La propuesta presidencial de crear un tribunal interno que evalúe las acciones de los jueces tiene como objetivo continuar con la embestida del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF) y se parece más a la creación de una Inquisición contra los juzgadores, consideran constitucionalistas consultados por EL UNIVERSAL.
Francisco Burgoa, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, señala que es una presión e intimidación en contra de los jueces, que no debe de existir.
Además de ser constitucionalmente inviable, por eso se tiene al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en el caso del PJF y los consejos de la judicatura en cada uno de los 32 Poderes Judiciales.
“La idea se parece más a la creación de un tribunal de la Inquisición para los jueces, cuando ellos necesitan garantías para desempeñar sus funciones con autonomía e independencia, no estar trabajando con la espada de Damocles sobre su cabeza… van a estar inmovilizados pensando en que les va a llegar la Inquisición y es totalmente inviable”, subraya.
Advierte que esas acciones son revivir el hiperpresidencialismo del siglo XX que ejercía el PRI, pero hoy con Morena, lo que es un retroceso. Burgoa asevera que el propósito es dejar de tener Consejos de la Judicatura y crear tribunales que juzguen a jueces, cuando es inviable desde el punto de vista constitucional, convencional y jurídico, porque no se sostiene de ninguna manera.
Detalla que la iniciativa tiene más una finalidad política que jurídica, quiere continuar con esta narrativa de seguir atacando y denostando al PJF y a sus integrantes.
Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), coincide que es una embestida política y hecha desde una palestra presidencial para afectar y mermar públicamente a uno de los Poderes de la Unión.
Sobre la idea de crear un tribunal para que esté al pendiente del actuar de los jueces, externa que están buscando poner un organismo o estructura que no existe en ningún país del mundo para amedrentar y controlar políticamente a la Corte.
Señala que si el Presidente o los legisladores consideran que alguno de los jueces incurre en una situación que ponga en riesgo al Estado, para eso está previsto en el artículo 110 constitucional, el juicio político.
“Es decir, todo lo que está proponiendo ya está en la Constitución… es una embestida política, porque está hablándole a las personas y apostando a la falta de conocimiento de la Constitución, pero el Jefe de Estado no debe desconocer la Constitución, por eso se trata de un tema de presión política, además vulnera un principio constitucional que es la división de poderes y un estadista no puede actuar como jefe de facción”, explica.
Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indica que la propuesta del tribunal es sin racionalidad, ni lógica, es una visión errónea que el Presidente sigue teniendo en la división de poderes y del trabajo de los juzgadores: “Es de nueva cuenta una ocurrencia que no tiene ninguna posibilidad real, tiene más aire de venganza, en donde la justicia para los mexicanos no va a ser mejor”.
Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales, expone que el Jefe del Ejecutivo federal quiere un Poder Judicial a modo, porque ahorita un tribunal que revise la actuación de los jueces ya existe, y es el CJF.
“El CJF revisa la actuación de los juzgadores desde el punto de vista de su facultad y atribuciones, no de los criterios que adoptan y el Presidente lo que quiere es que cuando no le gusta un criterio, el juez pueda removerlo… se está violando la autonomía”, puntualiza.
Claudia Aguilar, consejera de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, precisa que la propuesta, además de parecer de la Inquisición, tiene una intención intimidatoria: “Es algo grave y sin precedente en la historia moderna de nuestro país… es una barbaridad más. Los juzgadores no están en contra de las personas ni del Gobierno”, apunta.