El lunes, dos sicarios en moto acribillaron a Andrés Valencia Ríos hasta matarlo, en una carretera secundaria cercana al pueblo en el que había sido alcalde hasta hace tres años, San Juan Evangelista, una zona rural al sur de Veracruz. El martes, mientras los seres queridos del exfuncionario y ganadero velaban el cuerpo en un rancho, a menos de 30 kilómetros de allí aparecieron otros dos cadáveres, abandonados en un camino de tierra de Acayucan. Eran un hombre y una mujer, envueltos en bolsas de basura de plástico negro.
A finales de la semana pasada, la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez, del PRD, trató de alertar sobre la situación del municipio. “El crimen organizado quiere entrar a Acayucan y tomar las riendas”, dijo. El crimen organizado ya controla otros pueblos al sur de Veracruz, añadió. Aseguró también que había recibido amenazas personalmente. Un día después, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, salió a desmentirla públicamente. Desechó las advertencias de la funcionaria, la reprendió por elevar sus quejas al ámbito nacional, la acusó de no haber empleado recursos públicos para combatir a las mafias y, finalmente, la instó a dimitir en caso de que no fuera capaz de contener la inseguridad.
Rodríguez respondió tajante: “No voy a renunciar”. Ella ya conocía las formas de actuar del crimen organizado. En mayo del 2022, durante un desayuno de trabajo, un hombre se acercó a su cuñado, Clemente Nagasaki Condado Escamilla, lo asesinó a tiros y se fue sin que nadie lo detuviera. Condado Escamilla era el responsable del centro de asistencia a familias (DIF). En junio de 2023, un año después, el hermano de Clemente, Ramiro Condado Escamilla, fue encontrado en el interior de una camioneta, su cuerpo calcinado. El tercer hermano, esposo de Rodríguez, Cuitláhuac Condado Escamilla, fue también alcalde del pueblo.
Violencia política
La violencia regresa a manifestarse en Veracruz. Aunque todavía lejos de los años más oscuros del Estado —cuando el tráfico de migrantes estaba al alza, las desapariciones y las masacres llenaban las portadas de los periódicos, las fosas comunes se contaban por centenas y el exgobernador Javier Duarte (2010-2016) controlaba la región a su antojo como un brazo más del crimen organizado—, la plaza está volviendo a calentarse. Los asesinatos de Valencia Ríos y las dos personas anónimas de Acayucan son solo los últimos casos.
“Todo esto lo veo desde la óptica electoral: el país en su conjunto se está calentando, va a haber muchos asesinatos, sobre todo de candidatos de aspirantes opositores a los Gobiernos locales y municipales. A partir de ahora y hasta junio todo este tipo de dinámicas quizá se tengan que enmarcar en el período electoral. Pensaría que vamos a ver mucho esto en Veracruz, que tiene muchos municipios y va a haber mucha alternancia [de partidos en el Gobierno]”, opina Carlos Pérez Ricart, académico y especialista en las dinámicas de la violencia y el narcotráfico en México.
La investigación Votar entre balas, de Data Cívica, una organización que “utiliza los datos y la tecnología como herramientas para la defensa de Derechos Humanos”, respalda la opinión del experto. El estudio reveló que desde 2018 México ha registrado 1657 “ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”. Desde entonces, solo en Veracruz se produjeron 103 asesinatos políticos. Un tercio de los sucesos violentos de esa índole contabilizados en todo el país sucedieron en 2023, el año con más ataques registrados, 574. La tendencia sube cuando se aproxima un período electoral. “Las elecciones abren una ventana de oportunidad para renegociar equilibrios preexistentes. En un contexto como el mexicano, eso es necesariamente violento”, desarrolla Pérez Ricart.
El profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) explica que, sin embargo, la tendencia criminal en Veracruz es difícil de enmarcar en una única lógica. “Todavía no logro identificar un patrón”, confiesa. Mientras que el caso de Valencia Ríos tiene los elementos para poder considerarse un asesinato político —fue alcalde por el PAN de 2018 a 2021, tesorero, director de Protección Civil y recientemente se había unido a las filas de Morena—, los dos cuerpos de Acayucan parecen responder a la dinámica clásica de un ajuste de cuentas entre grupos rivales.
El sureste, revuelto
En la hemeroteca reciente hay otros ejemplos que también son difícilmente clasificables en una única categoría. El 30 de enero, los cuerpos mutilados de 15 personas aparecieron en dos camionetas abandonadas en Tuxpan, al norte del Estado. Junto a ellos había un cartel firmado por “Las cuatro letras”, en referencia a las iniciales del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los dos grupos criminales más poderosos del país, que se disputa el control territorial con el Cartel de Sinaloa sin que las medidas del Gobierno puedan detener la guerra de carteles.
Las autoridades sospechan que los 15 cuerpos de Tuxpan eran migrantes víctimas del tráfico de personas. El 29 de enero, otros dos cadáveres fueron encontrados por pescadores debajo del puente de Tonalá, frontera entre Veracruz y Tabasco. En octubre, otros tres restos humanos fueron hallados en la misma zona. Son solo algunos casos sueltos, pero una mirada a la prensa local revela homicidios a cuentagotas, semana a semana, que no dan el salto a los medios nacionales, pero conforman un mosaico esclarecedor de la violencia en el Estado.
En Veracruz, como en grandes extensiones de México, las presiones del crimen organizado se han incrementado en los últimos tiempos, en una nueva arremetida de las mafias que se ensañan con la población civil ante la incapacidad gubernamental para poner fin a una crisis de inseguridad inabarcable. En 2023, el Estado sufrió 966 homicidios, de acuerdo con los números oficiales presentados por el Gobierno estatal a principios de año. Según el recuento que mantienen los medios locales, en el mes y medio que va de 2024, los asesinatos ya superan la decena.
La tendencia parece repetirse en los Estados del sureste del país. Chiapas, según asegura un estudio publicado esta semana por organizaciones civiles, sufre un “conflicto armado no reconocido desde 2021″ que ha desplazado a más de 10.000 personas de sus hogares y generado graves violaciones a los derechos humanos. Tabasco ha visto en los últimos meses algunos estallidos que amenazan con quebrar su calma tensa. Aunque todavía es pronto para establecer una correlación, los sucesos violentos se multiplican y apuntan a una lógica que va más allá de simples “casos aislados”. “La tasa de homicidios por habitante en Veracruz sigue siendo muy baja, hay que ver cómo se desarrolla, está muy incipiente todavía, pero algo puede estar pasando en vista de que el sureste se está calentando en los últimos meses”, sintetiza Pérez Ricart.