Javier Milei devaluó el peso un 50% y encendió la motosierra. El Gobierno ultraderechista de Argentina anunció la paralización de nuevas licitaciones de obra pública, el despido de todos los funcionarios que lleven menos de un año en sus funciones, la reducción a partir de febrero de los subsidios a la energía y al transporte y una drástica bajada de las transferencias de fondos federales hacia las provincias. El presidente del país sudamericano quiere recortar unos 20.000 millones de dólares el gasto público, una suma equivalente al 5% del PIB, y lo hará lo más rápido posible. “No hay plata”, volvió a repetir el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar las primeras medidas económicas en un mensaje grabado que leyó en un papel.
El tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 800, una devaluación súbita del 50%. El valor pone fin a la ficción del valor que sostuvo el Gobierno de Alberto Fernández a través de múltiples restricciones cambiarias, pero no libera el mercado de cambios ni elimina la brecha con las cotizaciones alternativas que coexisten en Argentina, que superan los mil pesos por dólar. El miércoles se verá la reacción de esos tipos de cambio que se mueven sin control del Estado.
La recesión como ancla de precios
Devaluar en una economía que lleva años de controles de precios y cepo cambiario sin un plan paralelo que contenga la subida de los precios puede ser un remedio muy peligroso. El plan supone que será la recesión económica, con el consiguiente derrumbe del consumo y la paralización de empresas, la que ponga un freno a las remarcaciones de precios. La escalada se aceleró desde el lunes, a la espera de las medidas económicas prometidas por Milei.
Otros sectores, en cambio, quedaron semiparalizados a la espera de conocer el valor del tipo de cambio oficial. Es el caso del de la construcción, donde los proveedores hace más de una semana que ponen excusas a los clientes para evitar venderles materiales.
Arranque desorganizado
Las medidas económicas iban a anunciarse el lunes, pero se pospusieron al martes. El mensaje se grabó a media tarde y estaba previsto que se retransmitiese a las cinco. El Gobierno envió un enlace con la web de la retransmisión, pero a pocos minutos de la hora anunciada, ese enlace dejó de funcionar. La grabación fue finalmente emitida con dos horas de retraso.
Durante los primeros diez minutos, Caputo dio una clase de economía liberal. Atribuyó todos los males de Argentina a su “adicción al déficit fiscal”, es decir, a gastar más de lo que ingresa y repitió la amenaza hecha por Milei en su discurso inaugural: si no hay un recorte de gasto público drástico puede haber una hiperinflación del 15.000% en caso de no hacer un ajuste fiscal drástico. “Imaginemos que la leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, dijo el ministro en la larga introducción.
A continuación, anunció una batería de diez medidas. Además de la devaluación, la que tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los argentinos será la reducción de los subsidios al transporte público, la luz, el gas y el agua. El poder adquisitivo de muchas familias ha caído en picado desde 2018 y afrontar ese nuevo gasto no será nada fácil. También van a estar en apuros muchas provincias si dejan de recibir fondos nacionales, otra de las medidas anunciadas.
La motosierra de Milei se dirigirá hacia el Estado. Caputo avanzó que no se renovarán los contratos laborales de funcionarios que tengan menos de un año de vigencia. Este lunes ya se anunció que se haría una revisión exhaustiva de contratos de los trabajadores de la Administración nacional. El empleo público supone alrededor del 18% del empleo total de Argentina, aunque durante la pandemia de covid-19 ascendió al 20%, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Se trata de un porcentaje muy superior al de otros países de la región como Chile (12%) o México (13%). En Argentina, las tres administraciones —nacional, provincial y municipal— suman casi 3,5 millones de trabajadores.
Por otro lado, se anunció la suspensión de la publicidad gubernamental por el plazo de un año. “No hay plata para gastos que no sean absolutamente necesarios”, remarcó Caputo. Según sus datos, en 2023 esa publicidad superó los 30.000 millones de pesos (más de 75 millones de dólares en la cotización oficial del martes).
Como ya se había anticipado, se paraliza además la obra pública: el Estado no licitará nuevos proyectos y no avanzará en aquellos que aún no han comenzado. El objetivo es que a partir de ahora la infraestructura se financie con dinero privado, en un sistema de concesiones similar al chileno.
La confianza de los mercados en los anuncios se pondrá a prueba el miércoles, cuando comiencen las operaciones de compra y venta de divisas. Los llamados dólares financieros se cambiaron este martes a casi 1.050 pesos por unidad, mientras que en las calles de Buenos Aires se cambiaba este martes a 1.075 el llamdo dólar blue, el único al que tienen acceso los ahorristas de a pie. Si la brecha entre la cotización oficial y las paralelas vuelve a crecer y los precios se desbocan todavía más, la devaluación perderá rápidamente sentido.
Reacción del FMI
Las medidas ya han recibido un importante aval, el del Fondo Monetario Internacional (FMI). “El personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy por el nuevo Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo”, señaló el organismo en un comunicado. “Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado”, indicó el FMI.
El Gobierno de Milei presenta estas medidas como la única alternativa para reconstruir un país con sus variables económicas desbocada. El futuro, al menos en el corto plazo, no se ve promisorio: la economía, estancada desde hace tres meses, se derrumbará en 2024. Habrá más inflación (hoy es del 142% interanual), más hambre (9,3% de indigencia) y más pobreza (40,1%). El presidente augura que será un sacrificio temporal, como máximo de dos años.
Consciente del temporal que se avecina, el Ejecutivo prometió mantener las ayudas vigentes a la población más necesitada y aumentar las partidas presupuestarias a dos de los programas que reciben más familias: la Asignación Universal por Hijo, cuyo monto se duplicará, y los fondos de la tarjeta Alimentar, que serán un 50% más.
Diálogo con China
Las medidas pretenden estabilizar la economía y ayudar al Gobierno a sortear los primeros meses, en los que carece de fondos frescos. La escasez de divisas será extrema hasta que el campo comience la cosecha, a finales de marzo, y entren los dólares de las exportaciones de este sector, el que más divisas aporta. A diferencia de la anterior campaña, muy golpeada por la peor sequía de los últimos 60 años, las lluvias caídas en los últimos meses garantizan que entrarán al país unos 25.000 millones de dólares más que en la anterior campaña.
Acuciado por la necesidad de dólares, la idea de Milei de “no tener vínculos con países comunistas” se ha esfumado tan rápido como otras de sus promesas de campaña. El presidente ha tardado sólo 24 horas en intentar recomponer la relación con China, uno de los prestamistas de Argentina en los últimos años. El lunes recibió en la Casa Rosada a una delegación del gigante asiático, en la que hizo lo posible por limar asperezas, y un día después envió una carta al presidente chino, Xi Jinping, para solicitarle la renovación del intercambio de monedas con China y conseguir así el equivalente en yuanes a 5.000 millones de dólares.
Argentina necesita divisas con urgencia para afrontar los próximos vencimientos de la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Con las reservas del banco central en números rojos, el swap de monedas con China fue clave este año para cumplir con el cronograma de pagos renegociado con el FMI en 2021.