Ante la inminente desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoséptimo Circuito, presentó una impugnación para poner freno al proceso.

Se pospone hasta el 9 de noviembre

En respuesta, el juez Juan Fernando Luévano, décimo segundo de distrito en Chihuahua, concedió una suspensión provisional, con la que el proceso de eliminación de fideicomisos quedará detenido al menos hasta el próximo 9 de noviembre.

La medida evitará, al menos por el momento, que el Consejo de la Judicatura Federal transfiera los recursos equivalentes a más de 15 mil millones de pesos a la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales serían enviados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Buscan impedir cancelación

La medida también solicita que se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y que se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.

“Suspendan de forma inmediata la entrega o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF. Así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación”, menciona el amparo provisional

Ajustes a la extinción

Cabe destacar que se espera que la fecha anunciada se realice la audiencia incidental para resolver si concede o no la suspensión definitiva. Lo que pretende esta nueva disposición es que los órganos del Poder Judicial tengan 120 días hábiles para suscribir convenios de extinción o terminación de esos fideicomisos, mientras que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen o terminan por la reforma, serán atendidas con los recursos que correspondan de los mismos fideicomisos.

Los ajustes a la extinción también buscan que los recursos remanentes de ellos deberán informarse a la Tesorería de la Federación en el mismo plazo de 120 días, a la que, además, deberá entregarse el recurso para que la SHCP lo destine a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente.