La postulación de Jorge Álvarez Máynez como el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) ha atizado la confrontación con el PRI. El partido tricolor presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el partido naranja, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el mismo aspirante y otros emecistas. Se les acusa de presuntamente incurrir en actos anticipados de campaña durante el registro del zacatecano. El ataque ha llegado por partida doble. La senadora Indira Kempis, quien levantó la mano para ser la abanderada de MC en la contienda por la silla presidencial, parece dispuesta a llegar hasta la última instancia en su intento por impugnar la inscripción Álvarez Máynez bajo la premisa de violaciones a sus derechos político-electorales.
Siete personas, desde el gobernador, diputados federales y locales o senadores y otros servidores públicos participaron en un evento político el pasado 10 de enero en día y horario hábil para anunciar la candidatura presidencial de Álvarez Máynez. Además se refirieron al proceso electoral en curso y publicaron en sus cuentas oficiales de redes sociales información sobre un acto que el partido naranja publicitó a lo grande. Es parte de los argumentos que el PRI ha dado a la autoridad electoral para ordenar medidas cautelares contra el partido y sus cuadros. El video con el que García hizo el destape de Álvarez Máynez, el 9 de enero, también es parte de la queja interpuesta por Hiram Hernández Zetina, representante del PRI ante el INE.
Los funcionarios han de explicar al instituto si han pedido licencia o no para ausentarse de sus funciones el mencionado día, presentar versiones estenográficas de sus discursos; así como rendir un informe sobre la publicidad del evento y si han erogado recursos públicos para ello, se lee en la queja. La supuesta violación a los principios de legalidad, equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda son los ilícitos que el PRI considera han incurrido el gobernador de Nuevo León; así como los diputados federales Salomón Chertorivski y el propio Álvarez Máynez; los senadores: Dante Delgado y Clemente Castañeda; la legisladora local Mónica Magaña y la presidenta municipal Biby Rabelo.
“Se solicitan las medidas cautelares que tenga a bien dictar la autoridad correspondiente a efecto de retirar, de forma inmediata, la propaganda objeto de la presente denuncia”. Es lo que solicita el PRI al INE a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. La última palabra la tiene la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo quien ha de someter a votación el fallo que en su momento determine la instancia electoral. De declararse procedente la queja priista en sus términos, los actores políticos denunciados deben retirar de sus cuentas cualquier publicación sobre el registro de Álvarez Máynez, así como un exhorto para que se abstengan de realizar actos similares en el futuro.
En la dirigencia del partido naranja y en el primer círculo de Álvarez Máynez han minimizado la queja. Consideran que carece de sustento jurídico y no les quita el sueño. Por el contrario, lo han capitalizado para señalar que la denuncia es muestra del miedo que hay en el sustituto de Samuel García y su discurso de posicionarse por encima de la abanderada presidencial del frente opositor Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
La impugnación
Indira Kempis, hasta hace unos días senadora de la bancada de MC, ha presentado la primera impugnación del registro de Álvarez Máynez, a quien se ha referido como “una persona que es buena para hacer los mandados” en el partido naranja. La mujer que levantó la mano para ser la candidata presidencial busca llegar hasta la última instancia electoral con el objetivo de demostrar la presunta ilegalidad en el registro del zacatecano y echarlo abajo. En su momento, la neolonesa presentó un recurso legal para reclamar el proceso con el que se le dio la efímera candidatura a Samuel García que no ha sido resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de de la Federación y tampoco por el partido.
“Esos hombres decidieron violar sus propias reglas, yo hago uso de mi derecho. No milito en ningún partido político, se supone que la convocatoria iba a respetar el piso parejo, el derecho de participar tanto de la militancia como de la no militancia. Decidí separarme del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano también en uso de mi libertad porque no tengo necesidad de verle la cara a mis hoy agresores” señala la senadora.
En su denuncia acusa que con el registro de Álvarez Máynez se ha cometido violencia política en razón de género en su contra. Refiere que en la convocatoria para la elección del abanderado presidencial se estableció que deberán resolverse todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas para realizar una nueva designación, hecho que no ha ocurrido. La senadora señala que le han querido atribuir la queja que interpuso el PRI contra el registro del zacatecano lo que también vulnera sus derechos. “Es revictimización, porque invalidan mi sentir, mis argumentos jurídicos y mi queja ciudadana al momento de hacer político algo que es institucional”, apunta la neolonesa.