Claudia Sheinbaum ha afincado su campaña presidencial en homologar su discurso al de Andrés Manuel López Obrador, en decir que dará continuidad a sus proyectos, que construirá “el segundo piso de la Cuarta Transformación”. Es al mismo tiempo una promesa y un baluarte. Anclarse en la figura y legado de López Obrador garantiza las simpatías del voto duro morenista. Sin embargo, ya hay las primeras señales de diferencia en el diseño de las políticas públicas de Sheinbaum, que en su campaña ofreció imprimir un “sello propio” a la continuación del proyecto obradorista. El disenso está relacionado con la reforma al Poder Judicial que busca sacar adelante el presidente antes de concluir su sexenio. El mandatario quiere una nueva Suprema Corte, y que los ministros, así como los jueces y magistrados, sean electos por el voto directo de los ciudadanos. Sheinbaum coincide en que debe haber una renovación de los integrantes del Supremo, pero considera que la elección de los nuevos ministros por voto popular no es la mejor idea, y evalúa un modelo de elección indirecta, según ha confirmado EL PAÍS a través de dos fuentes que participan en la elaboración del plan de gobierno de la candidata.
López Obrador ha informado de que en febrero presentará al Congreso su iniciativa de reforma judicial. El equipo de Sheinbaum anticipa que será un proyecto radical. El presidente ha declarado que quiere que todos los juzgadores federales sean electos por voto directo. La medida implicaría no solo que los 11 ministros de la Corte deban hacer campaña y presentarse a elecciones, sino también los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de los tribunales colegiados y los jueces de juzgados federales. El mandatario apuesta a que su partido, Morena, gane las elecciones presidenciales y legislativas de junio de 2024 con suficiente holgura como para tener una mayoría cualificada en el Congreso —dos terceras partes de los votos— que le permita al oficialismo aprobar reformas a la Constitución sin tener que negociar con la oposición. La del Poder Judicial es una de las reformas de gran calado que López Obrador quiere dejar aprobadas para quien le suceda en el cargo, en lo que podría ser una buena herencia, o un grillete.
“Claudia no está de acuerdo con que la gente elija a los ministros, pero obviamente no puede salir a decirlo, porque es ir contra el presidente”, ha declarado una de las fuentes a este diario. “Va a pasar que seremos muy cuidadosos. En público se dirá una cosa, y en privado, otra”, ha concedido otro colaborador. Sheinbaum ha encargado al ministro en retiro Arturo Zaldívar —que renunció en noviembre al Supremo para integrarse al equipo de la abanderada morenista— el proyecto alternativo de reforma al Poder Judicial. El juez entablará cuatro foros en Ciudad de México, Oaxaca y Estado de México con víctimas de delitos graves, como desaparición, feminicidio, acoso y violencia vicaria. El objetivo es escuchar a los afectados del mal funcionamiento del sistema judicial, en lo federal y estatal.
Sheinbaum espera poder presentar una propuesta final el 15 de febrero, casi a la par de que el presidente envíe al Congreso su propio proyecto de reforma. Ambas propuestas seguirán cursos distintos. La de López Obrador, la radical, intentará transitar por las Cámaras del Congreso, con pocas probabilidades de éxito, pues el oficialismo no cuenta ahora mismo con mayoría cualificada, mientras que la Sheinbaum será una declaración de intenciones ante la opinión pública, y ante los mercados, de que la posible nueva presidenta apuesta a una reforma moderada.
La apuesta de Sheinbaum
Una alternativa a la elección por voto popular que están evaluando los asesores de la abanderada es la elección indirecta de ministros de la Corte. En este esquema, el Ejecutivo propondría 10 candidatos, el Senado 10, y la Cámara de Diputados 10. Tras una revisión de perfiles y requisitos, los aspirantes harían campaña y se presentarían a elecciones en un proceso regulado por el INE. El mismo procedimiento regularía la selección de los integrantes del Tribunal Electoral federal (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Las tres cúpulas del Poder Judicial. Para procurar un equilibrio, entre los candidatos deberá haber personas con carrera judicial, otros provendrán de la academia, otros de la función pública, y otros más serán abogados profesionales. La propuesta evalúa excluir de este mecanismo de selección indirecta a los jueces y magistrados federales, que seguirían sujetos a una carrera judicial de ascensos y promociones según sus méritos.
“Claudia no quiere una Corte a modo, porque además no es un mensaje adecuado a los mercados y a los empresarios; lo que quiere es una Corte equilibrada, que no esté tomada por la reacción”, ha comentado una de las fuentes consultadas. Actualmente, a los ministros de la Suprema Corte los propone el presidente mediante una terna enviada al Senado. La Cámara Alta puede rechazar las propuestas del Ejecutivo, pero, si lo hace dos veces, entonces el presidente puede designar ministro a alguno de los aspirantes rechazados. Fue justamente lo que sucedió hace una semana, cuando los desacuerdos en el Senado permitieron a López Obrador nombrar directamente a Lenia Batres como nueva ministra del Supremo. Los magistrados del TEPJF son propuestos por la Suprema Corte y designados por el Senado. Por último, los consejeros del CJF son nombrados, a partes desiguales, por los ministros de la Corte, el Senado y el Ejecutivo.
De hecho, el Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de vigilar y sancionar la conducta de todos los juzgadores federales, no es autónomo de la Suprema Corte, pues quien preside el Alto Tribunal encabeza a su vez el CJF. Además, los ministros no son sujetos a sanciones por parte de este órgano de vigilancia; son los propios integrantes de la Corte quienes se vigilan a sí mismos. Un ejemplo de ello es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, acusada ante el Supremo de haber plagiado su tesis de licenciatura y de doctorado. Los órganos de la Corte, y no el CJF, darán trámite a las denuncias administrativas contra la jueza, y será el pleno el que decidirá si le impone una sanción. La propuesta de reforma judicial del equipo de Sheinbaum prevé separar el Consejo de la Judicatura respecto de la Suprema Corte, para dotar a aquel de independencia y verdaderas facultades de vigilancia. El titular del CJF sería designado por el Senado, por mayoría cualificada, a propuesta del Ejecutivo.
El equipo de Sheinbaum coincide en que muchas iniciativas del actual Gobierno se cayeron porque no se cuidó el aspecto jurídico. Fue el caso de las reformas y leyes que el Supremo echó abajo debido a los fallos graves de procedimiento cometidos por el oficialismo en el Legislativo. “La idea de Claudia es que las cosas se hagan bien desde el principio, no tratar de darle la vuelta al Derecho”, ha dicho una de las personas consultadas. La abanderada quiere transmitir que habrá reglas claras de respeto a las inversiones, al medio ambiente y a los derechos humanos, y que esas reglas no se cambiarán a mitad de la partida. “Está convencida de que el Estado de Derecho es necesario para la prosperidad, no un estorbo”, han dicho las fuentes.
La reforma nacional al sistema de justicia de Sheinbaum no se limita a la renovación de la Suprema Corte y la elección de nuevos ministros, sino que la incluye. La propuesta que haga su equipo anticipa que habrá resquemores entre los morenistas más duros, los liderazgos que consideran que apartarse del camino trazado por López Obrador es una traición a los principios del movimiento, un desmantelamiento de la Cuarta Transformación. La nueva ministra de la Corte, Batres, considerada una militante dura, ha declarado desde el primer momento su adhesión al plan del presidente de que los jueces del Supremo sean elegidos por voto popular. Es probable que buena parte de los cuadros de Morena cuestionen a Sheinbaum por rebelarse al libreto escrito por López Obrador. Más allá de que deberá transitar las diferencias con las bases, el trago más difícil será procesar los disensos con el presidente, aún líder del partido, transitorio si se quiere, pero irrefutable.