Además de frenar el desarrollo y progreso de Morelos también existe una banda de delincuencia organizada operando por los propios diputados del Congreso estatal; entre ellos los parlamentarios Alejandro Martínez Bermúdez, Paola Cruz Torres y Macrina Vallejo Bello, denunció Gabriel Rivas Ríos, dirigente de la Asociación Civil Gustavo Salgado.
Uno de los ejemplos presentados por Rivas Ríos son los delitos de extorsión, que han sido conocidos coloquialmente como "moches", así como actos de corrupción en los que supuestamente ha incurrido el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado de Morelos, el diputado Alejandro Martínez Bermúdez.
Rivas Ríos sostuvo que la mayoría de los miembros del G15, que incluye representantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Morena, respaldan a este diputado, lo que los convierte, en su opinión, en cómplices de los delitos cometidos en lugar de abogar por una investigación y castigo adecuados.
El activista también señaló al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, por presuntamente proteger al personal de seguridad involucrado en un incidente en el que miembros de la Asociación Gustavo Salgado resultaron heridos durante una manifestación, donde incluso, uno de sus agremiados casi pierde un dedo por su culpa.
A pesar de esto, Rivas Ríos afirmó que no ha habido avances en la investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, incluso se mencionó que podría enfrentar una demanda por difamación, una situación que él mismo alienta para que se pueda demostrar, según él, la corrupción de Alejandro Martínez Bermúdez.
De igual manera, convocó a que se investiguen los crímenes de alto impacto al tiempo de expresar su preocupación por la falta de avances en la investigación del crimen de la diputada Gabriela Marín, que considera un crimen político y en el que algunos diputados del Congreso del Estado podrían estar involucrados.
La Asociación Civil Gustavo Salgado insistirá en que la Fiscalía General de la República atraiga los casos que consideran de alto impacto, incluyendo delitos de tortura contra miembros de su organización.
La acusación pública de Rivas Ríos ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación política en Morelos y ha planteado interrogantes sobre la integridad de ciertos diputados y la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos en el estado.