eso aprieta financieramente con el indebido agandalle de sus fideicomisos y un recorte presupuestal de magnitudes todavía desconocidas que todo indica vendrá vía voto de su mayoría en el Congreso; por eso pregunta maliciosamente en su mañanera: ¿a poco no estaría mejor que esos fondos se fueran para becas a estudiantes de familias pobres?
El presidente sabe que a este nuevo atraco seguirá una avalancha de recursos de inconstitucionalidad y amparos de trabajadores, pero eso tampoco le importa. Si se queda o no con esos 15.000 millones de pesos no es relevante, porque el daño que busca estará hecho y su mensaje es claro: su proyecto de país necesita destruir a ese contrapeso incómodo que es el Poder Judicial. En los próximos meses la batalla en contra este poder será asimétrica y llena de mentiras disfrazadas de buenas intenciones. La consolidación de la autodenominada Cuarta Transformación necesita sumisión absoluta del Poder Judicial, que ya no fue por las buenas, así que será por malas. De eso va el 2024 para López Obrador, así sea que se lleve entre las patas lo que sea, incluyendo uno de los reclamos más legítimos de los mexicanos y promesa central de su perorata diaria: justicia para todos.