Casi a diario conocemos historias y vemos escenas de ataques, robos, asaltos y cobros de piso en contra de los transportistas, sin que haya una estrategia clara para combatir a los grupos del crimen organizado que perpetran estos delitos.
Además del miedo y la violencia, estos constantes ataques en contra de los transportistas traen consigo afectaciones económicas y a las cadenas de producción.
Hartos de la inseguridad, los transportistas han dicho “basta” y planean un paro nacional el día de hoy para exigirle a las autoridades que no los deje solos
El transporte de carga enfrenta uno de sus peores momentos. Cámaras empresariales y líderes transportistas alertan sobre la violencia que afecta a este sector en los últimos años, la cual, aseguran, se ha recrudecido aún más.
Los asaltos diarios, las extorsiones, la sobreregulación en varios estados y la corrupción son el pan de cada día para miles de transportistas que circulan por las carreteras del territorio nacional.
Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC), sostiene que la violencia que viven ha causado pérdidas económicas de miles de millones de pesos.
En una entrevista con Reporte Índigo, el líder transportista insiste en que el sector del transporte de carga y turismo está constantemente amenazado por diversos grupos del crimen organizado.
“Tenemos que lidiar con múltiples problemas como la inseguridad, la sobreregulación en los permisos que nos piden para ingresar a un estado, además de las extorsiones del crimen organizado y las propias autoridades como la Guardia Nacional“, asevera
Además, según el coordinador nacional de AMOTAC, los transportistas deben pagar una regulación excesiva que ha llevado a permisos onerosos, además de asumir los costos de grúas que aplican tarifas desproporcionadas.
Los datos oficiales de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas reflejan la magnitud de este problema: cada 38 minutos, una unidad de transporte es víctima de la inseguridad.
A ello se suman las extorsiones que sufren los choferes, lo que afecta significativamente la rentabilidad del sector y genera encarecimiento de los costos de la mercancía que transportan.
“El robo de cargamentos millonarios es constante. Por ejemplo, si se roban 10 tráileres con cinco toneladas cada uno, la pérdida asciende a miles de millones de pesos, además de los costos que se tienen que cubrir como permisos y entregas. Esto se ha salido de control”, expresa Solís.
En las entidades que se han convertido en focos rojos para los choferes de camiones de carga y turismo se encuentran Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, entre otros.
Ante esta situación, el líder transportista anuncia que se mantendrá el paro nacional hasta que se cumpla con una minuta de acuerdos que aborde las preocupaciones del sector.
Y advierte que, de no recibir respuestas satisfactorias, la movilización continuará, buscando poner fin a la inseguridad, abusos y extorsiones que afectan a los transportistas en México.
El pasado 5 de febrero transportistas amagaron con un paro en todo el país, el principal punto de su reunión sería en la carretera 57, México-Querétaro, km 90 en al trébol del Arco Norte, pero a las pocas horas desistieron de su protesta.
El motivo fue que autoridades federales se reunieron con ellos y acordaron instalar mesas de trabajo para diseñar acciones que blinden las carretas del país.
“Las organizaciones informaron que no realizarán ningún paro nacional ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados. El Gobierno de México está comprometido con la seguridad; a través del diálogo, impulsa una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en el país”, informaron las autoridades federales.
Al no haber acciones concretas por parte de las autoridades, los transportistas reanudaron su idea del paro para el día de hoy.
¿Qué es lo que piden?
A través de un pliego petitorio, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) ―junto a otras empresas de transporte de carga y turismo― solicitaron de manera enérgica a la Secretaría de Gobernación (Segob) garantizar las condiciones de seguridad de sus agremiados y los pasajeros, pues aseguran que la violencia contra los conductores no cesa.
El documento describe los asaltos y robos que sufren los transportistas diariamente en diferentes carreteras y vías de comunicación en todo el país. Otro punto importante que aborda el pliego es la regulación del autotransporte.
Asimismo, exigen frenar la sobrerregulación que afecta al sector, ya que denuncian que en los municipios que circulan, las autoridades imponen pagos excesivos, lo cual contraviene la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
También, la organización solicitó una revisión y mejora del proceso de emplacamiento, buscando mayor eficiencia y transparencia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la implementación de un reglamento claro y justo para el uso de grúas en el transporte, con el objetivo de evitar abusos y sobrecostos por las empresas de este giro.
Finalmente, la organización denunció la existencia de abusos y extorsiones en el sector del transporte por lo que demandaron medidas para combatir y prevenir estas prácticas ilegales.
¿A qué se habían comprometido las autoridades?
El 4 de febrero cuando las autoridades federales anunciaron que no se llevaría a cabo el paro del 5, también informaron sobre las acciones que implementarían para frenar la violencia contra los transportistas.
El tema de la inseguridad y el combate contra el crimen organizado, anunció el Gobierno federal, estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN)
“Las organizaciones informaron que no realizarán ningún paro nacional ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados. El Gobierno de México está comprometido con la seguridad; a través del diálogo, impulsa una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en el país”, informaron las autoridades federales.
La atención administrativa correría a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el enlace con las autoridades estatales y municipales, la Secretaría de Gobernación.
“El Gobierno de México está comprometido con la seguridad; a través del diálogo, impulsa una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en el país”, informó aquel día el Gobierno federal.
Incidencias y omisiones
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el año pasado fueron asaltados al menos 9 mil 181 transportistas en diversas carreteras de nuestro país. Es decir, en promedio 25 transportistas cada día. De estos robos, 7 mil 862 o el 85.6 por ciento se cometieron con violencia.
Las carpetas de investigación abiertas por dicho ilícito representan un aumento del 4 por ciento en comparación de 2022 cuando se abrieron 8 mil 836, de las cuales en el 86.5 por ciento de los casos reportaron violencia.
La entidad más violenta es el Estado de México que registró 4 mil 214 investigaciones por robo a transportistas, es decir, el 46 por ciento del total nacional. En la lista le siguen Puebla con 2 mil 589 denuncias, Michoacán con 687, San Luis Potosí con 363 y Jalisco con 246.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Peñúñuri, estos números podrían ser mucho mayores ya que existe una cifra negra muy grande.
“No hay denuncias. El tema de la cifra negra es altísimo. Sabemos que hay asaltos en las carreteras, pero no hay denuncias. (…) Es complicado el tema porque lo que precisamente queremos es que la sociedad denuncie y reconstruir el tejido social.
“Aunque no es un tema de cuántas carpetas tenemos porque sabemos que es un delito y tenemos muy claro lo que está pasando en las carreteras. Es un tema de seguridad pública y sin duda se está convirtiendo en un tema de reconstrucción de la Estrategia de Seguridad Nacional”, opina.
El especialista señala que justamente las carreteras se edificaron en rutas trazadas para eficientar los traslados, por lo que cambiar de vías por la inseguridad representa pérdidas para los empresarios.
Además, revela que por cada unidad robada se pierden alrededor de 50 mil dólares, lo que representó durante el año pasado pérdidas por más de 300 millones de dólares para la iniciativa privada.
“No se vale que ahora tengas que contratar a empresas de seguridad, destinar parte de tus recursos y utilidad en seguridad cuando lo debe garantizar el Estado, ese es el problema”, apunta.
Finalmente, Jorge Peñúñuri, pide a las autoridades que escuchen a la iniciativa privada para juntos mejorar la estrategia de seguridad del país.
“Si nosotros les damos un mapeo y les decimos dónde está el índice más alto de robo a transporte, nosotros esperamos que pongan guardias y estén vigilando las carreteras. (…) Si nos dicen que no tienen elementos, entonces tendrán que reestructurar la estrategia para que la Sedena, la Guardia Nacional y la SSPC puedan tener más elementos en calle.
“Eso ayuda más que estarse peleando entre todos. Es muy sencillo, tienen que reencauzar los recursos a donde se necesita”, concluye.