México se ubicó este año en el primer lugar en número de solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU.
En tanto, alertó el organismo, persisten en el país retrasos injustificados en la adopción de medidas formales de búsqueda, a veces de hasta un año, y en la apertura de expedientes de investigación.
En un reporte presentado el 4 de octubre, informó haber recibido 589 solicitudes de acción urgente relacionadas con personas desaparecidas en México entre 2012 y septiembre de 2023, cifra superior a la de Iraq, que sumó 577, y a las de Cuba, con 192, y Colombia, con 182.
De los casos mexicanos presentados, 166 corresponden a 2015 y 61 a 2023
"Los casos relativos a 71 personas han sido cerrados ya que las personas desaparecidas han sido encontradas en libertad o encontradas y liberadas o encontradas muertas", detalló
"Se han suspendido casos que afectan a 189 personas porque los autores de las solicitudes han perdido contacto con los familiares de los desaparecidos y ya no pueden proporcionar información de seguimiento".
Permanecen abiertos, agregó, 329 casos.
El Comité destacó la disposición del Estado mexicano para responder a las numerosas solicitudes de información y recomendaciones sobre casos particulares.
"Sin embargo, como en anteriores períodos de examen, el Comité siguió observando una falta de coordinación y estrategia de búsqueda integral", indicó.
"En particular, el Comité observó una falta de coordinación entre las distintas autoridades encargadas de la búsqueda e investigación, incluso con respecto a la definición de sus respectivas funciones y responsabilidades y al intercambio de información sobre las acciones emprendidas y los resultados obtenidos, que dieron como resultado, en ocasiones, una duplicación de acciones".
El CED expresó su preocupación particular por las solicitudes de acción urgente relacionadas con la desaparición de defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, así como de integrantes de colectivos de búsqueda.
Se refirió al caso de la desaparición de los activistas Ricardo Arturo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, en enero de 2023 en los límites de Michoacán y Colima.
"El Estado parte debería garantizar que, durante la búsqueda y investigación, se conceda suficiente peso a la hipótesis de que el trabajo de derechos humanos de los defensores desaparecidos, incluida su oposición a la expansión de industrias del sector extractivo, podría ser un posible motivo de su desaparición", apuntó.
El Comité llamó la atención sobre un aumento de solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones en Celaya, Guanajuato, presuntamente perpetradas por el crimen organizado.
La organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(dh)eas) recordó que, conforme al amparo 1077/2019, resuelto por la la Suprema Corte, todas las autoridades están obligadas a cumplir las acciones urgentes ordenadas por el CED.
IMPUNIDAD
Mientras que el número de desapariciones registradas en México continúa en aumento, persiste la lentitud e ineficacia en su investigación y en la persecución penal de los delitos que involucran, advirtió el CED en sus Observaciones Finales del proceso de revisión de la situación en el país iniciado en 2021, presentadas el pasado 3 de octubre.
El Comité expresó preocupación por el escaso avance en el combate a delitos que involucran tanto a organizaciones criminales como a agentes del Estado.
Destacó la adopción del Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en la materia en todas las entidades.
No obstante, señaló, la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizadas.
La deficiente investigación de los casos de desaparición, que tiene como consecuencia un número escaso de sentencias, alertó, provocan la continuidad de una impunidad casi absoluta.
Cuestionó "la fragmentación de las investigaciones y consecuente tipificación fragmentada de los hechos, así como el limitado uso de investigaciones de campo y de los medios de prueba de base científica", así como "las deficiencias en la persecución del delito de desaparición forzada, pese a contar con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades".
Advirtió además sobre "el seguimiento de hipótesis de investigación basadas en prejuicios y estereotipos sobre las personas desaparecidas".
El CED consideró positiva la incorporación legal del requisito de análisis de contexto sobre fenómenos criminales en la investigación de desapariciones, así como de la existencia de las unidades de análisis en 30 comisiones locales de búsqueda
"No obstante, preocupa la falta de información sobre el número de unidades de análisis de contexto en las fiscalías especializadas, sobre los análisis preparados por estas, y sobre la frecuencia con que la fiscalía cumpla con la realización de estos análisis", apuntó.
A MARCHAS FORZADAS
Para atender los problemas de la desaparición de personas y de la crisis forense en México se construye un entramado de normas legales que, entre otras, incluyen:
Cumplido
LEYES
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Publicada en Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de noviembre de 2017. Reformada en 4 ocasiones en 2021 y 2022.
Incumplido
Reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Pendiente.
PROGRAMAS
Cumplido
Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Emitido el 11 de enero de 2023, más de 4 años después del límite fijado por la Ley General.
Incumplido
Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.
Pendiente.
PROTOCOLOS
Cumplido
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Publicado en el DOF el 6 de octubre de 2020.
Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes. Publicado en el DOF el 15 de julio de 2021.
Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada. Se publicó un extracto en el DOF el 16 de julio de 2018 y un extracto de su actualización el 7 de diciembre del mismo año
Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense Existía previamente. Se publicó un extracto en el DOF el 3 de marzo de 20
