Gabriela Gómez informó que cuentan con más de cuatro mil 100 demandas laborales en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA), por lo que se reitera el llamado a los alcaldes a conciliar.
En el TECyA se han dictaminado tres mil 820 asuntos concluidos, de los cuales el 92 por ciento ha sido por conciliación, y se han pagado a favor de trabajadores más de 142 millones 277 mil 742 pesos.
En el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en materia de demandas laborales, se han concluido 14 mil 502 asuntos; el 88 por ciento ha sido vía conciliación y se ha pagado más de 150 millones de pesos.
"Tenemos 12 alcaldes que realizaron conciliaciones en agosto, seguiremos trabajando en esa tarea; el pasivo laboral contingente de todos los ayuntamientos, el total es de más de 560 millones de pesos", refirió.
Gómez Orihuela dijo que los 19 alcaldes que presentan riesgo de destitución son: Amacuzac, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y Yecapixtla.
Precisó que el Ayuntamiento de Amacuzac es el que más presenta demandas laborales y los montos de las mismas; sin embargo, el edil ha mostrado disposición para conciliar.
Aseguró que no ocurre lo mismo con el presidente municipal de Zacatepec, Francisco Salinas Sánchez, quien no se ha acercado a conciliar y se ha amparado ,pese que ya fue ordenada su destitución; lo mismo ocurre con el alcalde de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega.
Ambos han recurrido al amparo y se han desentendido de negociar, pero corren el riesgo de que las resoluciones salgan contrarias, estableciéndose su salida desde el momento que el TECyA les notificó la destitución; todo lo que hicieron en el tiempo de interponer el amparo, la controversia constitucional y demás puede no tener validez, y estarían incurriendo en el delito de usurpación de funciones.
Finalmente, Gómez Orihuela precisó que los actuales alcaldes ya conocían de la situación financiera que atravesaban los Ayuntamientos y que no sólo asumían las bondades, sino también las responsabilidades y deben pagar, porque en la pasada administración realizaron despidos injustificados y violaron los derechos laborales de ex trabajadores.