El gobernador Graco Ramírez encabezó la reunión con los titulares de las dependencias que se harán cargo de la ejecución de los 87 proyectos que se implementarán este 2016 en los 12 polígonos de riesgo de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Temixco. El objetivo es avanzar en la reconstrucción del tejido social a favor de la seguridad pública, por lo que esta semana se firma el convenio de coordinación y adhesión del Programa de Prevención del Delito (Pronapred), en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). De esta manera, se espera que a finales del mes de abril, se obtengan 63 millones 468 mil pesos del Pronapred para la realización de proyectos que impactarán en la disminución de los factores de riesgo de violencia. Los proyectos más relevantes considerados son los de transversalidad territorial como: Murales Juventud, Casa de Medio Camino, Orquestas y Coros Juveniles, Diagnóstico Participativo, Comunicación Integral, Luminarias, Ingenios Culturales, Ponle Color a Morelos, Brigadas de Atención a Jóvenes y Torneos por la Paz, entre otros. En este 2016, la federación otorgó a Morelos una calificación de 9.4 en cuanto a la integración de los diagnósticos participativos, lo cual significa que hay una mejora significativa en comparación con el 2015, cuando la calificación fue de 7.6. Las dependencias que este año ejecutarán proyectos son: la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el Sistema DIF, el Instituto del Deporte y las secretarías de Educación, Hacienda, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Cultura e Innovación, Ciencia y Tecnología. Cabe recordar que el PNPSVD es coordinado por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, con los diferentes sectores de la sociedad civil. Entre los objetivos del PNPSVD, se destaca la corresponsabilidad de la sociedad y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias para reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en las poblaciones de atención prioritaria. Asimismo, la generación de entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana.