La contraloría general del instituto, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, da cuenta de esta situación en su informe previo de gestión 2016, donde señala que la solicitud creciente de recursos para pago de personal ‘‘no parece encontrar un asidero objetivo ni una justificación auténtica, lo que resulta altamente cuestionable’’.
En cuanto al monto de los subejercicios, indica que ‘‘resulta elevado, sea porque el instituto no ha gastado de forma eficiente o porque ha sobrepresupuestado sus requerimientos’’.
Además, critica un ‘‘errático’’ contrato con Price Waterhouse y rezagos en los proyectos inmobiliarios, y plantea eliminar la entrega de un bono al personal por sobrecarga de trabajo en los procesos electorales locales.
Tras desmenuzar diversas cifras, concluye: ‘‘No se observó la voluntad de otros meses por construir una ruta de modernización cierta que alcance avances definitivos y ponga solución a los problemas administrativos del INE. Si bien se reconoce la apertura y la comunicación fluida, cordial y respetuosa con la contraloría general, ésta no se traduce en avances concretos que transformen administrativamente al órgano electoral nacional’’.
En cuanto a la planta laboral, señala que los puestos base de operación han engrosado paulatinamente: de 16 mil 930 hace tres años a 18 mil 879 en 2016.
Identificó 795 plazas presupuestales que permanecieron vacantes durante las 12 primeras quincenas de este año, equivalentes a 88.7 millones de pesos no erogados, así como 215 plazas por honorarios desocupadas.
‘‘La tendencia institucional es la de, año con año, solicitar más recursos presupuestales para el capítulo 1000 (pago de planta laboral), sin que se haya llevado a cabo un análisis profundo sobre las necesidades reales de plazas y por ende del tamaño óptimo de sus estructuras’’, refiere el contralor general.
Explica que por esta razón del año 2011 a 2015 hubo sobrantes que han permitido destinar más de 810.4 millones de pesos al Fideicomiso de Pasivo Laboral.
Censura además que “dichos recursos permanecen ‘comprometidos’ en el presupuesto hasta que se determina considerarlos ‘ahorros y economías’ y se opta por readecuarlos para hacer frente a operaciones que no se tuvieron oportunamente previstas, lo que apunta a que este capítulo pareciera cumplir una función de ‘almacén’ de recursos que conviene tener comprometidos para después disponer de ellos’’.
En su informe volvió a ‘‘cuestionar’’ los cuantiosos remanentes registrados desde 2011: el más alto de 731 millones de pesos en 2013, y el más bajo, de 300 millones en 2012. Estas cantidades incluyen recursos destinados a fideicomisos laborales y de infraestructura, al fondo de prerrogativas para partidos políticos y reintegros a la Tesorería de la Federación.
En ese periodo el INE ha reintegrado a la Tesorería mil 526 millones de pesos: la cantidad más alta, de 488 millones de pesos, en 2015, y la inferior, 200 millones, en 2012.
Ejemplo de estos subejercicios fueron los 116.8 millones de pesos aprobados para el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, de los cuales se ejercieron y comprobaron 18.1 millones de pesos, o sea, 15.6 por ciento.
De consultoras y bonos
En otro tema, considera erróneo un contrato con la consultora Price Waterhouse Coopers para la elaboración y puesta en marcha de un modelo de control interno, por el que se erogaron 8.6 millones de pesos entre 2014 y 2015, ya que no hay avances sustantivos.
También calificó de incorrecto el pago de 214 millones de pesos para cubrir una compensación a parte del personal por una supuesta sobrecarga de trabajo por las elecciones locales, sobre todo cuando se necesitaban 440 millones para organizar la elección en la Ciudad de México
De manera que pidió su derogación, argumentando que ‘‘ningún sobresueldo debe ser asignado con motivo de acompañar a un Organismo público local (Ople) en la organización de elecciones locales’’.