La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) inició de oficio una carpeta de investigación, luego de que agrupaciones de abogados denunciaron públicamente que los diputados piden hasta cinco millones de pesos por cada una de las diez magistraturas del Poder Judicial en concurso.
El encargado del organismo anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza, confirmó la apertura de la indagatoria para investigar los hechos expuestos por varias organizaciones de litigantes y la probable comisión de
varios ilícitos por parte de quienes presuntamente pidieron dinero para asignar magistraturas; de quienes fungieron como intermediarios o gestores; y de quienes, en calidad de aspirantes, ofrecieron una dádiva
económica.
“De esta carpeta y de los hechos que de manera general se han estado señalando y que son notorios en el estado de Morelos y derivado de la convocatoria (para designar diez magistraturas), considera esta representación social que puede ser constitutivo de diversos delitos.
“Entre ellos, el delito de cohecho, tanto por las personas que entregan el numerario como las personas que lo reciben, lo proponen o lo solicitan. Esto es, el particular que se encuentra sujeto a la posibilidad de ser magistrado y los posibles diputados o personas que manden estos diputados, o a su vez, terceras personas que gestionen un diverso numerario a favor de los integrantes de la 55 legislatura para que se pueda entregar la cantidad que al parecer oscila cinco millones de pesos”, explicó.
Detalló también que podrían configurar el posible ejercicio ilícito de funciones y delitos cometidos por servidores públicos, por omisión y afectaciones a los particulares que aspiran a un cargo y a la adminis-
tración de justicia, al beneficiar indebidamente a una o varias personas con la entrega de una magistratura sin que se cumplan con los requisitos previstos en la Constitución local y leyes secundarias.
Reveló que, previo a esta investigación de oficio, la fiscalía anticorrupción había recibido denuncias previas sobre presuntas anomalías en el proceso y concurso de diez magistraturas del Poder Judicial, en las que se denunció que la cantidad exigida por cada escaño ascendía hasta ocho millones de pesos.