El presidente Enrique Peña Nieto designó a Zerón de Lucio como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad
DESENCUENTRO. Tomás Zerón tuvo varias diferencias con el equipo que asesora a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Elizabeth Velázquez /Archivo.
CIUDAD DE MÉXICO.
Tomás Zerón de Lucio renunció ayer al cargo de director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), informó la dependencia, que explicó en un comunicado que la renuncia fue aceptada por la titular, Arely Gómez González.
La titular de la PGR reconoció los esfuerzos de Zerón de Lucio al frente de la Agencia, que integra tres áreas sustantivas de la institución, como es la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), y le deseó éxito en sus proyectos personales y profesionales”, detalló la Procuraduría en un breve comunicado.
La renuncia se da 13 días antes del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, caso emblemático cuya investigación encabezó Zerón de Lucio.
También ocurre ocho días después de que un tribunal amparó a Sidronio Casarrubias, señalado como líder del cártel Guerreros Unidos, acusado de perpetrar la desaparición de los 43 estudiantes, debido a que las declaraciones se obtuvieron presuntamente bajo tortura, y por otras deficiencias en el proceso.
Zerón de Lucio también fue cuestionado por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por su desempeño en una diligencia que no fue registrada en el expediente ni en la averiguación previa.
Lo han acusado, además, de haber manipulado la escena del crimen y de no respetar el mínimo permitido por un protocolo internacional en la investigación del 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, donde presuntamente fueron asesinados e incinerados los normalistas de Ayotzinapa.
Los miembros del GIEI insinuaron, en su oportunidad, la posibilidad de que Zerón de Lucio debía apartarse del cargo para hacer más transparente la investigación.
Nadie puede autoinvestigarse, por lo tanto es necesario que se garantice que esa investigación se lleve a cabo de manera imparcial; no puede estar generando la misma persona que aparece en el video su propia investigación, porque además no solamente por estándares internacionales, sino por norma interna está prohibido; debe declararse impedido frente al adelantamiento del manejo y al tema probatorio que está en medio de esa investigación”, subrayó Ángela Buitrago, integrante del grupo en abril pasado.
PGR LO INVESTIGA
La misma PGR informó que Zerón de Lucio estaba siendo investigado, junto con otros servidores públicos, por los señalamientos del GIEI.
Con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que, en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”, detalló la Procuraduría.
Explicó que la Visitaduría General, como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR, es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los servidores públicos de la institución respecto de las funciones sustantivas que realizan y la investigación de los delitos en que incurran.
Anunció que se dio intervención al Órgano Interno de Control, para que determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad.
POLÉMICA
Si bien el caso Ayotzinapa no fue el único polémico de la gestión de Zerón de Lucio, pues le tocó también la fuga de El Chapo de El Altiplano, las acusaciones del GIEI fueron determinantes.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acusó en abril pasado de que el titular de la Agencia de Investigación Criminal manipuló un video, omitió entregar evidencias del caso Iguala y sembró bolsas con osamentas, para tratar de justificar la llamada “verdad histórica”, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
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Acusaron que uno de los testigos fue llevado ilegalmente a la escena del crimen sin que nadie lo atestiguara y que algunas de las pruebas fueron manipuladas y el video que se presentó al final habría sido editado.