Este jueves, la defensa legal de las armerías —como Smith & Wesson, Glock, Barrett y Beretta— presentaron una petición de atracción del caso al asegurar que la venta legal de armas de fuego goza de inmunidad gracias a la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por su sigla en inglés).
“Desde que fue promulgada, la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas ha sido aplicada fielmente para impedir demandas de entidades del gobierno estadunidense y por ciudadanos estadunidenses”, explican las empresas, que buscan ahora que la Corte Suprema ponga fin al caso presentado por México.
El gobierno federal pide 10 mil millones de dólares en reparación del daño y medidas como prohibición en la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, esto tras demostrar una posible excepción dentro de dicha legislación estadunidense por presuntas responsabilidades al generar el comercio ilegal en el sur de ese país, lo que ha facilitado el flujo hacia México.
Las armerías argumentan también que la decisión de la Corte de Apelaciones contradice fallos de otros tribunales, por ejemplo, que en algunos casos se han desechado asuntos similares debido a que la “causa próxima” de los hechos es demasiado alejada de la persona demandante.
En este caso, la cadena de hechos desde que se venden las armas de fuego es demasiado larga hasta el punto en que llegaron a México o se cometieron los delitos. Incluso aseguran que la propia Corte Suprema tiene antecedentes en la materia.
“La cadena causal enfatizó repetidamente que la tendencia general de la ley es no estrechar la causa próxima más allá del primer paso”, argumentó la defensa de las armerías.
Además, aseguran que el tribunal de Apelaciones tomó en cuenta una posible situación de asistencia por parte de las armerías para facilitar el tráfico de armas, por lo que, junto con la inmunidad que claman de la Ley de Protección al Comercio Legal, pidieron a la Corte Suprema atraer el caso.
Van por familia criminal
La Fiscalía General de Justicia capitalina ofrece medio millón de pesos a quien proporcione información que ayude a la captura de la esposa y dos hijas de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, ex líder del Cártel de Tláhuac abatido en junio de 2017.
En conferencia de prensa, el encargado de despacho de la fiscalía, Ulises Lara, presentó la ampliación del programa de recompensas para detener a generadores de violencia, en el que fueron incluidas María de los Ángeles Ramírez Arvizu, esposa de El Ojos, así como sus hijas Liliana Pérez Ramírez, La Li o La voz, y Samantha Pérez Ramírez.
Sobre Ramírez Arvizu, el funcionario detalló que es señalada como sucesora del liderazgo del grupo criminal, quien mantiene una disputa por la venta de droga en Tláhuac con La Unión Tepito y Los Rodolfos.
“Ramírez Arvizu se encuentra probablemente relacionada con el delito de asociación delictuosa y cuenta con una orden aprehensión”, apuntó.
Liliana está relacionada con la venta y distribución de drogas en la alcaldía bajo las órdenes de su madre, mientras que Samantha es señalada como la operadora financiera del grupo delictivo.
Con información de: Carlos Vega y Rubén Mosso.
