El gobernador Graco Ramírez sí está a favor de que los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas perciban un sueldo, postura contraria a la expresada por su esposa, la presidente estatal del DIF, Elena Cepeda, quien opinó que esos cargos debían ser “honorarios”. En octubre del año pasado, el mandatario envío a la Cámara de diputados una propuesta de reforma a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos del Estado -aprobada en julio de 2013-, para "homologarla" con la aprobada en el ámbito federal. En el proyecto de modificación, Graco Ramírez propuso reconocer como “servidores públicos” a los comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención, lo que terminaría por validar la enmienda que aprobó la LII legislatura en marzo de 2014, para permitir que los comisionados recibieran un sueldo, al eliminar el carácter de honorífico a su representación dentro de la Comisión Ejecutiva. El pasado día martes, en la inauguración de las nuevas oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la presidenta estatal del DIF, Elena Cepeda, cuestionó públicamente los sueldos que perciben actualmente los comisionados, a quienes les pidió dejar de burocratizar a la Comisión y cobrar por su función. "Ustedes deberían de ser honorarios; perdónenme que se los diga, deberían ser honorarios, aquí debe haber funcionarios que se ocupen, pero no cinco personajes de la sociedad civil que quieran cobrar más de 60 ó 70 mil pesos”, reprochó. La reforma a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito impulsada por el gobernador, Graco Ramírez, se encuentra en análisis de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el coordinador de la bancada de Nueva Alianza, Francisco Santillán Arredondo. El coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza opinó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se creó mal, "tan es así que el mismo gobernador que propuso su creación, ahora pidió reformar ese organismo".
