“La justicia en Morelos está en
riesgo”, alertaron integrantes del
Colectivo por “La Justicia que Me-
rece Morelos”, tras denunciar que
“el Congreso Morelos está a pun-
to de asignar magistraturas en el
Poder Judicial pagando cuotas o
colocando a sus cuates en medio
de un proceso de asignación total-
mente opaco”.
Por ello, los integrantes del
colectivo lanzaron un S.O.S a la
población y advirtieron que de
concretarse las pretensiones del
Congreso en la designación de las
magistraturas condenarán a las y
los morelenses a 14 años de jus-
ticia bajo los intereses de grupos
de poder.
A pesar de este panorama, en
los próximos días las y los legisla-
dores del Congreso Local, estarán
designando 10 magistraturas del
Poder Judicial colocando a sus
allegados o afines a grupos de po-
der, alertó el Colectivo por “La
Justicia que Merece Morelos” que
está integrado por Grupo Empre-
sarial Morelos, Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo
de Cuernavaca. (CANACO SER-
VYTUR), Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios Mo-
relos y el Centro de Investigación
“Morelos Rinde Cuentas”.
Morelos fue el estado peor eva-
luado en capacidad institucional
en justicia penal, de acuerdo a
los resultados del último repor-
te 2022 realizada por el Centro
de Análisis de Políticas Públicas
“México Evalúa”. En dicha eva-
luación se consideró capacidad
institucional para responder a las
demandas y requisitos del Sistema
de Justicia, tanto de política públi-
ca (considerando su planeación,
coordinación, presupuestación y
evaluación), como respecto de su
capacidad instalada en términos
de personal, infraestructura y or-
ganización interna y Morelos ob-
tuvo solo 346.8 puntos, muy por
debajo de la puntuación mínima
que era de mil 200 puntos.
Roberto Salinas, director del
Centro de Investigación “Morelos
Rinde Cuentas” , expresó la conti-
nua preocupación de la sociedad
civil y las cámaras empresariales
en relación con las próximas de-
signaciones en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Morelos.
Salinas resaltó la necesidad de
que los diputados del Congreso
de Morelos tomen decisiones
acertadas y transparentes en las
designaciones de magistrados,
subrayando la importancia de la
participación de la sociedad civil
en este proceso. Sin embargo, la-
mentó la falta de debates, análisis
y apoyo de la sociedad civil en un
proceso que carece de transpa-
rencia.
El director del Centro de In-
vestigación también expresó su
preocupación por el ocultamien-
to de información relevante en
la convocatoria, como currícu-
lums, ensayos y entrevistas de los
candidatos a magistrados. Esto
ha generado temores de que las
decisiones se basen en cuotas y
favoritismos, lo que podría resul-
tar en un deterioro adicional en la
justicia de Morelos.
Muchos aspirantes, muchos
compromisos
De acuerdo a un estudio mi-
nucioso realizado por el Colecti-
vo por “La Justicia que Merece
Morelos”, de 148 aspirantes, dos
no tienen cédula profesional, 76
tienen maestría y 32 Doctorado,
según información obtenida en
el Registro Nacional de Personas
Profesionistas.
Además, 47 personas podrían
tener conflicto de interés por su
trabajo actual o anterior con insti-
tuciones gubernamentales o bien
por relaciones familiares.
También , figuran al menos
cinco personas con militancia
política activa en Morena, dos
en el PAN, hay dos excandidatos
a cargos de elección popular del
PAN, dos excandidatos del PRI, un
excandidato de Movimiento Ciu-
dadano y un excandidato de Redes
Sociales Progresistas.
De la misma manera se han lo-
calizado a cinco personas con acti-
vidad laboral en partidos políticos
y tres exdiputados. Entre ellas
resaltan las siguientes personas
y afinidades: Miguel Lucia Espejo,
quien fungió como presidente de
Morena del 2025 al 2017; Gerardo
Vargas Salgado, en 2018 candida-
to a diputado federal del 4to dis-
trito del partido Acción Nacional;
Mónica Marín Méndez, militante
del PAN y Mancy Giovanna Mon-
tero Mercado, militante del PAN.
Entre los aspirantes a las magis-
traturas también se encuentran
Javier Díaz Mújica, exdiputado
del PRI, Adrián Ariza Cuellar
quién tiene actividad partidista
al ser representante de finanzas
en Morelos Progresa, Patricia Ari-
za Cuellar, encargada del Órgano
Interno de Control del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) que fue
nombrada en el cargo cuando su
esposo Edwin Brito fungía como
diputado del Partido del Trabajo
(PT).
En tanto figuran algunos aspi-
rantes con vínculos directos a las
diputadas y diputados, la mayoría
trabajan en el Congreso: Eduardo
Horacio López Castro, Secretario
Técnico Área en la Comisión de
Reglamentos, Investigación,
Prácticas y Relaciones Parlamen-
tarias; Arturo Loza Flores, coor-
dinador en la Dirección de Re-
cursos Humanos; Mario Sánchez
Navarro, Secretario Técnico de la
Comisión de Justicia, Derechos
Humanos y Atención a Víctimas;
José García Noguerón, Auxiliar
Administrativo en la Dirección
de Recursos Humanos; Roberto
Soto Castor, Secretario Técnico
de la Comisión Especial de Ener-
gía; Carlos Gibrán Haro Álvarez
-abogado defensor en proceso por
presunto fraude al obtener pen-
sión del Congreso; Nicolás Artu-
ro Garduño Sámano, Secretario
Técnico de la Comisión de Puntos
Constitucionales; Felipe Ignacio
Garay Güemes, Secretario Técni-
co de la Comisión de Seguridad
y Protección Civil; César Salgado
Alpízar, Secretario Técnico de
la Comisión de Medio Ambiente
(2021-2022) y Fernando Abarca
Torres, Secretario Técnico, entre
otros