El magistrado José Luis Vargas entró en el Tribunal Electoral federal (TEPJF) con el pie izquierdo. Elegido en octubre de 2016 para un plazo de tres años, las Cámaras del Congreso —en esa época dominadas por el PRI— aprobaron una cuestionable reforma para ampliar sus periodos a cuatro magistrados recién electos. Con esa modificación, Vargas ganó cuatro años más de gracia en el cargo, que este martes concluye definitivamente. Abogado de 51 años de edad, el magistrado tuvo una de las gestiones más polémicas en el Tribunal Electoral. Rivalizó con sus colegas del pleno, protagonizó peleas con el Consejo de la Judicatura —el órgano que vigila la conducta de los jueces—, pagó lujos y viajes con dinero público, fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y tuvo una breve presidencia del órgano colegiado, de la que finalmente fue destituido por un grupo de magistrados, en una de las crisis institucionales más graves en la historia del tribunal.
Vargas impulsó su carrera al amparo de los gobiernos del PAN y el PRI, y luego halló el cobijo de Morena. Fue asesor en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio TEPJF intermitentemente entre 1996 y 2006. Al año siguiente, ya en el Gobierno del panista Felipe Calderón, se integró al Cisen, el centro de espionaje del Estado mexicano, hoy llamado CNI. Luego, a partir de 2010 y hasta 2012, fue titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). Durante la mayor parte del sexenio del priista Enrique Peña Nieto no ejerció cargos públicos. Se dedicó, desde su firma privada, a asesorar a candidatos del PRI a los gobiernos estatales, con resultados muy exitosos. Hasta que se integró en 2016 al Tribunal Electoral, como magistrado, desde donde vio desfilar a los políticos que ayudó a convertirse en gobernadores. En la nueva Administración morenista, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, Vargas asumió posturas favorables al oficialismo.
El magistrado enfrentó su primera crisis en octubre de 2019, cuando Reforma hizo una revisión exhaustiva de sus viajes en comisiones oficiales al extranjero. El diario documentó la afición del juez por el lujo y el confort, pagado con recursos públicos. Volaba en primera clase, se hospedaba en hoteles caros y comía en restaurantes con estrellas Michelin. Ninguno de los otros seis integrantes del TEPJF viajaba ni gastaba tanto como Vargas. El magistrado, además, aprovechaba los viajes de trabajo para hacer escalas —también pagadas con dinero del erario— en Miami, Florida, donde su esposa, Mónica Bauer, una alta ejecutiva de PepsiCo, había adquirido una casa. Tiempo después, El Universal añadiría que la esposa de Vargas compró en 2021 otra casa, en Connecticut, por tres millones de dólares.
El patrimonio de Vargas fue puesto bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que documentó movimientos irregulares en las cuentas del funcionario electoral, entre depósitos en efectivo, pagos de gobiernos estatales y gastos millonarios en tarjetas de crédito. Entre 2013 y 2019, Vargas tuvo ingresos inexplicables por 36 millones de pesos. La UIF formalizó una denuncia ante la Fiscalía General contra el magistrado por presunto enriquecimiento ilícito y pidió que se congelaran sus cuentas bancarias. Vargas siempre defendió su patrimonio. Dijo que su riqueza se debía a que su despacho de abogados había sido exitoso, y también sostuvo que su esposa era una próspera empresaria. También aseguró que era objeto de una guerra sucia dentro del TEPJF, y señaló directamente al magistrado Reyes Rodríguez.
Vargas forjó una alianza con otros cuatro magistrados que le permitió hacerse con la presidencia del órgano colegiado en noviembre de 2020. Duró apenas nueve meses en el máximo cargo del tribunal. Su presidencia estuvo siempre ensombrecida por la investigación de la Fiscalía. Diversos actores políticos cuestionaron que Vargas presidiera el TEPJF mientras estaba sujeto a una indagatoria por presuntos actos de corrupción, y exigieron su renuncia. El magistrado adujo que fue elegido cabeza del tribunal por dos años y descartó apartarse.
A las críticas se sumaron polémicas por la manera como condujo el órgano electoral. Por ejemplo, Vargas intentó convencer al Consejo de Administración de la urgencia de que se compraran 10 camionetas blindadas para los magistrados electorales. La adquisición, que habría implicado un gasto de 27 millones de pesos, fue impedida por los tres integrantes de la Judicatura que forman parte del Consejo de Administración del TEPJF. Vargas, que consideraba que los magistrados arriesgan su vida al dictaminar asuntos electorales, dijo que los consejeros de la Judicatura serían responsables si sufría un atentado. “Están buscando mártires”, les dijo. También, durante la presidencia de Vargas, se ordenó aplicar pruebas de polígrafo a funcionarios administrativos como medida disciplinaria contra las filtraciones de información a los medios, según documentó Animal Político.
Vargas también fue cuestionado por sus colegas del Tribunal Electoral por otras maniobras que ponían en riesgo la labor judicial. En diciembre de 2020, luego de que el pleno aprobó una sentencia que ordenaba por primera vez la paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales, el órgano colegiado emitió un comunicado en el que se cambiaba el sentido de la votación mayoritaria y los alcances de la resolución. Meses después, el presidente Vargas intentó imponer un acuerdo para obligar a los magistrados a comunicarle el sentido de sus votos antes del inicio de las sesiones. El magistrado también fue señalado de aplazar a conveniencia sesiones donde se abordarían asuntos delicados para Morena.
El presidente acumulaba enemistades al interior del órgano colegiado. El punto de quiebre llegó cuando, en una sesión pública, el magistrado acusó al resto de votar “en manada”. Los jueces electorales lo tomaron personal. La mayoría que le ayudó a llegar a la presidencia se fue apartando de él. Seguía corriendo la investigación de la Fiscalía sobre su patrimonio, de modo que Vargas tenía que alternar entre conducir el máximo órgano electoral y cuidar su propia defensa penal.
Un grupo de cinco magistrados formó una nueva mayoría y elaboró un plan para destituir a Vargas de la presidencia en la sesión del 4 de agosto de 2021. Los jueces argumentaban que bajo la conducción de Vargas se incumplieron obligaciones constitucionales y reglamentarias del TEPJF, además de que se dañó la imagen de la institución. El magistrado Vargas acusó un “golpe de Estado” e intentó suspender la sesión, pero finalmente él y Mónica Soto, fiel compañera suya, se marcharon. En la ausencia de ambos se aprobó designar como nuevo presidente a Reyes Rodríguez.
Vargas no reconoció el relevo y el Tribunal Electoral tuvo dos cabezas por unos días. El problema, inédito hasta entonces, requirió de la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar. Dos semanas antes, coincidentemente, la Fiscalía había dado carpetazo a la investigación por corrupción en contra de Vargas, alegando que no había pruebas suficientes para incriminarlo. El magistrado asumió la decisión de Zaldívar y aceptó la designación de Rodríguez como nuevo líder del TEPJF. “Reconozco que mi presidencia no ha logrado generar los consensos necesarios al interior de este pleno”, dijo al apartarse. Una suerte de armonía volvió desde entonces a los pasillos del tribunal.
El magistrado ha hecho este martes un último intento por defender su reputación y repartir culpas a quienes considera que le hicieron daño. “Mi familia y yo sufrimos una burda campaña de ataques y de persecución que hasta la fecha sigue impune. Mi convicción ha sido enfrentar esos ataques a través de las instituciones de justicia y con elementos de prueba. La verdad material y jurídica hoy la tengo en mis manos frente a cualquiera, a través de resoluciones firmes, que acreditaron que mi patrimonio y el de mi familia son absolutamente lícitos y se deben únicamente a nuestro trabajo”, ha dicho durante su última sesión como integrante del TEPJF. Y ha rematado: “La verdad nos hará libres. Y su infamia los perseguirá toda la vida”.
Con Vargas se ha marchado otro magistrado, Indalfer Infante. Quedan vacantes dos sitios en el Tribunal Electoral. Aunque la Suprema Corte ya definió dos ternas de aspirantes, la fracción oficialista en el Senado, que tiene mayoría, ha dejado al aire los nombramientos, que siempre se resuelven en un reparto político de posiciones para los partidos. El TEPJF tiene la crucial tarea de calificar la legalidad de los comicios presidenciales y legislativos del próximo año. En manos del Congreso queda que no lo haga un colegiado que pueda ser cuestionado por estar incompleto.