El secuestro de 31 migrantes en Reynosa, Tamaulipas, revivió viejos temores y una herida que no ha terminado de cerrar, la de la guerra contra el narcotráfico, y la ola de inseguridad que no da tregua en la entidad fronteriza.
Hace algunos años Tamaulipas fue el epicentro de la violencia en el país, después se vivieron otros más de tensa calma y finalmente la crisis de inseguridad y violencia volvió a brotar.
Por la entidad han pasado gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas y ninguno ha podido terminar con este fenómeno, ni siquiera mitigar sus efectos. Esto se debe a la falta de una estrategia clara, articulada y transexenal para combatir las causas que originan la violencia.
También, para ayudar a la sociedad y a los miles de migrantes que pasan por el estado, quienes son los más vulnerables y los más afectados.
El pasado 30 de diciembre, un comando conformado por cinco camionetas con hombres armados secuestró en la ruta Monterrey-Matamoros al grupo de migrantes que viajaba en un autobús del Grupo Senda.
El autobús salió de Monterrey, Nuevo León, con destino a Matamoros, lugar en donde los migrantes pretendían cruzar hacia Estados Unidos.
A los pocos minutos se desplegó por todo Tamaulipas un operativo conformado por elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El pasado 2 de enero, elementos de la Guardia Nacional rescataron a cinco migrantes de nacionalidad venezolana, entre ellos dos menores de edad, que formaban parte del grupo de personas secuestradas.
De acuerdo con información de la propia Guardia Nacional, elementos que patrullaban por la zona detectaron un vehículo modelo Ford, color blanco, del cual descendieron dos hombres que huyeron corriendo. Al inspeccionar el auto, encontraron a los 5 venezolanos secuestrados.
Un día después, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, les había avisado que los 31 migrantes habían sido rescatados y se encontraban sanos y a salvo gracias a la intervención de las fuerzas de seguridad y militares.
Recordando San Fernando
El desenlace de este nuevo secuestro de migrantes, terminó bien para las víctimas y para las autoridades, pero evidenció una crisis que lleva latente desde hace varios años en el país, principalmente, en los estados fronterizos.
La crisis tuvo su punto más álgido el 22 de agosto del 2010, cuando Los Zetas secuestraron y asesinaron a balazos a 72 migrantes en el ejido El Huizachal, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Después de haber sido asesinados, sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. El crimen ocurrió a menos de 150 km de la frontera de México con Estados Unidos.
Ese fue solo el comienzo, después investigaciones periodísticas revelaron el modus operandi: grupos criminales interceptaban autobuses y otros vehículos y secuestraban a los pasajeros, las víctimas eran solo un botín de una guerra entre grupos armados.
Para los grupos criminales, los migrantes se convirtieron en mano de obra para su guerra. Es decir, para evitar que fueran reclutados en las filas de sus rivales, ellos los reclutaban antes y si no les servían, los asesinaban.
Al secuestro de migrantes en la región se les sumó otra vieja práctica, la extorsión con la promesa de cruzarlos a Estados Unidos. Solo que ahora los extorsionadores no eran “coyotes”, sino integrantes de grupos del narcotráfico.
Secuestro, una constante
A pesar de la falta de denuncias y al porcentaje tan alto que existe de cifra negra en el delito de secuestro, los datos revelan que la incidencia contra la comunidad migrante va a la alza.
Durante el pasado año y de acuerdo con distintos reportes periodísticos, hubo al menos 10 eventos en los que grupos criminales secuestraron a migrantes, resultando 400 personas víctimas del crimen organizado.
Tan solo la búsqueda de un grupo de personas plagiadas en Matehuala, San Luis Potosí, permitió, en abril del año pasado, localizar y liberar a 11 migrantes que se encontraban privados de la libertad en un hotel.
Hacia finales del mismo mes, pero en Sonoyta, Sonora, fueron encontrados 63 migrantes que habían sido secuestrados. 43 de ellos eran de nacionalidad ecuatoriana.
El 2 de diciembre, en Reynosa, Tamaulipas, 18 extranjeros fueron secuestrados luego de que criminales interceptaran el autobús en que viajaban. El 15 de diciembre, 13 migrantes fueron liberados, tras ser localizados por policías en un hotel de la misma ciudad.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre de 2023, 94 personas en situación migratoria irregular declararon haber sido víctimas de secuestro en territorio mexicano. De este total, 73 denunciantes fueron hombres y 21 mujeres.
Crisis de inseguridad
El estado de Tamaulipas ha experimentado una prolongada crisis de inseguridad durante varios años, a pesar de las promesas hechas por diversos gobernadores que han ocupado el cargo.
De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la tasa de incidencia delictiva en esta región del país se ha mantenido constante en las últimas administraciones, aunque en los últimos meses presenta un decremento en algunos delitos.
Las cifras oficiales respecto a delitos del fuero común como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, entre otros, indican que la situación se agrava conforme pasan los años.
Para este 2023, en el rubro de delitos del fuero común, el estado de Tamaulipas, actualmente gobernado por el morenista Américo Villarreal, registró una incidencia delictiva de 38 mil 688 delitos, quien ha reiterado en diversas ocasiones que la incidencia delictiva va a la baja.
De este registro destacan mil 023 homicidios y 17 feminicidios cometidos el año anterior. Esta cifra representa un aumento con respecto al 2022, período que cerró con 37 mil 623 delitos, con un desglose de cinco mil 046 homicidios y 19 feminicidios en ese período. Año en el que tomó posesión de la gubernatura.
En la administración anterior con el panista Francisco García de Cabeza de Vaca, la tendencia de delitos presentó variaciones, pues un año antes de que culminara su gestión, es decir, en 2021, la incidencia delictiva fue de 36 mil 636 delitos.
Esto contrasta con la estadística de 2016 cuando Cabeza de Vaca tomó las riendas del estado, ya que los delitos contra la vida y la integridad corporal alcanzaron la cifra récord de 48 mil 528 delitos con cinco mil 839 homicidios y un feminicidio.
Mientras tanto, en la recta final de la administración del priista Egidio Torre Cantú en 2015 se reportaron 44 mil 527 delitos, con un desglose de seis mil 438 homicidios y ningún caso de feminicidio.
Es así que en las últimas administraciones, la inseguridad y la tasa de delitos han mostrado signos alarmantes en estos rubros, por lo que los ciudadanos se han pronunciado en diversas ocasiones para exigir a los gobernantes en turno atender esta problemática que padecen miles de familias en Tamaulipas.
Reconoce extorsión
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el secuestro de migrantes ha sido un problema en cuatro estados del noreste de México. Atribuyendo esta práctica a actos de extorsión, también recalcó que hay que esperar para señalar el reciente caso en Tamaulipas como parte del mismo móvil.
“Lo que tenemos de secuestro, a nivel nacional, en algunos casos son secuestros de migrantes para extorsionarlos. Esto lo hemos padecido en San Luis Potosí, en Matehuala; también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo, en Tamaulipas”, dijo en su conferencia mañanera de ayer desde Mérida, Yucatán.
Incluso expuso que estas extorsiones se ejecutan porque los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y, como les importa llegar a la frontera, porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo.
Al ser cuestionado sobre si el secuestro de los 31 migrantes perpetrado el 30 de diciembre en Reynosa sería otro caso de estas extorsiones, López Obrador se limitó a responder que no se podía adelantar a las investigaciones.
En ese sentido, defendió que su estrategia de seguridad redujo el secuestro en un 77.6 por ciento durante el actual sexenio. Así como reiteró que la mayoría de los casos que se siguen presentando están relacionados con migrantes que buscan cruzar el territorio nacional, particularmente la franja norte, hacia Estados Unidos.