“Esta cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce, y los asesinatos de 5 periodistas con un posible vínculo a su labor periodística: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua)”, detalla el documento.
Asimismo, el reporte refiere que después de Israel y territorios palestinos ocupados México es el país más letal en contra de quienes ejercen el periodismo, a pesar de una reducción del 19.40 por ciento respecto a 2022, el año más violento.
La organización Artículo 19 registró que Tamaulipas el cambio de administración estatal originó una situación de mayor seguridad para la prensa.
“Me parece que la disminución de agresiones se da como parte del cambio de administración y el nuevo gobierno llegó con un bono a su favor. Ahora hay una instancia, la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales que atiende quejas y denuncias de periodistas”, dijo a Artículo 19 la periodista Martha Olivas, de acuerdo al informe.
En Chiapas, por otro lado, encontraron que hay una situación de intimidación , la cual denominaron como campos de silencio.
“En Chiapas estamos viviendo la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, locales y trasnacionales, y una fuerte violencia contra la población que ha quedado atrapada en medio de la disputa. Sin poder denunciar, sin salir y obligada a guardar silencio. Se crearon zonas de silencio donde ya no es posible la cobertura en campo”, dijo la periodista Ángeles Mariscal.
El informe refiere que tienen registrados 124 denuncias por intimidación y hostigamiento, por uso ilegítimo del poder 106 y por amenazas 100.
Por otro lado, agresiones directas se reportaron 45 casos, 23 privaciones de la libertad, 5 asesinatos, 6 desplazamientos, cuatro casos de tortura y una desaparición.
“En Veracruz el efecto cascada de la estigmatización por autoridades se ha vuelto una práctica común, particularmente contra mujeres periodistas, por parte de la administración de Cuitláhuac Jiménez, gobernador de Veracruz”, reportó la organización.
De acuerdo a Artículo 19, el Estado es el principal perpetrador de las agresiones contra la prensa, con 51.16 por ciento de los casos, 10.16 por ciento el crimen organizado y 16 por ciento algún particular, entre los casos destacados.
En relación con las agresiones por parte de autoridades, 43.9 por ciento fueron estatales, 31.71 por ciento federales y 24.39 municipales. También detectó agresiones por parte de particulares, las cuales fueron a través de términos como “chayoteros” o “golpistas.”
“Los cinco estados con más agresiones fueron Ciudad de México con 115 casos, Guerrero con 48, Puebla con 39, Guanajuato con 38, y Veracruz con 36”, detalló la organización; sin embargo, en Hidalgo, Querétaro y Zacatecas no se reportaron agresiones.
En Ciudad de México las agresiones son a través de la estigmatización directa, según Artículo 19, durante las mañaneras del Presidente. En tanto, en Guerrero los secuestros y agresiones armadas por el crimen organizado y en Puebla, actos de intimidación y también secuestros y tratos crueles.
“Tal y como Article 19 lo ha documentado desde 2017, quienes cubren corrupción y política son con más riesgo, como se demuestra con los 299 casos documentados, o 53.30 por ciento del total. Por su parte, la seguridad y justicia con 132 casos (23.53 por ciento), se coloca en segundo lugar. Estas dos categorías son las de mayor riesgo en México, al representar el 76.83 por ciento del total”, detalla el informe.
A candidatos:
Abstenerse de abusar del poder público el cual tienen como parte de una estructura política. Particularmente, abstenerse de iniciar procesos judiciales en el ámbito civil, penal o electoral contra periodistas críticos o medios de comunicación.
Generar un discurso que promueva las discusiones plurales, diversas, el encuentro de opiniones, y que no estigmatice o denote el labor del ejercicio periodístico en una sociedad democrática.
Establecer en sus plataformas políticas, en concordancia con los principios democráticos, propuestas de protección al espacio cívico y al ejercicio pleno de los derechos de las, los y les periodistas.
A las autoridades públicas:
Garantizar las condiciones de seguridad para el libre ejercicio periodístico en el 2024 y sobre todo a lo largo de la contienda electoral.
Abstenerse de seguir agrediendo a la prensa, particularmente a través de la estigmatización, y reconocer que como figuras públicas les corresponde tener un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica públicas.
A fiscalías:
Cumplir con las investigaciones diligentes y expeditas de todos los casos de crímenes contra periodistas aplicando el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión.
Establecer planes para la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas del año 2023 y de todos los años anteriores cuyos casos se mantienen en la impunidad.
Coordinarse con las Comisiones de Búsqueda y las entidades federativas aplicables para encontrar a los 32 periodistas que permanecen desaparecidos.