Tras los acuerdos entre el gobierno del estado, la Secretaría de Movilidad y Transportes, así como concesionarios de la Ruta 11, se evitó la suspensión del servicio de transporte público y la afectación que tuvo durante el día y tarde de este jueves para más de 35 mil residentes de al menos 10 colonias del municipio de Temixco, todo esto, en respuesta a la creciente situación de inseguridad que les ha afectado, denunció Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.
Indicó que no desistirán de su actuar y retomarán el servicio hasta en tanto haya una reacción del gobierno del estado y les garantice seguridad a los chóferes y a los usuarios de la Ruta 11 que tantas
veces han sido presa de la delincuencia organizada por la ausencia de operativos policíacos.
Dagoberto Rivera dejó en claro que estiman que los concesionarios de la Ruta 11 enfrentarán pérdidas diarias superiores a los 150 mil pesos como consecuencia de esta medida, la cual limitará su operación a la ruta desde Tejalpa en Jiutepec hasta el Polvorín en Cuernavaca sinpoder ingresar al municipio de Temixco que es donde está el “foco rojo”.
Los afectados esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades, instando a la implementación de operativos y rondines con elementos de la policía preventiva para identificar y detener a los responsables de los delitos que han llevado a esta suspensión del servicio.
Esta medida busca frenar los alarmantes índices delictivos que han afectado al sector del transporte con total impunidad en contra del gremio del transporte según informó Rivera Jaimes, quien recordó que desde diciembre del año pasado han denunciado la grave situación de violencia y la falta de garantías para los chóferes y concesionarios, quienes han sido objeto de extorsión y actos ilícitos por parte de grupos criminales.
A pesar de estas denuncias, las autoridades municipales han minimizado la situación, atribuyendo los incidentes a intentos de desestabilización, por lo que reiteró el llamado urgente al gobierno
para que priorice la seguridad de la población y del sector del transporte, evitando que continúen siendo blanco de grupos criminales.
Su demanda principal es que se garantice la seguridad necesaria para que puedan retomar sus actividades sin temor a represalias.
