Abogados organizados del Estado denunciaron ayer que los diputados que integran el G15 “venden” magistraturas en 5 mdp, y por lo mismo, insistieron en que el sistema de justicia para los morelenses está en riesgo.
Por lo que reiteraron la exigencia para que cesen los presuntos actos de corrupción en el proceso de designación a cargo del Congreso y las diez vacantes que hay en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sean ocupadas por profesionistas que cumplan el perfil.
En un hecho que calificaron como de histórico y sin precedentes, los representantes de 14 asociaciones y barras de abogados firmaron un documento que, primero dieron a conocer a la opinión pública, y después entregaron a los diputados de la LV Legislatura del Congreso.
Destacaron que los actuales legisladores tienen hoy en sus manos la opción de garantizar la mejor impartición de justicia para los morelenses con el nombramiento de magistradas y magistrados que sean capaces en el cargo.
Como se sabe, el Congreso abrió el proceso de designación y desde la semana pasada corre la versión de que los nombramientos serán hechos en fasttrack y que recaerán en gente cercana a los diputados del G15, como pago de favores políticos y como resultado de una negociación económica.
El presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y ex Agentes del Ministerio Público del Estado, Omar Alexandro López Ortiz, aseguró que los del G15 “se están peleando las magistraturas, con base en recursos económicos. No lo digo de oídas, me consta que están pidiendo cinco mdp por cada magistratura; lo digo con toda responsabilidad”, refirió.
Agregó que en la lista de aspirantes hay gente sin ningún mérito para ocupar una magistratura por 14 años, como el ex dirigente de Morena, Miguel Lucía Espejo; el ex regidor en Temixco, Gerardo Hurtado de Mendoza, o la esposa del fiscal, María Luisa Sánchez, por citar sólo a tres, porque en la lista hay otros que sólo son asesores de los mismos diputados.
Anticipó que, en caso de que los legisladores no tomen en cuenta el perfil y la carreja judicial para los nombramientos, promoverán una lluvia de amparos contra el o los decretos que sean aprobados.
Cabe señalar que el pronunciamiento fue leído por el abogado Jaime Castera, padre del ahora magistrado, Jaime Castera Moreno, designado en el cargo por la pasada legislatura.
ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com