El presidente Andrés Manuel López Obrador ha de despedir su sexenio con una cascada de propuestas legislativas de gran calado, como en su primer año de Gobierno, pero ahora en temporada electoral. Se trata de 10 iniciativas legales y constitucionales de modificación que ha ido lanzando paulatinamente en los últimos tres meses. Contrario a lo que el mismo mandatario había adelantado, al menos las propuestas para modificar la Carta Magna han de desahogarse en el Congreso de la Unión durante el último periodo de sesiones de la actual legislatura que inicia el 1 de febrero. No en septiembre, ya con la posibilidad de haber obtenido la anhelada mayoría calificada que Morena y aliados, a propuesta del presidente, se han puesto como meta para el proceso electoral en curso. Las propuestas presidenciales han de encaminarse al fracaso en el tablero de votación. La oposición ya adelantó sus votos en contra, necesarios para que los proyectos puedan transitar. Pero no es el mismo destino que se advierte tengan las propuestas de reforma entre la ciudadanía, aún indecisa sobre el sentido de su voto para el próximo 2 de junio. Es la apuesta del lopezobradorismo.
El mandatario ha terminado con la incertidumbre. La semana pasada le puso fecha a la primera batería de cinco iniciativas, todas constitucionales, inyectadas con el dardo envenenado de la derrota, pero con el potencial suficiente para convertirse en la bandera electoral del oficialismo en plena campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y del resto de aspirantes a cargos de elección popular. El 5 de febrero próximo, 107 aniversario de la Constitución mexicana, ha sido la fecha elegida por el presidente. La reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular, bandera acuñada por el morenismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso. La recién propuesta en materia de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a una pensión con el 100% de su salario y la reforma electoral que tiene la marca del fracaso, son algunas de las iniciativas que se alistan para su proceso legislativo.
López Obrador ha iniciado por lo más complicado, las modificaciones constitucionales que forzosamente requieren dos tercios de los votos de los legisladores. En la Cámara de Diputados, 334 y en el Senado 85, lo que significa que requiere a la oposición. En la Cámara baja necesitan de 60, en la colegisladora de 12, todos de oposición. El periodo ordinario de sesiones inicia el próximo 1 de febrero y concluye el 30 de abril, en este lapso o bien en uno extraordinario se deberán desahogar las iniciativas presidenciales.
Las reformas legales que han de quedar pendientes por el momento son las más factibles para transitar, pero las menos polémicas. Necesitan mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos de legisladores, garantizados por el oficialismo. La reforma al Poder Judicial es, quizá, la más controversial del paquete que enviará el mandatario el próximo mes. Se trata de una venganza anunciada el año pasado. El precedente fue la decisión por mayoría de invalidar dos de las reformas prioritarias del presidente mexicano, la primera referente a la militarización de la seguridad, cediendo el Control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la reforma electoral, que buscaba entre otras cosas, la injerencia del Gobierno en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE). Ahí inició la urgencia por reformarlos.
El rechazo a las iniciativas presidenciales ha sido anunciado por las dirigencias del llamado frente opositor Fuerza y Corazón por México, que integran PAN, PRI y PRD. En el caso de Movimiento Ciudadano, están abiertos al análisis de las propuestas, cuyo fondo aún se desconoce. El dirigente nacional del panismo, Marko Cortés, ha sido tajante, su bancada no dará un voto a las propuestas presidenciales. A ninguna modificación que atente contra la independencia y autonomía del Poder Judicial y a la deteriorada división de poderes, ha dicho. El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, se ha pronunciado en el mismo sentido. En tanto, la mayoría parlamentaria de Morena advierte de lo complicado que resultará lograr los consensos.
López Obrador es consciente de los votos que no tiene para que sus propuestas prosperen. “Mientras estén los grupos conservadores con votos para impedir una reforma constitucional no va a ser posible, actualmente se requiere mayoría calificada para reformas constitucionales, no solo mayoría simple”, dijo en su conferencia matutina del pasado 18 de diciembre, cuando descartó enviar la reforma al Poder Judicial. En menos de un mes ha reculado, el proyecto se enviará en el paquete del 5 de febrero.
El presidente mexicano se ha empeñado en darle el control de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, al Ejército; esta es la segunda de las reformas de estas 10 que se perfilan para desahogarse en 2024. Lo mismo ocurre en el tema electoral, insistirá en que el Gobierno pueda entrometerse al interior del organismo, así como recortar el gasto que representa, tan cuestionado por su Administración y reflejado en los sistemáticos recortes presupuestales al INE en los últimos cinco años.
La propuesta de reforma constitucional más reciente es en las pensiones. Revertir, en algún modo, los efectos de la reforma de 1997 para que los trabajadores accedan a una pensión digna del 100% de su salario durante su vida laboral activa. El mandatario mexicano ha detallado que la apuesta es que el Gobierno federal aporte al fondo de retiro para lograr la meta. Poder Judicial, Guardia Nacional, INE y las pensiones, son cuatro de las cinco iniciativas que el mandatario enviará en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
Sin embargo, han quedado pendientes reformas legales y constitucionales que han sido anunciadas por el mandatario y aún tienen posibilidad de ser presentadas en este periodo de sesiones. En materia constitucional se encuentra la reforma con la que se reduce la edad para las pensiones de adultos mayores, que actualmente es de 65 y cuyo monto se ha elevado a partir de este año a 6.000 pesos bimestrales; así como elevar a rango constitucional los apoyos a personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida.
En materia legal, están pendientes la extinción de los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Federal de Competencia Económica (Cofece). La prohibición del uso y comercialización de los vapeadores también está en la lista de reformas presidenciales. El ministro de la Corte Javier Laynez Potisek otorgó una suspensión que permite el uso de esos aparatos.
Con la cuenta regresiva de nueve meses ya iniciada, el mandatario y la bancada de Morena en el Congreso han de persuadir a una oposición ya predispuesta para que den su voto a las propuestas presidenciales. Con pocas posibilidades de triunfo legislativo, pero con un potencial enorme de éxito electoral, se alistan con la bandera de Morena en los comicios que han de concluir el próximo 2 de junio.