En 2022, México registró 32.287 asesinatos, una cifra estratosférica que ilustra la crisis de inseguridad y violencia que vive el país desde hace década y media. Según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), el país cuenta 25,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del continente, comparable a las de Brasil o Colombia, por tamaño y población. Pese a lo anterior, las cifras muestran una ligera tendencia a la baja que no disfrazan el problema central. Desde hace seis años, el país registra más de 30.000 asesinatos al año.
México maneja diferentes cuentas de los asesinatos que se comenten cada año. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Rosa Icela Rodríguez, alimenta un doble conteo que actualiza diariamente, a partir de las cifras que comparten las fiscalías estatales, encargadas de investigar los asesinatos, y de las que aparecen en prensa. Por su lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano heredado de gobiernos anteriores, realiza su propia cuenta, aunque usa también datos de las fiscalías. La tercera es la del Inegi, más fiable, pues toma en cuenta los certificados de defunción que proporciona la Secretaría de Salud.
Los datos del Inegi suelen llegar tarde y en dos tandas. El instituto publica primero las cifras de los primeros seis meses del año. Después divulga los del año completo, que terminan por dibujar la realidad del ejercicio completo. Aquí, el organismo muestra una tendencia a la baja, pero también una realidad insoslayable: desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, en diciembre de 2018, y hasta diciembre de 2022, México cuenta 142.421 asesinatos, número mayor al de los dos gobiernos anteriores, presididos por el priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el panista Felipe Calderón (2006-2012).
Según los datos del Inegi, entre los estados más golpeados por la violencia homicida figuran Guanajuato, Colima, Zacatecas, Sonora, Baja California, Chihuahua o Michoacán. La mayoría registran cifras de asesinatos muy altas que implican, tasas elevadas. En el caso de Colima y, en menor medida, Zacatecas, los números no son tan altos, pero sí las tasas, dada la proporción entre población y homicidios intencionales. Colima cuenta 115,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del país, y Zacatecas, la segunda, 89.
El caso de Guanajuato es especialmente sangrante. El estado del Bajío registró el año pasado 4.329 asesinatos, cuatro menos que el anterior. Las peleas entre grupos criminales por el control del robo de combustible en la región, la extorsión y, en general, sus peleas territoriales, mantienen la zona incendiada, diagnóstico que comparten regiones aledañas como Zacatecas o Michoacán. En otros estados, caso de Chihuahua, Sonora o Baja California, todos en la frontera con Estados Unidos, la situación no es mejor. Si bien los tres estados registraron menos asesinatos en 2022 que en 2021, las reducciones son menores.
Visto lo anterior, el problema de la violencia homicida en México debe entenderse como parte de un contexto más complejo, en el que los grupos criminales emplean otras tácticas en sus batallas, principalmente la desaparición de personas. Cada año, el país cuenta miles de desaparecidos, que no aparecen en las estadísticas de asesinatos. Y de muchos casos ni siquiera se informa de la desaparición, quedando en la oscuridad total.