El Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña —presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura—, ha ordenado la apertura de una investigación en contra del ministro retirado Arturo Zaldívar por presuntamente haber presionado a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos. El expediente, surgido de una denuncia anónima, alcanza a algunos colaboradores de Zaldívar en el Poder Judicial, que serán investigados por el Consejo de la Judicatura. En el caso de Zaldívar, en su calidad de ministro en retiro, el expediente será integrado y resuelto por la propia Suprema Corte. El juez retirado, que hoy colabora en la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del oficialismo, afirma a EL PAÍS que se trata de una persecución política y una venganza de parte de la ministra Piña. “Esto parece una inquisición. Esto nunca había pasado en México ni en ningún país democrático, nunca había habido un caso en que la Corte tramite quejas en contra de ministros, sería el primer caso, es extraordinariamente grave”, señala el ministro.
La denuncia, cuya copia tiene este medio, acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones, durante el tiempo en que ejerció de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura (2019-2023). “[Prometía] beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”. El escrito dice que el operador del ministro era Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura. La denuncia asegura que se cuenta con los testimonios de los jueces supuestamente presionados.
Señala que Zaldívar colocó en puestos clave a personas cercanas “para tener control de los asuntos más importantes”, y que utilizó al entonces titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, y al del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla, para influir en el sentido de las resoluciones y para beneficiar a alguna de las partes involucradas. La denuncia involucra incluso a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador, al que señala de “confabularse” con Zaldívar para coaccionar a los jueces.
El escrito expone los casos en los que presuntamente ejerció presión el ministro a través de sus colaboradores. Según el relato, amenazó a los jueces que concedían suspensiones contra el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica —estas últimas aprobadas por el oficialismo en el Congreso—. Se mencionan también presiones en casos políticamente relevantes: el de Rosario Robles como parte de la trama corrupta de la Estafa maestra; el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de corrupción; el fraude al Infonavit; el fraude en la cooperativa Cruz Azul; la acusación fiscal contra el exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca; los expedientes por corrupción en Segalmex, entre otros. La denuncia incluye los nombres de decenas de jueces supuestamente coaccionados y de otros que, según el relato, aceptaron dádivas a cambio de ceder.
La ministra Piña ordenó el inicio de investigaciones a fin de recabar pruebas. “Ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación, resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, señala el expediente. La indagatoria estará a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) tanto del Consejo de la Judicatura como de la Suprema Corte.
Zaldívar sostiene que el inicio de la investigación y su filtración a la prensa tiene trasfondo político, en el marco del proceso electoral presidencial y por su rol en la campaña de Sheinbaum, donde está a cargo de la reforma al Poder Judicial. “Es claro que esto tiene una intencionalidad política que trasciende con mucho a mi persona, es una especie de revancha en contra de la Cuarta Transformación, claramente”, afirma en entrevista. “Es lamentable no solamente que se haya abierto la investigación, sino que de este tipo de investigaciones, que tienen que ser secretas, que requieren reserva, se haya circulado el acuerdo admisorio en todos los medios desde la propia Corte, lo que confirma que lo que están buscando es un efecto político. Es lamentable que la Corte, a través de su presidenta, pretende intervenir en el proceso electoral; los tiempos no son casuales, que se haya hecho a mes y medio de la elección claramente tiene una intencionalidad”, señala.
El juez retirado considera que la denuncia fue elaborada “a modo” con la finalidad de desprestigiarlo, además de que no presenta pruebas de las acusaciones. Zaldívar expone que existe una jurisprudencia que establece que, cuando se atribuye a los ministros del Supremo conductas graves en su actuación, el denunciante debe presentar las pruebas. “No solo no presioné, nunca hablé ni comenté ningún asunto con ningún juez ni di instrucciones a mi equipo para que lo hicieran, esto es absolutamente falso. Nunca en mi vida —y si alguna persona lo dice estaría mintiendo—, nunca he hablado ni he presionado a ningún juez, siempre respeté la independencia del Poder Judicial y lo cuidé, obviamente había una coordinación [con el Ejecutivo] en beneficio del país y en beneficio también del Poder Judicial”, afirma.