Las ramas del crimen organizado alcanzan los rincones más insospechados de la sociedad mexicana. Los vendedores de pollo, uno de los productos más básicos en la cesta de la compra de un ciudadano medio, se han revuelto contra la extorsión en Toluca, la capital del Estado de México. Los comerciantes, cansados de tener que pagar derecho de piso por sus negocios, han contratado servicios de seguridad privada y dejado de abonar el pago de las extorsiones.
Desde que hace dos semanas los vendedores de pollo abogaron por contratar seguridad privada para sus negocios, las amenazas han ido tornándose cada vez más reales: visitas de presuntos integrantes de La Familia Michoacana, almacenes en llamas, ataques, atracos. El 22 de diciembre, cuatro comerciantes fueron secuestrados de madrugada en un local del centro Toluca. Una cámara de seguridad registró el rapto, que sucedió mientras los trabajadores se encontraban en la bodega, entre cajas de pollo crudo. Un grupo de hombres armados con fusiles irrumpió en el lugar, apuntó a los empleados y se los llevó en una furgoneta de color blanco.
Los trabajadores son Rigoberto Colín Consuelo (41 años) Jaime Ramos Reyes (22), Isidro Díaz Casimiro (40 años) y Eliseo Escobar Ramírez (47). De acuerdo con sus familiares, Colín Consuelo es sordomudo y tiene tres hijos esperándolo en casa. Los parientes buscan a los cuatro secuestrados, sin que la Fiscalía haya informado sobre avances y sin haber recibido petición de rescate, de acuerdo con la prensa local. Todavía no se conoce si hay sospechosos ni una línea de investigación, en un país en el que menos del 1% de los crímenes son resueltos, de acuerdo con un análisis de la organización civil Impunidad Cero.
Tras las amenazas, la prensa local apunta a La Familia Michoacana, uno de los nombres que más se repiten en las páginas de sucesos de la región, que protagonizó hace poco una masacre en la que 14 personas fallecieron en Texcaltitlán (10 integrantes del cartel y cuatro civiles), Estado de México. Aquella matanza se desencadenó también por el cobro de piso: un grupo de agricultores, hartos de la extorsión y desesperados porque el grupo criminal les exigía aumentar los pagos, acabaron a machetazos y tiros contra ellos, en una auténtica batalla campal que dejó también otros 14 desaparecidos y siete heridos.
La Familia Michoacana se ha hecho fuerte en el Estado de México, Michoacán y Guerrero. Allí, refugiada en un territorio desatendido por las autoridades, se ha enquistado como una suerte de gobierno paralelo que impone su propia ley bajo una lógica criminal. A pesar de que de tanto en tanto cae uno de sus cabecillas y de la mayor fortaleza de otros grupos rivales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización sobrevive y prospera: algunos indicios incluso indican una expansión más allá de sus fronteras.
Los comerciantes de Toluca llevan tiempo denunciando el abandono de las autoridades —o incluso la colaboración de algunos de sus cuerpos con el crimen organizado—. “Nos mandan mensajes de todo tipo de amenazas. Han quemado las bodegas, nuestros vehículos y han ido a balacear a nuestros negocios. Hace aproximadamente como un año que fue cuando ya fue insostenible todo el dinero que estaban pidiendo. Nosotros estamos pagando protección privada, únicamente que tiene como 15 días, que también no sé por qué mandaron retirar la seguridad. Ya estamos cansados de que nos estén cobrando el derecho de piso, queremos trabajar, es lo único que queremos”, ha asegurado uno de ellos en declaraciones recogidas por Milenio.
No es la primera vez que los tentáculos del crimen organizado alcanzan a los vendedores de pollo. En junio de 2022, los comerciantes de Chilpancingo, en Guerrero, cerraron sus tiendas como protesta contra la enésima ola de delincuencia que sufría la región, especialmente dura con la cadena de productores, distribuidores y vendedores de pollo. La huelga de los trabajadores fue una respuesta a semanas de agresiones en las cuales varias personas fueron asesinadas. En uno de los ataques, a una granja de pollos en las afueras de la ciudad, seis personas fueron masacradas, entre ellas el dueño y su hija, una niña de 12 años.
Un año y medio después, los comerciantes de Toluca se encomiendan a la seguridad privada, en un intento desesperado de solventar la situación. Los vendedores han pedido apoyo repetidamente a la gobernadora del Estado, Delfina Gómez, para que frene las extorsiones que, aseguran, sufren desde hace más de tres años. De momento, no hay una respuesta oficial clara, detenciones ni sospechosos públicos por los crímenes, mientras los trabajadores se enfrentan por su cuenta a la desprotección y la violencia.