En medio de la polémica sobre la permanencia del fiscal General, los diputados de la Legislatura LV aprobaron fast track la creación de la "Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura"; este nuevo órgano contará con autonomía presupuestal, infraestructura independiente y Uriel Carmona Gándara, tendrá la facultad de designar y destituir a su titular.
Durante la sesión ordinaria celebrada ayer, los legisladores llevaron a cabo la modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; dicha reforma tiene como objetivo establecer que la FGE contará, entre otras unidades administrativas, con la "Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura".
Alberto Sánchez Ortega, parlamentario de Morena, presentó la iniciativa que fue aprobada de manera automática por la mayoría de los legisladores. Sánchez Ortega argumentó que esta creación responde a la obligación nacional, internacional y judicial, citando un juicio de amparo; según él, la creación de esta fiscalía no solo es importante, sino necesaria.
Destacó que la conformación de una Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura es una obligación reconocida a nivel nacional, internacional y judicial, según el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso del Estado. Este órgano se considera necesario, y su existencia es armoniosa con legislaciones similares en otras entidades federativas, como Tabasco, Aguascalientes y Querétaro.
Por lo tanto, la nueva fiscalía tendrá competencia en todo el territorio del Estado y gozará de plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de los delitos contemplados en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, competencia de la Fiscalía General.
Se destaca que la persona titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Tortura será designada y removida libremente por el Fiscal General, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 78 de la mencionada Ley y demás normativa aplicable; además, contará con los recursos humanos, presupuestales y materiales necesarios para su correcta operación, siempre que haya suficiencia presupuestal.