Los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) adelantaron que buscan terminar con la evasión de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales, por lo que pedirán el apoyo de la nueva legislatura para que les dé la posibilidad de sancionar directamente a los sujetos obligados que incumplen la ley.
En un foro con directivos y columnistas de EL UNIVERSAL, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra, Norma Julieta del Río y Josefina Román, así como el comisionado presidente Adrián Alcalá, detallaron que la reforma, que ya están trabajando, permitiría sancionar incluso al presidente de la República.
Alcalá dijo que se necesitan dientes en el Inai, pues los Órganos Internos de Control (OIC) son los responsables de ejecutar las sanciones y no lo están haciendo, a pesar de que es un mandato que no está a discusión, “porque los OIC no van a sancionar a sus jefes”. Advirtió que aunque no se aprobara la reforma para desaparecer al Inai, existe la “tentación” de dar un golpe técnico al órgano autónomo y quitarle facultades y presupuesto.
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“No podemos ser ajenos. Nos hemos enfrentado a diversos embates desde Palacio Nacional, pero no nos hemos doblado, no nos hemos vencido”, dijo.
Los comisionados informaron que detectaron una nueva forma de los sujetos obligados de evadir las respuestas a solicitudes de información, que es argumentar que se encuentra en curso un “procedimiento jurisdiccional”, lo que invocan ahora para no dar información.
Incluso, la comisionada Julieta del Río recordó que cuando los dejaron inoperantes con la falta de comisionados vino una orden de Gobernación para que ya no entregaran más información, y una de las entidades que más la invoca es Fonatur con respecto al Tren Maya. Esta negativa ha generado un sinfín de recursos de revisión ante el Inai.
Al hablar de los principales obstáculos para sancionar, Alcalá detalló que de acuerdo con la ley actual los Órganos Internos de Control deben ser los que ejecuten las sanciones impuestas por el Inai, mandato que no se está acatando.
“La ley establece que le corresponde al Órgano Interno de Control la imposición de una sanción que el Inai determinó. Es un mandato, no está sujeto a revisión, pero ese Órgano Interno de Control depende del propio Presidente de la República. Los Órganos Internos de Control pasan desapercibidos y no están cumpliendo con su mandato. ¿En dónde están las resoluciones que nosotros enviamos? Pero así es el modelo legal ahorita”, alertó el comisionado presidente del Inai.
Por ello, puntualizaron que la reforma resulta urgente, pues incluso el Presidente ha encontrado la forma de violar la ley en materia de protección de datos personales al publicar información de periodistas o al hablar de las presuntas deudas del empresario Ricardo Salinas Pliego ante el SAT, dato que debería de estar resguardado por el secreto fiscal. Por algunos de estos casos, el Inai impuso sentencias, que no fueron acatadas.
“Por ejemplo, en lo de Carlos Loret se hizo el trabajo por parte del instituto, luego se dio vista al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia para que ahí se le sancionara, pero no ocurrió. El Órgano Interno de Control nunca va a castigar al Presidente, nunca van a hacer nada los Órganos Internos de Control porque es pegarle al jefe, porque el que paga manda. Ese es un problema que tenemos y por eso hay que reformar la ley”, puntualizó la comisionada Del Río.
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Para los comisionados, el riesgo de que los OIC sigan siendo omisos se incrementa con la iniciativa presidencial que plantea eliminar al Inai y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de sus OIC.
“Eso conecta con la iniciativa de retroceso que presentó el Presidente. ¿Por qué? Porque sería juez y parte”, insistió Alcalá Méndez.
De cara al inicio de una nueva legislatura, el comisionado presidente advirtió sobre “tentaciones” de Morena y sus aliados para consolidar la desaparición del Inai.
“Estamos atentos, estamos en proceso electoral y yo no podría asegurar que tampoco van a tener mayoría en la próxima legislatura. Por supuesto que para efectos de una nueva reforma a una ley federal no se requiere mayoría calificada, se requiere mayoría simple y por supuesto que hay tentaciones, pero vamos a esperar a ver lo que suceda”.
En materia de acceso a la información, los comisionados explicaron que los sujetos obligados también están evadiendo sus obligaciones mediante la táctica de negar y reservar. De acuerdo con Del Río, estas prácticas dilatorias aumentaron en este gobierno, primero derivadas de los frecuentes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y después, en marzo de 2023, por orden directa desde la Secretaría de Gobernación, cuando el pleno del Inai se quedó inoperante por falta de comisionados.
“Cuando nos dejaron inoperantes vino una orden a las unidades de transparencia de que ya no contestaran porque ya íbamos a desaparecer. La orden vino de la Secretaría de Gobernación. En ese entonces nosotros pedimos hablar con Adán Augusto [López, entonces titular de la SG], enviamos dos oficios y ni siquiera nos contestaron, jamás”, explicó Del Río Venegas.
A pregunta expresa de Alfonso Pérez Daza, los comisionados explicaron que la renuencia a ser transparentes ha venido a más mediante declaraciones de incompetencia, información inexistente y reservas de datos por motivos de “seguridad nacional”, pese a que la Suprema Corte ya emitió una resolución en el sentido de que no se puede reservar información antes de que se genere, como hizo Fonatur con el Tren Maya.
Por lo anterior, revelaron que existe una nueva modalidad para negar la información con el argumento de estar en medio de un proceso judicial. “Ahorita en tránsito tenemos temas de Fonatur respecto del Tren Maya. Argumentan que tienen procedimientos jurisdiccionales y que por eso no entregan la información del uso de vía o temas ambientales, también de la Consejería Jurídica”, expuso Del Río.
Lo que más se reserva son obras, contratos y temas de salud, y los sujetos obligados que más incurren en esa práctica son el IMSS, SAT, FGR, Pemex, SICT, Semarnat, Sedatu y Fonatur, entre otros. La negativa ha derivado también en un incremento en el número recursos ante el Inai, pues a nivel local se replica este modus operandi. Del 1 de enero al 20 de marzo de 2024 suman 4 mil 865 los recursos de revisión.
“Las autoridades no quieren al Inai, pero tampoco quieren a los institutos locales. El trabajo de los institutos locales también está acotado, los compañeros de los institutos locales también están sufriendo este embate y como Sistema Nacional de Transparencia lo sabemos”, agregó la comisionada.
El pleno del Inai también enlistó los embates que han sufrido desde Palacio Nacional, que iniciaron con descalificaciones de ser un “órgano florero”, continuaron con la falta de comisionados que los llevó a estar inoperantes y se mantiene con una reforma para desaparecerlo.
“No podemos ser ajenos. Nos hemos enfrentado a diversos embates desde Palacio Nacional, pero no nos hemos doblado, no nos hemos vencido, no nos hemos doblegado. Ahora enfrentamos esta reforma que en febrero de este año el Presidente de la República envió al Congreso y en poco más de 500 renglones pretende eliminar los órganos autónomos, entre ellos al Inai. Lo hemos dicho y lo sostendremos siempre: sería una regresión y un perjuicio a los derechos fundamentales”, sentenció Alcalá. A pregunta expresa de Alfonso Zárate, los comisionados reconocieron que la ciudadanía sí ha salido a las calles a defender al INE y no al Inai, por lo que se comprometieron a trabajar más para socializar su reconocimiento a nivel nacional.
La reforma busca terminar, de una vez por todas, con la evasión de obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.
“[Es necesario reformar] en cuanto a que el Inai tenga la posibilidad de sancionar directamente a los sujetos obligados que incumplen con la Ley de Transparencia. Deseamos que con la llegada de la nueva legis-latura pueda haber disposición y voluntad política para sentarnos a platicar sobre estas mejoras a las leyes”, dijo Ibarra Cadena.
Además de facultades sancionatorias, la iniciativa también los blinda de volver a quedarse inoperantes y les permite elegir al comisionado presidente con los integrantes del pleno que estén en funciones, sin importar cuántos sean. Ibarra abundó en que la propuesta busca fortalecer a las instituciones y no debilitarlas.
“No somos enemigos del gobierno; al contrario, somos aliados porque queremos tener autoridades con legitimidad, con la confianza de la gente, y en ese sentido la intención es coadyuvar a que tengamos gobiernos más transparentes, más abiertos también al escrutinio público, y también impulsar la máxima publicidad de la información”, recalcó.
Al hablar sobre las candidaturas presidenciales, los comisionados del Inai detallaron que ya se reunieron con los equipos de trabajo de las candidatas a la Presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
La comisionada Josefina Román Vergara puntualizó que lo que esperan del nuevo gobierno es apertura de diálogo.
“Nos hemos reunido con los equipos de trabajo de las dos candidatas y quiero decir que en los dos casos hemos sido muy transparentes; en realidad, fueron reuniones técnicas de trabajo. Principalmente, con Javier Corral hablamos de combate a la corrupción y el equipo de la señora Xóchitl Gálvez se concentró más en el tema de transparencia, acceso a la información. Tuvimos oportunidad también de explicar lo que hacemos en protección de datos personales”, añadió.
Expresó que el Inai está abierto a la crítica, con el actual gobierno y con el próximo.
“Estamos abiertos a la crítica, a construir, a mejorar, a identificar áreas de oportunidad”, especificó la comisionada.
