El martes 30 de agosto del presente año, una comisión de diputados federales y dirigentes nacionales del Movimiento Antorchista acudió a Cuernavaca, Morelos, a mostrar mediante una rueda de prensa su solidaridad con los antorchistas de esa entidad y con otras organizaciones y ciudadanos que sostienen una lucha justificada y pacífica contra el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez Garrido, quien se niega a resolver peticiones tan elementales como dotar de agua y pavimentos a pueblos y colonias, crear un programa para asignar lotes en facilidades de pago a familias muy pobres y reconocer una escuela preparatoria que lleva años funcionando. Con datos y argumentos, nuestra comisión reiteró lo que ya es vox populi: el gobernador ha llevado a Morelos a padecer niveles nunca vistos de pobreza e inseguridad y ha creado un ominoso clima de acoso mediático y policiaco contra quienes lo critican, en el que no son raros los mensajes telefónicos anónimos con amenazas de muerte y el uso de la fuerza pública para cometer actos represivos contra quienes representan el sentir de la inmensa mayoría de los morelenses, que simplemente piden progreso, justicia y paz. La rueda de prensa culminó con el anuncio de una campaña nacional de denuncia y una manifestación de 15 mil personas, programada para mañana, 5 de septiembre, a la Secretaría de Gobernación, que sería la primera de una serie en la que cada vez habría más gente manifestándose en las calles.
Los miles de testimonios gráficos y los testigos presenciales comprueban que se trató de un ataque ilegal, alevoso y cruel, desatado sin que mediara ninguna provocación de los manifestantes, sin ninguna advertencia y sin que el clima político local indicara que se avecinaba la represión. Sin duda, se trata de una agresión planeada para infundir miedo a los manifestantes y para agredir al antorchismo en su conjunto. Sólo el descaro y la prepotencia de quien se siente intocable pudo haberle aconsejado al alcalde decir que se trató de una "reacción ciudadana" al plantón antorchista y que su gobierno "privilegia el diálogo".
¿Existe alguna relación directa entre el anuncio de nuestras movilizaciones en Morelos y la represión en Ecatepec, Estado de México? ¿Tiene que ver en esta respuesta violenta el apoyo que sin recato le dan diversas esferas gubernamentales al impopular gobernador de Morelos? A ciencia cierta no lo sabemos, pero muchas veces se nos ha dicho por diversos funcionarios, o algunos de sus voceros que se la dan de agudos, que en política no hay casualidades, por lo que no es descartable que el reiterado apoyo que se le da al perredista Graco Ramírez desde algunas esferas del poder político del país, sin que parezca importarles a sus apoyadores el repudio generalizado de los morelenses, se manifieste en esta alianza represiva. Sea como sea, nuestro derecho es denunciar que en ambos estados se agrede injustamente a mucha gente, y ésa es la razón de nuestras movilizaciones multitudinarias.
La agresión es aún más repudiable si tomamos en cuenta lo elemental y justificado que resulta lo que piden los manifestantes de Ecatepec: aulas, pavimentación de calles, agua potable, e incorporar al urbanismo y a la vida digna a La Laguna de Chiconautla, una zona donde habitan casi 50 mil personas, que deben vivir en el fango que llena sus calles varios meses al año, mismo que ensucia y enferma a sus habitantes. La Laguna de Chiconautla, un paraje urbano ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital del país, casi vecino del nuevo aeropuerto internacional en construcción, es el prototipo del atraso social urbano y un grito de miles de voces que denuncian la incuria gubernamental y el desprecio de los poderes públicos al sufrimiento de sus gobernados.
Es imposible suponer que el gobernador Eruviel Ávila ignorara lo que ocurre en ese municipio y particularmente en ese bolsón de pobreza de la tierra que ha gobernado seis años como alcalde y cinco como gobernador. Por lo menos durante 11 años, la petición de introducir drenaje y servicios de todo tipo en esa zona ha estado en su escritorio y es un buen momento para reiterarle nuestra petición de que la atienda.
De manera desafiante, el alcalde Indalecio Ríos le dijo a la dirigencia antorchista en el Estado de México que toda su política en ese municipio es dirigida por el gobernador; lo que suponemos que incluye tanto su negativa a resolver el pliego petitorio arriba señalado, como la reciente agresión al pueblo de Ecatepec. Si esto no es verdad, si el alcalde usa el nombre y la investidura del gobernador sólo como una coartada para justificar y darle peso a su negativa y a su agresión, es algo que debe reclamarle directamente el propio gobernador, cuyo nombre y cargo se usa como ariete contra Antorcha. Y si de verdad el gobierno estatal no comparte la política del alcalde hacia Antorcha y no participó de ninguna manera en la agresión del 30 de agosto, con mucha más razón se justifica la solicitud de nuestra dirigencia estatal al gobierno del estado para que intervenga y resuelva esas sentidas y elementales necesidades que le darían dignidad a la vida de miles de habitantes de Ecatepec, y para detener las agresiones de Indalecio Ríos y sus golpeadores con uniforme y sin uniforme.
Respecto a la manifestación programada para mañana, hemos decidido posponerla para el jueves de esta semana, en virtud de que se nos ha ofrecido una reunión el próximo miércoles con el Subsecretario Luis Miranda Nava. Acudiremos a dicha entrevista, con el ánimo de reiterar nuestra exigencia y no renunciar a nuestra legítima lucha, la cual incluye como primera etapa la mencionada movilización del jueves en la capital del país, y simultáneamente otra de cinco mil personas en Toluca, Estado de México, en donde se instalará un plantón permanente. Seguiremos luchando hasta lograr que se detengan las agresiones policiacas contra mexicanos pacíficos y se resuelvan las peticiones de obras, servicios, seguridad y tranquilidad de cientos de miles de habitantes de Morelos y el Estado de México.