Cuautla.— La extorsión golpea a productores de caña de azúcar, abastecedores del ingenio azucarero La Abeja de Casasano, en Cuautla. Esta situación no es nueva, desde hace seis años las tres asociaciones civiles de productores pagan en conjunto, aproximadamente, 3.5 millones de pesos para trabajar la zafra, que comienza en noviembre y concluye en julio.
El problema es que el crimen organizado acentuó su mando y detonó la violencia este fin de semana porque ahora exige pagos de 20 mil pesos a cada transportista que arrastra la caña de azúcar de los campos hacia el ingenio.
La Abeja de Casasano tiene en lista alrededor de 130 camiones y entre 15 y 20 alzadoras, las máquinas que levantan la caña de azúcar en los campos y la apilan en los camiones. Todos ellos, de acuerdo con voces del ingenio, están considerados en los nuevos pagos al crimen para que puedan concluir la zafra.
El temor de productores, transportistas y alzadores está fundado porque la madrugada del viernes hombres armados rafaguearon la casa del dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), Miguel Barranco García, y el lunes por la mañana asesinaron a Darío García Cortés, coordinador de transportes de la Unión Local y hermano de Andrés García, líder de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).
Frente a un escenario de zozobra, algunos representantes de cañeros abandonaron Cuautla porque se sienten vulnerables ante la fuerza del crimen, identificados, de acuerdo con algunos productores, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Los Acapulcos y La Unión Tepito.
“La delincuencia tiene el padrón de productores, cañeros, alzadores; saben dónde viven y cuánto ganan. Están atados de manos y no reciben ayuda del propietario del ingenio Grupo Beta San Miguel y tampoco de las autoridades”, contó uno de los productores, que por razones de seguridad pidió el anonimato.
El sábado, luego del atentado contra la casa del líder cañero y actual regidor del PES, Miguel Barranco, una sección militar levantó una barricada frente a las puertas del ingenio azucarero y de las instalaciones de la Unión Local de Productores para inhibir alguna acción del crimen organizado.
Esta espiral de inseguridad pone en riesgo a los productores que están en proceso del corte y traslado de la caña al ingenio de Casasano.
La zafra se encuentra en 60% de la molienda de la vara dulce, por lo que, de seguir con las actuales condiciones de inseguridad, se corre el riesgo de que se dejen de procesar 288 mil toneladas de caña y de obtener una producción de 39 mil toneladas de azúcar.
Reportes de las asociaciones de productores de caña de azúcar, abastecedores de La Abeja de Casasano, coinciden en que el cultivo de la vara dulce en Morelos es el número uno en cuanto a las tierras de riego, el de mayor arraigo y producción. “De todo el agro tenemos 70% de las tierras sembradas con caña de azúcar”, aseguran.
Sólo en el poblado de Casasano, Cuautla, donde se encuentra el ingenio, son más de 7 mil hectáreas sembradas con la vara dulce, con una rentabilidad promedio de 105 toneladas por hectárea, en tanto que la media nacional es de 75 toneladas por hectárea.
Al ingenio de Casasano ingresa a diario un promedio de 4 mil toneladas de caña para la molienda y la producción de azúcar; en total se muelen 720 mil toneladas de caña de azúcar en los seis meses que dura la zafra.
Además del acoso del crimen organizado, los productores de caña también tienen en contra las condiciones del clima, porque este año, por primera vez, cerrarán la zafra entre el 15 y 20 de abril debido a un temporal sin lluvias y, por lo tanto, el rendimiento será menor.
Al respecto, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, dijo en su homilía del domingo que el crimen organizado pide cuotas de hasta 50 mil pesos por cada camión que ingresa al ingenio azucarero para la molienda de la vara dulce.
Lee también: Rinden homenaje a militares asesinados por el CJNG en Teocaltiche, Jalisco
Los movimientos del crimen organizado son visibles para los habitantes de Casasano desde el martes de la semana pasada. Hombres armados circulaban en el pueblo, dueños del escenario. Algunos habitantes reportaron mantas con leyendas de amenaza contra líderes cañeros.
Tras los mensajes de intimidación, el miércoles se reunieron los líderes de la CNPR y de la ULPCA para analizar la situación y por la tarde-noche determinaron detener la quema, corte y transporte de la caña de azúcar.
El jueves comenzaron las negociaciones entre los líderes de productores, a cuya reunión también asistieron representantes del ingenio azucarero, y aparentemente acordaron el pago de cuotas por camión. Ese mismo día pagaron los transportistas de la ULPCA y algunos de la CNPR para retomar sus actividades; sin embargo, la madrugada del sábado balearon la casa del dirigente de la ULPCA, a pesar de vivir a la vuelta del penal distrital.
Ese mismo sábado, grupos armados corretearon a los conductores de las máquinas alzadoras para exigirles el pago e impedir levantar la caña cortada en los campos.
La mayoría de los camioneros y alzadores pagaron su cuota y alrededor de las 10:00 horas del domingo el ingenio encendió las calderas, pero el lunes, también como a las 10:00 horas, las apagaron tras el asesinato de Darío García, hermano del dirigente de la CNPR.
A las 16:00 horas los productores, transportistas y alzadoras recibieron la orden de suspender sus actividades; les dieron el día libre.
En el sector, dicen, hay mucho miedo porque la delincuencia sabe los lugares donde se realizaron quemas de la vara, sitios de corte, espacios programados de quema y corte; saben los nombres de los productores y sus lugares de visita.
Hubo casos, según trascendió entre los cañeros, en que los delincuentes acompañaron a los transportistas al banco para retirar dinero y pagar la cuota. Quienes cubrieron el monto llevan una calcomanía, pero ahora van por las alzadoras.
Lee también: Vinculan a proceso a dos policías implicados en caso del normalista Yanqui Khotan, asesinado en Guerrero
Hace seis años las células delictivas exigieron a las uniones de productores el pago de piso por los seis meses de zafra y los primeros cinco años sólo pagaban los presidentes de las asociaciones civiles, pero este año se extendieron a camioneros y alzadoras para permitirles terminar la zafra.
La empresa Beta San Miguel, propietaria de los ingenios La Abeja, de Casasano, y Emiliano Zapata, de Zacatepec, sabe de la situación, pero no hace nada, reclaman productores. Extraoficialmente se sabe que Almaquio Silvestre Sámano Ríos, de la Asociación Flor de Caña, la organización con menos productores, pagó en la zafra 2022-2023 500 mil pesos; a Andrés García, de la CNPR, lo vieron con prisas para juntar un millón de pesos; Miguel Barranco, de la ULPCA, habría pagado 2 millones de pesos.
Ante el embate de la delincuencia, el escenario para los productores es catastrófico porque la caña cortada y sin levantar pierde su jugo en los campos; las familias que viven de ella resentirán la pérdida.
Actualmente hay 100 obreros por turno en el ingenio azucarero y hay tres turnos; suman alrededor de 500 cortadores y sus familias. Se tiene un padrón de 5 mil productores en la zona de abasto de Casasano.
“Lo que padecemos lo supo el expresidente Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador (...), pero no hacen nada”, reclama un productor.