En algunas entidades, el crimen organizado ya comenzó a desplegar sus estrategias de presión hacia partidos políticos y aspirantes, para definir quiénes pueden participar en el proceso electoral y quiénes deben bajarse. Desde “recados” a través de terceros, mensajes a líderes partidistas locales, llamadas directas y hasta ‘levantones’ exprés a aspirantes, para advertirles que desistan de participar en las elecciones y con advertencias de no denunciar formalmente.
MILENIO confirmó que partidos políticos de todos los colores, ya tienen documentados casos a nivel municipal, en los que células de los cárteles de la droga han comenzado a operar en distintos niveles de gravedad, en la escena electoral. Por lo que se busca que el Instituto Nacional Electoral amplíe las facultades de la mesa de seguridad interinstitucional, para recibir denuncias personales pero con garantía de anonimato, que lleguen directo a las instancias de seguridad federal y eviten el asesinato de más aspirantes.
Los estados que presentan un foco rojo por ser en donde se han presentado los casos más graves son Zacatecas, Guanajuato y Guerrero, con intervención de personajes que se presentan como representantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación, ante la disputa de ambos grupos delictivos en estas entidades.
De acuerdo con testimonios recabados por MILENIO con partidos de las dos coaliciones PRI-PAN-PRD y Morena-PT-PVEM estos primeros indicios, demuestran que conforme se acerque el arranque de las campañas y durante éstas, las presiones criminales irán en aumento si no se blinda de forma preventiva el proceso electoral.
Entre los casos más graves de partidos de distintas coaliciones, destacan que “a un aspirante a presidente municipal lo levantan, lo llevan a una oficina y le dicen que no puede participar”, “a otro le mandan decir a través de un presidente municipal que no mejor se baje”, en otro caso, a un aspirante “ya le habían advertido que no participara como candidato, él no se baja y le matan a su hermano”, “a dos candidatos les mandaron decir que mejor se bajaran por las buenas”.
En otro estado, reportan que en dos municipios “ya están tratando de contactar a los candidatos por medio de terceras personas, en un municipio es el Cártel Jalisco Nueva Generación y en el otro el de Sinaloa”.
La mayor preocupación de los partidos políticos, es que el protocolo de seguridad presentado entre el INE y el gobierno federal, no contempla a las candidaturas de nivel local. El protocolo se centra en quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México, al Senador de la República y a la Cámara de Diputados, dejando desprotegido el nivel local.
Para las contiendas municipales y de congresos estatales, se prevén mesas de seguridad locales que aunque ya están operando, los protocolos de acción no están claros en ningún caso. A lo que se suma que todos los partidos por igual, desconfían de una acción real en aquellas entidades en las que son oposición.
Por lo que, frente a la desconfianza entre partidos, un protocolo de seguridad que sólo contempla los cargos federales y la inacción de los gobiernos estatales, algunos representantes ya plantearon al INE, que la Mesa de Apoyo Central a Nivel Federal acordada con el gobierno federal, incluya un equipo confidencial del INE que reciba las denuncias locales y las turne a las autoridades de primer nivel de forma anónima, para desplegar acciones de inteligencia y prevención, y no dejarlo en manos de las autoridades más vulnerables, tras 11 asesinatos en poco más de siete semanas.
Las cifras confirman esta tendencia. Los 11 asesinatos de diciembre a la fecha, vinculados con aspirantes o precandidaturas, todos se centran en personas que buscaban una presidencia municipal o una diputación local. De éstos, los de mayor incidencia con dos casos en cada uno son Zacatecas y Guerrero: Ricardo Tejada de Morena, asesinado el 21 de diciembre y quien primero aspiraba a la presidencia municipal de Acapulco y finalmente a una diputación; y Marcelino Ruiz Esteban asesinado el 24 de enero y quien aspirante a la presidencia de Atlixco por el PRD, misma que ya había gobernado.
Mientras que en Zacatecas, se registraron la semana pasada los asesinatos de Juan Pérez Guardado, cuñado del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y al empresario Cecilio Murillo quien buscaba una candidatura por el PAN.
A esto se suma que en enero, Movimiento Ciudadano informó que no postularía candidaturas en al menos 20 municipios de Guerrero por la alta incidencia delictiva en Tierra Caliente, pues no había condiciones de seguridad para las personas que el partido abanderara en la zona norte de Guerrero. A lo que se sumó que apenas hace una semana, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeano y otros dos colaboradores partidistas fueron secuestrados.
Y en el caso de Guanajuato, aunque no se ha presentado ningún asesinato de aspirantes o candidaturas, pero partidos aseguran que los primeros indicios de alerta preocupan por los altos niveles de violencia que registra la entidad, de acuerdo con reportes del gobierno federal. Y porque en el proceso electoral del 2021 fueron asesinados tres candidatos en pleno proceso electoral e incluso durante mítines.
Data Cívica también detalló en su más reciente informe, que del 2018 al cierre de 2023, entre aspirantes, precandidaturas y candidaturas, se registraron 105 asesinatos y de éstos, el 86 por ciento estaban relacionados con cargos municipales, el 10 por ciento con el nivel estatal y el 4 por ciento con el nivel general, en su mayoría, diputaciones.