El caso de los ejidos Grecia y Nueva Morelia ilustra perfectamente el paradigma. La semana pasada, pobladores de Nueva Morelia, parte de Chicomuselo, denunciaron que un enfrentamiento entre criminales había dejado al menos 20 muertos en la zona, dos de ellos “civiles”, esto es, ajenos a la pugna. La batalla, escribieron los pobladores, en una carta replicada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé De las Casas, duró siete horas. “Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos”, imploraban.
En vídeos divulgados en redes sociales estos días, grabados presuntamente en Nueva Morelia y alrededores, se escuchan las balaceras, ocurridas según los pobladores el 4 de enero, con los cerros verdes y las nubes bajas como telón de fondo. En otro que ha publicado este miércoles el reportero chiapaneco Isaín Mandujano, aparecen tres muchachos, cada uno con su fusil y su chaleco antibalas, corriendo montaña arriba y abajo, soltando tiros a diestro y siniestro, gritando: “Puro Sinaloa, pura mayiza, güey, a la verga la gente del Mencho, ¡arriba la eme grande!”.
Sus palabras, claro, hacen referencia a la organización criminal del Pacífico, también conocida como Cartel de Sinaloa, y a uno de sus líderes históricos, Ismael Zambada, alias El Mayo, escurridizo como pocos, cara en la moneda donde la cruz es su viejo colega, Joaquín El Chapo Guzmán, que cumple una condena vitalicia por narcotráfico en Estados Unidos. La otra referencia evidente es El Mencho, alias de Nemesio Oseguera, presunto líder del grupo enemigo de la organización del Pacífico, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en aparente expansión desde hace años, por diferentes regiones de México.
A nadie espanta a estas alturas el vídeo de un grupo de muchachos tiroteándose con otro grupo de muchachos, de montaña a montaña. En poco más de diez años, las batallas del crimen en México han trascendido la marginalidad de su geografía, alcanzando la viralidad de las redes, accediendo al prime time permanente de teléfonos inteligentes y tabletas, compartiendo espacio con contenido de todo tipo, normalizando su presencia. El consumo de contenido de este tipo guarda un paralelismo además con las respuestas de la burocracia gubernamental, que contraataca con fotos y vídeos que representan “la tranquilidad”.
Así lo hacía este martes en la noche la Fiscalía de Chiapas, cuatro días después de que surgieran las primeras informaciones de enfrentamientos en la sierra. “La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad de las y los pobladores, en el municipio de Chicomuselo (...) En este sentido, se da puntual seguimiento a las denuncias de la ciudadanía para el esclarecimiento de los hechos de las diferentes regiones de la entidad, por ello, reitera que en el municipio de Chicomuselo, no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento”.
La dependencia va más allá y señala que las denuncias de días anteriores no son más que “publicaciones engañosas”. El comunicado deja cantidad de preguntas. La más importante apunta a las motivaciones de los pobladores para inventarse una situación así, dada la certeza, además, de que lo que habría ocurrido en Nueva Morelia lleva años aconteciendo en distintos puntos de la región. Leyendo entre líneas, sin embargo, parece que la dependencia se cura en salud, señalando que ellos no han recibido denuncia alguna por homicidio, no que estos no se hayan producido. La Fiscalía no ha señalado si su convicción responde al mínimo trabajo de campo en la zona.
De cualquier manera, la situación en Nueva Morelia es mala, igual que en Grecia, ejido vecino. Ubicados en las faldas de la sierra, pobladores y organizaciones no gubernamentales han denunciado estos meses que los grupos criminales tratan de aprovechar un vacío económico, la explotación de una mina de barita, mineral abundante en la zona. Desde principios de los 2000, una empresa mexicana y luego una canadiense, Blackfire, explotaron la mina de barita, necesaria en la perforación de pozos petroleros, según un reporte de la Secretaría de Economía, además de para elaborar pintura de carros.
Las protestas de pobladores por las irregularidades en los trámites de la concesión y la explotación apenas tuvieron eco. Solo al final, en 2009, tras el asesinato de uno de los líderes de la comunidad, Mariano Abarca, el Gobierno del Estado clausuró la explotación, alegando motivos medioambientales. Lo anterior lo explica un informe de IWGIA, organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. El informe señala además que, tras el cierre, los grupos criminales, con una presencia creciente en la zona, trataron de ocupar el vacío.
Los grupos criminales, señala el informe, firmado por la experta en derecho indígena, Elisa Cruz, “cooptan a los pobladores, organizaciones sociales y funcionarios municipales bajo amenaza de muerte. Con ello, garantizan el control territorial y la extracción minera por la vía de la intimidación y la amenaza”. Cruz añade: “En este contexto, a principios de 2023, representantes del ejido Nueva Morelia fueron visitados por un grupo de hombres armados que se presentaron como independientes de cualquier empresa minera y argumentaron que su trabajo era sacar la barita que Blackfire había dejado en un predio dentro de Nueva Morelia. El mineral fue saqueado”.