Los alrededores parecen campo quemado. Un desguace de coches, construcciones de concreto sin terminar, algunos arbustos espinados que se meten en la calzada. Las señales advierten: “Esta carretera no es de alta velocidad”. Nada indica que estas torres con cenefa azul y hombres armados son la bienvenida al Centro Federal de Readaptación Social número 16. No hay carteles que indiquen que tras estas vallas y estos muros con concertinas viven 1.175 mujeres privadas de libertad. Las señales solo dicen: “Camino sinuoso, extreme precauciones”.
El Cefereso 16 es nuevo. Terminó de construirse a mitad de 2015 y el 27 de octubre entró en operación. Formaba parte del lote de ocho cárceles federales gestionadas por empresas privadas: los llamados CPS, Centros de Reinserción Privados. El 16 correspondía al Grupo Ideal, en concreto a la compañía CRS Morelos, que fue creada con el objetivo de ejecutar el millonario contrato que habían conseguido del Gobierno de Felipe Calderón. El pago que el entonces presidente mexicano y su secretario de seguridad, Gerardo García Luna, firmó en 2010 con las empresas fue de 276.619 millones de pesos, es decir, 16.500 millones de dólares entre las ocho prisiones. Un contrato blindado durante 20 años.
El CPS de Morelos nace así como una gigantesca mole, inspirada en las cárceles estadounidenses, capaz de albergar a 2.528 mujeres. Tania —nombre ficticio— fue una de las primeras en inaugurarlo. Acusada de secuestro, pero sin sentencia, el sistema la había hecho peregrinar por varias cárceles. La última había sido un anexo dentro de una prisión masculina. Llegó a Coatlán en diciembre de 2015 después de que el Gobierno decidiera recuperar para los hombres el espacio en el que ella residía. Recuerda las 12 horas de traslado, los golpes y el frío. También que era Navidad. Su regalo: una megacárcel a estrenar.
En México, las mujeres son solo el 5,7% de todas las personas privadas de libertad. Aunque el porcentaje ha ido creciendo con los años, ahora hay 13.300 mujeres presas en todo el país frente a 219.500 hombres. Y la única prisión federal de mujeres—pensada para aquellas castigadas por el fuero federal— siempre se quedó grande. Durante cuatro años de funcionamiento incluso tuvo menos de 1.000 reclusas, prácticamente un tercio de su capacidad.
Tania elige el rotulador morado para dibujar con cuidado el mapa de la cárcel donde pasó más de ocho años en prisión preventiva, antes de salir absuelta a principios de este 2024. El penal se compone de un hospital; una gigantesca área de industrias (donde solo hay una empresa maquiladora, Ivsomex, que da trabajo a algunas decenas de mujeres); un área llamada CENDI, para las madres que están criando a sus hijos (hasta final de 2023 había dentro nueve niños menores de tres años), y 10 módulos, divididos entre mínima, media y máxima seguridad. La prisión es tan grande que incluso dentro de los módulos el personal se mueve con vehículos. Se tardan más de 30 minutos en recorrer caminando en línea recta una parte del perímetro de la cárcel.
Las instalaciones son amplias y limpias. Con techos altos. Termina el croquis y Tania susurra: “Aquí es el mejor espacio, aunque es el más chico: la salida”.
Un contrato con Slim y muchos traslados
Hace más de cuatro años que el Cefereso 16 pertenece al hombre más rico de México. En 2019, Capital Inbursa, una de las ramas del grupo controlado por Carlos Slim, compró CRS Morelos y Makobil, otra empresa que tiene el contrato de la cárcel federal número 15, en Chiapas. También adquirió, en total por 5.785 millones de pesos (unos 350 millones de dólares), al mismo Grupo Ideal otras compañías derivadas con la administración de estos centros penitenciarios: Promotora de Infraestructura de Readaptación Social (PIRS), Operadora MTTO o Servicios de Personal SIS. La compra de estas compañías tuvo que ser aprobada en octubre de 2019 por el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). También está registrada en las memorias de las empresas. No había duda de la razón: “El principal activo de CRS Morelos es el CPS de largo plazo para la construcción y operación de un centro federal de reinserción social para mujeres en el Estado de Morelos”.
La prisión supone el ingreso mensual, al menos, de 136 millones de pesos (más de ocho millones de dólares al mes). La empresa a cambio debe proveer “un conjunto de elementos físicos, materiales y tecnológicos, así como ciertos servicios auxuliares”. Esto incluye, por ejemplo, el mantenimiento de las infraestructuras. El contrato entre las empresas y el Gobierno siempre estuvo reservado, por lo que no se sabe exactamente si hay más servicios tercerizados. En el caso del CPS de Morelos se conoce, a razón de un amparo, que la empresa también contrata a una ginecóloga para el centro, aunque supuestamente los servicios médicos, igual que los de seguridad, son responsabilidad del Gobierno.
En 2021, casi el 70% del presupuesto total para las cárceles mexicanas se iba en pagar los contratos privados otorgados por García Luna, condenado ahora por delincuencia organizada en Estados Unidos. “La adjudicación de los contratos se llevó a cabo de forma directa con las empresas señaladas. Existen procesos penales abiertos para investigar la responsabilidad de servidores públicos involucrados”, se lee en documentos de la actual Secretaría de Seguridad. Entre las ocho cárceles privatizadas, la que salía más cara para la Administración de Andrés Manuel López Obrador era justo la cárcel de Morelos.
En 2021 había dentro 806 mujeres y el Gobierno pagaba a CRS Morelos y Capital Inbursa 1.925 millones de pesos al año (115 millones de dólares), lo que suponía 6.634 pesos (unos 400 dólares) al día por cada mujer. El Cefereso 16 era el más caro no por la calidad de los servicios que tenían las mujeres, que no los tenían, sino porque era una cárcel a un tercio de su capacidad. “Los contratos son millonarios y cobraban la capacidad de la totalidad que tiene el centro penitenciario. La cantidad era estratosférica. ¿Qué hizo entonces el Estado? Empezó a cerrar centros penitenciarios no privatizados y trasladar a las personas a estos privatizados”, resume el director de Asilegal, José Luis Gutiérrez: “Ahí comienzan los conflictos”.
Las asociaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y las propias mujeres internas tienen identificado el mismo origen de la que sería después la peor crisis de suicidios en una prisión femenil: los traslados. En enero de 2022 había 781 mujeres en el penal de Morelos, se llegó a 1.224 en mayo de 2023. En poco más de un año, casi 500 mujeres llegaron como nuevas reclusas al Cefereso 16. Algunas venían de los centros federales cerrados, muchas también de prisiones estatales. Ni la cárcel ni ellas estaban preparadas.
Inocentes junto a la esposa del Mencho
Los traslados carcelarios deben ser, según la ley mexicana, algo excepcional, reservados para casos de delincuencia organizada, de seguridad del centro o de salud para la persona privada de libertad. La Constitución protege que los reclusos sigan su proceso y cumplan su sentencia en la cárcel más cercana a su domicilio. La CNDH expuso que un 80% de los traslados estudiados, que habían llegado al Cefereso 16, no estaban motivados por ninguno de estos supuestos. “En consecuencia, podrían poner en riesgo la integridad de las mujeres privadas de libertad”, se lee en su informe especial de enero de 2023. El 66% de las entrevistadas por la Comisión se autolesionó después del traslado, el 46% se colgó.
Se llegó a trasladar a mujeres embarazadas, lo que está prohibido expresamente en la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. La organización Cea Justicia encontró que trasladaron a mujeres desde una cárcel de Sonora en “represalia” por pedir un consultorio médico. Otras llegaron de centros estatales de Michoacán, Coahuila y Chihuahua, de Tamaulipas y Zacatecas. Venían acusadas de delitos del fuero común. Las 11 mujeres que fallecieron en 2023 habían sido trasladadas de otros penales.
El régimen de una cárcel federal es, en general, muy restrictivo. Las presas están 23 horas al día dentro de la celda. Las llamadas están limitadas a una a la semana, de máximo 10 minutos. Las visitas se permiten cada 11 días. La vigilancia y el control es total. La mayoría de los módulos del Cefereso 16 tiene el vater dentro de la celda, pegado a los barrotes, sin ninguna pared de por medio: las mujeres hacen sus necesidades mientras son vistas desde la entrada.
“Los efectos de la prisión federal en mujeres son muy fuertes: no viven, sobreviven”, apunta una experta en derechos humanos, que describe que son lugares pensados para un perfil muy determinado: relacionado con el crimen organizado, “altísimamente peligroso” o con mucho dinero, que podría extorsionar y conseguir control dentro de un penal estatal. Esta misma fuente, que visita habitualmente el CPS de Morelos, señala que sobra con una mano para contar los casos de mujeres dentro del 16 que cumplen estos requisitos.
Dentro de la cárcel de Coatlán del Río está presa Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, esposa del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, quien enfrenta una condena por lavado de dinero. También Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, sobrina del Z40, Miguel Ángel Treviño Morales, quien lideró a Los Zetas. Desde diciembre del 2023 está ahí recluida Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad, acusada de participar en un esquema de empresas fantasmas que obtuvieron contratos millonarios, paradójicamente, para supuestamente equipar las cárceles públicas federales del país. Pero estos perfiles son las agujas del pajar.
Ahora dentro del Cefereso 16 hay 1.175 mujeres y el 40% de ellas no tiene sentencia, según el cuaderno de estadística penitenciaria de marzo de la Secretaría de Seguridad. Es decir, hay 490 mujeres en prisión preventiva, que son a ojos de la justicia todavía inocentes y están siendo obligadas a seguir su proceso judicial durante años en una cárcel de alta seguridad. El de este año es el porcentaje más bajo desde que empezó a operar la prisión. En los primeros años de funcionamiento del CPS de Morelos, el 70% de las mujeres no tenía una condena, estaba de forma preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sancionado a México por el abuso de esta figura.
Aisladas 23 horas al día y sin médicos
El problema del 16 no es solo el régimen de una cárcel federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Pública Federal, junto con asociaciones como Cea Justicia y Asilegal, llevan años advirtiendo de las condiciones en las que viven las internas. Esto es parte de lo que se desprendía de recomendaciones de la CNDH justo antes de la ola de suicidios.
“Pasan muchos días sin bañarse por falta de autorización”. “No cuentan con insumos de higiene personal ni para el aseo de los espacios”. “Permanecen en sus estancias prácticamente las 24 horas del día, sin posibilidad de salir”. “Carecen de actividades de cualquier tipo: laborales, de capacitación, deportivas, educativas, culturales o recreativas. Por lo que se limitan a dormir, hablar con sus compañeras en caso de encontrarse cerca de alguna de ellas y esperar que pasen los días para realizar su llamada telefónica programada”. “Si las mujeres optan por comunicarse con su defensa dicha comunicación les es contabilizada como la llamada semanal que les permiten”. “Hay riñas sin intervención de las autoridades”. “El personal de custodia y seguridad es insuficiente a pesar de que la población de mujeres que se aloja corresponde a la mitad de la capacidad total. Las mujeres no pueden acceder a actividades al no haber personal suficiente que las traslade y supervise”.
En palabras de Tania, que estuvo más de ocho años presa en el 16: “¿Por qué las directoras se enfrentaron a una situación de suicidio? Porque no hay nada que hacer. ¿Sabes qué hay para hacer? Arrancarte el cabello, comerte el cabello, las uñas, lastimarte”. Sigue: “Hay tres maestros de deporte para más de 1.000 mujeres y 10 módulos. En el papel pone que te toca deporte, pero pues haz lo que tú quieras porque no hay maestros. Después te toca psicología pero pues no hay suficientes psicólogos. Te toca un taller, pero no hay fondos, entonces no hay material. No hay ni hojas de papel”. Termina: “Prácticamente, si estás en el Cefereso es como enterrarte en vida, seas o no culpable”.
Una brutal intoxicación en septiembre de 2022, de más de 400 mujeres, sacó a la luz la calidad de la alimentación que estaban recibiendo las reclusas dentro del 16. Ese servicio depende de la empresa Alimentos con Idea, subcontratada por el Gobierno. “Ahí dentro todas tienen hambre, todas, porque es muy poquita la ración”, apunta Tania. La investigación sobre la gastroenteritis infecciosa dejó probado que las mujeres recibían alimentos en descomposición. La CNDH reveló que no las trasladaron a un hospital y que tampoco había médicos para tratarlas.
La falta de atención médica es el principal problema dentro del Cefereso. Según los datos de transparencia, conseguidos por la Defensoría Pública Federal, en 2023 había en el centro dos auxiliares de enfermería, 19 enfermeras, un técnico de laboratorio, 14 médicos y un coordinador médico, en total 37 personas para 1.220 mujeres que había entonces. “La atención médica odontológica, psiquiátrica y ginecológica es inexistente”, anunciaba la CNDH. Tampoco había medicación: el centro no cuenta con abasto de medimentos para enfermedades crónicas ni para generales. Se puede tardar tres meses en conseguir un paracetamol. Solo el año pasado, la defensoría presentó 611 peticiones administrativas y 64 controversias en materia de salud, para exigir al penal que se haga cargo de la atención médica.
“Mi madre sufre fibromialgia y bradicardía, lo único que necesita es ibuprofeno, solo para el dolor, llevan como nueve meses sin dárselo”, cuenta llorando Daniela —nombre ficticio—, que después de tres años acaba de salir del Cefereso 16, también absuelta de todos los cargos. “Se está quedando ciega. Le late lento el corazón. El centro le ha provocado muchas cosas. Mi familia me enseñó cajas y cajas de medicamentos que no les recibieron. El centro atenta contra la vida de las personas que están allí. Yo jamás había visto como un cáncer se comía a una persona y lo podía escuchar: mis compañeras se morían”.
En 2022, el colectivo Artículo 20 denunció el deceso de tres mujeres con enfermedades crónicas que habían sido trasladadas sin justificación al Cefereso 16 desde el penal de Las Cruces, en Guerrero. “Tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, contó en julio la hija de Guadalupe Merino, una enferma de cáncer que estaba estable hasta llegar a la cárcel federal: “La dejaron morir”.
Las mujeres han muerto ahí dentro desde su inicio. En 2015, la cárcel solo estuvo dos meses y tres días en funcionamiento y ya falleció la primera mujer, según los datos del Instituto Nacional de Transparencia. Desde que entró en operación solo 2017 acabó sin fallecidas. Fueron tres en 2020, cuatro en 2022, 12 en 2023. Todas las muertes sucedidas bajo custodia del Estado son, por ley, responsabilidad del Estado.
Atadas de pies y manos durante una semana
Los traslados, la incomunicación, la falta de atención médica y psicológica, el aislamiento total, “estaba conduciendo a las mujeres a autolesionarse”, advirtió la CNDH en enero de 2023, unos meses antes de la crisis de suicidios. “Se cortan como medida de protesta y reclamo, también se suspenden de las rejas de su celda”. En respuesta, según el organismo de derechos humanos, el 25% fueron esposadas de manos y pies en una cama entre ocho y 20 días. Una decisión que en ningún caso estuvo avalada por el médico: “Se percibe como una medida disciplinaria con la finalidad de que la mujer no vuelva a atentar contra su vida”.
Una mujer denunció haber sido torturada por parte de oficiales hombres el 17 de marzo de 2021, que la golpearon, la gasearon y la tuvieron siete días esposada de manos y pies en el hospital, recoge la CNDH. Esta contención forzada, conocida como sujeción a cuatro puntos, es contraria a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y está identificada como “un riesgo en la atención psiquiátrica, siendo potencialmente peligrosa y no terapéutica”. “En el Cefereso 16 se ha documentado la contención mecánica como un método de común uso en la contención de crisis de salud mental en las internas”, recoge el Instituto Federal de Defensoría Pública, que entrevistó a nueve mujeres que habían estado atadas, de uno a 17 días, en los que no se les permitió comer por sí mismas o acudir al baño.
No hay datos exactos sobre cuántas mujeres han intentado suicidarse dentro del 16 en estos años. Tampoco de cuántas exactamente tienen depresión u otras enfermedades mentales. Están los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que ya en 2020 identificaron a 161 internas, de 812, con conductas de riesgo. Es decir, el 20% de la cárcel tenía riesgo suicida. Una cifra extraordinaria entre las prisiones federales: el siguiente en número era el CPS de Oaxaca con 1,5% de población en riesgo. Otra muestra, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, identificaba que de 35 mujeres entrevistadas: el 68% tenía riesgo de atentar contra su vida, de ellas, la mitad tenía una probabilidad alta.
Todas las alarmas estaban prendidas. El aislamiento total, la falta de atención médica, la deficiente alimentación, los castigos, el altísimo riesgo de suicidio por enfermedades mentales. Todas habían sido notificadas a las autoridades del Cefereso 16. Todas fueron ignoradas. Hasta que llegaron las muertas.
Cronología de las muertes
A las 22.18 horas del 19 de marzo de 2023 se recibió la alerta en el área de Seguridad. Una de las mujeres había cubierto con sábanas la puerta de su estancia. Se oyeron los gritos: “No manchen, ya se va a colgar, no hagas una tontería, no lo hagas”. La custodia tardó 20 minutos en llegar. No contaba con ninguna herramienta para romper las sábanas que tenía amarradas al cuello. Cuando siete minutos después llegó el médico, ya había fallecido. Tenía 25 años, había llegado el 4 de febrero de 2022 desde el penal de Nazahualcóyotl, en el Estado de México. Desde su tralado no había recibido una sola visita. Llevaba tres meses con ansiedad, temblor de manos, dificultad para dormir y sudor extremo. Había sido valorada por Psicología. “Pero no se emitió un diagnóstico ni tratamiento eficaz que favoreciera su condición de salud mental”, apunta la CNDH tras su investigación. La semana anterior otras compañeras habían intentado suicidarse, no lo lograron, pero en el módulo había “miedo y tristeza”.
Cuando se quitó la vida la segunda mujer ya era 24 de julio. “A las 20:39 horas, escucho gritos del resto de la población interna, quienes me decían ‘diríjase al Módulo D porque ya se colgó', observando recostada en el suelo a la víctima, emito el código blanco y procedo a brindar los primeros auxilios sin obtener respuesta alguna de su parte”, se lee en el testimonio de la agente de seguridad que la encontró. Sin embargo, la guardia no pudo ayudarla, porque en ese momento recibió otra llamada de ayuda: en otra estancia otra mujer estaba también tratando de quitarse la vida. Dejó a la primera y se fue con la segunda. “Esto evidenció la omisión de la agente en salvaguardar la integridad y vida de la víctima, y que el personal de seguridad resulta insuficiente para atender las demandas al interior del Cefereso 16″, afirma la CNDH, en su informe especial de 2024, que omite los nombres de las mujeres fallecidas y del personal de la prisión.
Esta víctima tenía 32 años, había llegado en mayo de 2022 al CPS de Morelos desde el penal de Ciudad Juárez (Chihuahua). El 3 de febrero ya había intentado quitarse la vida. Sin embargo, dice la CNDH, “no se realizó valoración en Psiquiatría, no se observó algún diagnósitco ni plan de tratamiento para reducir el riesgo de comportamiento suicida, no se solicitó la activación del protocolo”. Dos días antes de suicidarse, la víctima había recibidido una llamada telefónica de problemas con su familia y su ánimo había decaído mucho. Fue una “omisión del personal responsable”, concluye la CNDH. La familia tuvo que solicitar una prórroga para ir a recoger el cuerpo hasta Morelos. No tenían dinero para ir antes.
En la mañana del 2 de agosto falleció la tercera mujer. Desde febrero había sido diagnosticada con síntomas ansiosos y probable trastorno límite de la personalidad. El 1 de agosto contó que se sentía mal, que había perdido el apetito. También se autolesionó. Al día siguiente estaba muerta. “Había riesgo suicida que no fue evaluado por especialistas”, dice la CNDH, que recoge que todo lo que hizo la cárcel fue darle a su llegada un tríptico de “prevención del suicidio”. Tenía 38 años, había llegado en enero de 2022, desde el penal de Ecatepec (Estado de México). La familia de ella señaló a derechos humanos que había sido víctima de agresiones físicas por parte del personal de seguridad del Cefereso 16.
El 14 de agosto, una de las mujeres estaba trabajando en el área de industrias. Solicitó regresar a su módulo porque se sentía mal de salud. Se ahorcó a los pocos minutos de entrar en su celda. No la pudieron reanimar. Tenía 31 años. Llegó en mayo de 2022 al Cefereso 16 desde la cárcel estatal de Aquiles Serdán, en Chihuahua. Ya allí en 2021 le habían diagnosticado “trastorno de la personalidad histriónica”. No tenía familia y estaba “en completo abandono”, según la CNDH. Había tenido una pareja dentro de la cárcel, pero había terminado hacía tres meses. Fue la cuarta víctima.
Acababa de ser el primer pase de lista del 3 de septiembre. A las 05.55 el personal de seguridad ingresó al módulo tras los gritos de las mujeres: “Oficial, apertura, ¡ya se colgó!”. La víctima estaba acostada sobre un colchón. La guardia afirmó que las mujeres le arrojaron objetos para impedirle entrar en la celda. Tardaron 20 minutos en verificar sus signos vitales. A las 06.15 se declaró su muerte. Tenía 41 años, hacía justo un año que había sido trasladada desde un penal de Nayarit. Era de Ciudad de México y llevaba en prisión desde 2015. Sus compañeras la definieron como “muy tranquila” y que “no se metía en problemas”. Su muerte fue en el módulo “algo muy impactante”. La familia criticó irregularidades en las imágenes que le mostraron sobre el presunto suicidio.
El 21 de septiembre, a las dos de la mañana se trató de reanimar a la sexta mujer. Hacía solo un mes que había entrado en el Cefereso 16, trasladada también de Nayarit. Era originaria de Tepic y tenía 44 años. Fue diagnosticada a su entrada con “trastorno de la personalidad antisocial”, pero no se activó el protocolo de prevención del suicidio. El 2 de septiembre sufrió un síncope. Era “sumamente tranquila”. Ese día había recibido una llamada de su defensor, quien le dijo supuestamente que “no podía hacer nada por ella y ya sabía lo que le esperaba”. El parte médico refiere heridas en el cuello y rigidez en las extremidades. La hora de defunción fue a las 02.25 y el diagnóstico: “Paro cardiorrespitario secundario a probable asfixia por ahorcamiento”.
Todo lo siguiente se precipita muy rápido. La CNDH deja de hacer las investigaciones individuales para abordar el problema en su conjunto. En su recomendación especial, de más de 200 páginas, apenas hay datos de las mujeres que fallecieron el 24 de octubre, el 4 de noviembre, el 8 de noviembre, el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. Solo consta la petición de oficios de los trámites y de los expedientes clínicos, que no reciben por parte de las autoridades del Cefereso 16.
La muerte sin aclarar de Diana Janeth Treviño
La llamada sonó en la tarde del 4 de noviembre, desde el Cefereso 16, y decía: “Le queremos comunicar el deceso de su familiar con número 503″. ¿Cómo? Martha Padilla había hablado con su hija el día anterior, hacía poco más de un mes que había ido a visitarla. ¿Cómo que estaba muerta?
Diana Janeth Treviño tenía 42 años, había nacido en Estados Unidos, pero crecido en Monterrey (Nuevo León). Había estudiado Filosofía y Literatura comparada en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Era maestra de inglés cuando en 2011 fue detenida por militares en Coahuila. “La desaparecieron por días. Cuando la presentaron en Ciudad de México estaba golpeada, torturada”, relata su madre. La acusaron de delincuencia organizada y empezó la travesía de muchas: primero la mandaron a Mexicali, después a Tepic, en 2015 a estrenar el Cefereso 16. Su madre nunca dejó de visitarla, de exigir justicia. Cuenta que en 2018 consiguió la absolutoria por la detención ilegal. Sin embargo, la Fiscalía apeló y Diana siguió en prisión.
Martha envía varias fotos de su hija dentro del Cefereso 16: con el uniforme beige, vestida de ángel en una representación, con un vestido rojo en una clase de danza folclórica. En todas sale arreglada y sonriente. “Era muy coqueta”, relata. Diana había conseguido que le permitieran tener un pequeño taller de papelería y libretas dentro de la prisión. Su madre le mandaba los materiales y ella los compartía con otras dos compañeras. La última vez que la vio le contó que se lo habían quitado. “Ya sabes como hay otra titular y otras internas... Pero la cordialidad ante todo. Yo no me voy a pelear con nadie”, cuenta su madre que dijo.
Padilla se despidió de su hija un domingo de final de septiembre. No la volvió a ver, pero la llamaba cada semana. Cuenta que la notaba preocupada. Un día le dijo que estaba muy golpeada y no la habían querido llevar a la enfermería. A la siguiente llamada le reconoció que no podía dormir, que la estaban “maltratando bastante”. “No me dijo quién, porque las llamadas se graban, pero me dijo que se estaban portando muy mal con ella. Yo le dije ‘acuérdate del autocontrol, de la meditación’. Ella me enseñó a mí del mindfulnes, del yoga. Acá fuera lo busqué en el internet”, relata Padilla. Diana había aprendido a mantenerse tranquila después de 12 años en cárceles. “Yo le decía: ‘Tú puedes sola, tú tienes que estar tranquila’, para animarla”.
Diana llevaba semanas desesperada pidiendo un cambio de estancia. Su madre no sabe si por las compañeras, las custodias o ambas. Ha conocido que su hija incluso se autolesionó para poder estar días más tranquila en la enfermería. El viernes 3 de noviembre habló con ella a las tres de la tarde: “Estaba contenta porque había ganado un amparo de su caso”. Ya veía más cerca la salida.
A las seis de la tarde se registró la muerte de Diana Janeth Treviño. A su familia no le dejaron ver el cuerpo. “Fuimos a comprarle un vestido y el ataúd. La señora que arreglaba los cuerpos me dijo: ‘Su hija parece que está dormida, no necesita cuello alto, porque no tiene las marcas como las otras’. Pero ya la tenían en un cubículo, no nos dejaron acercarnos. Yo quería abrazarla. Ella estaba bien envuelta en una sábana, le destapé los pies, y le vi un moretón bien grande y en la pierna”, llora la madre.
Martha Padilla reclama al Cefereso 16 que las justificaciones de la muerte de su hija no fueron válidas ni suficientes. Una mujer del personal les dijo que la muerte de Diana se debía a que era una “enferma mental”. “¿Qué psiquiatra diagnosticó a mi hija? ¿Cuándo? ¿Por qué no me avisaron? Si dicen que era una enferma mental, ustedes son doblemente responsables. Porque su vida estaba en sus manos. A lo mejor para el centro mi hija es un número más, pero para mí era mi hija, era una hermana, una madre, una abuela”, dice firme y termina: “Ella era muy valiosa”.
Las reponsabilidades
La Comisión de Derechos Humanos encontró que la “insuficiencia” en el personal de custodia, en los programas de prevención de adicciones, en la “deficiencia” de atención a las mujeres aisladas y “las deficiencias” en los servicios de salud fueron las “irregularidades que pueden derivar en la comisión de suicidio como efectó dominó, como ocurrió en este caso”. El órgano detectó que se vulneró el derecho a la protección a la salud de todas las mujeres, porque no se dio “ningún tipo de invevención eficaz” y porque “no se efectuó ninguna acción firme y contundente sobre el clima emocional que impera en el centro penitenciario que pudiera advertir los riesgos que estaban orillando a las mujeres a privarse de la vida”.
En ese tiempo en el Cefereso 16 hubo tres directoras. Gabriela Cerón estuvo en el cargo desde 2019 hasta mayo de 2023, cuando llegó Jazmín Borbón Ochoa. Esta funcionaria —que ha sido directora de al menos cinco prisiones federales— acumula denuncias por malos tratos a personas privadas en libertad en el CPS de Oaxaca, donde estuvo en 2015; en el Cefereso 8 de Sinaloa, que dirigió en 2020, en plena pandemia de covid-19, y las familias pidieron la intervención de la CNDH porque había privatizado el agua potable, se habían detectado golpizas y una incomunicación total; y también en el Cefereso 4, de Nayarit, donde dos presos le pusieron una denuncia ante la FGR por torturas. Bajo su mando ocurrieron la mayoría de los suicidios, en plena crisis ordenó prohibir las videollamadas “por seguridad”. Salió después de la muerte de Diana Treviño.
En noviembre de 2023 llegó Angélica Ramírez Gervasio, quien está pagando de su bolsillo las multas por incumplir las controversias impuestas por el Instituto de Defensoría Federal, que logró que un juez ordenara la atención permanente de un ginecólogo en el Cefereso 16 y de un pediatra para los niños que viven ahí dentro.
El Cefereso 16 depende del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (OADPRS), que a su vez es parte de la Secretaría de Seguridad federal. La dependencia no ha contestado a las preguntas de este periódico y ha remitido a una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que responde Rosa Icela, secretaria de Seguridad. “Se trabaja de manera interinstitucional en un modelo integral que considere la asignación de recursos materiales, humanos, necesarios que permitan el buen funcionamiento de las áreas, atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres, así como la urgencia de implementar acciones en materia de salud, tendientes a brindarles una buena atención médica”, dijo la funcionaria el 14 de mayo. También apuntó: “Las internas se sienten abandonadas por sus familias y sus redes de apoyo debido a la distancia”.
El protocolo de Minnesota considera al Estado responsable de estas mujeres y por tanto de sus muertes. Pero no solo al Gobierno. “Sin perjuicio de las obligaciones del Estado, la misma presunción de responsabilidad se aplicará a las autoridades que gestionen las prisiones privadas”, se lee en la norma de la ONU para investigar muertes potencialmente ilícitas. Capital Inbursa, al cierre de esta edición, no había respondido a las preguntas de este periódico.
Después de la crisis
En 2024 no se ha registrado ningún suicidio. Tampoco ha habido más traslados. Algunas fuentes señalan que se han flexibilizado las llamadas después de la espiral de suicidios, hasta dos por semana, también que se están consiguiendo más empresas para dar trabajo dentro a las mujeres. “Nosotras no vemos un cambio estructural que nos permita saber que realmente se están tomando decisiones profundas para atender la crisis dentro del centro”, relata la abogada Sofía de Robina, de la Defensoría Pública, “y eso podría hacer que las condiciones estén dadas para que pudieran seguir ocurriendo casos”.
La investigación de los 11 suicidios de 2023 está en manos de la Fiscalía General de la República. Los amparos solicitados por el Instituto de Defensoría Federal, para garantizar la atención médica urgente para 58 mujeres, han sido concedidos de manera provisional y el juicio sigue. Para la audiencia están emplazadas Capital Inbursa —pese a que respondió al juez que la empresa “no había celebrado ningún contrato de prestación de servicios mediante el cual se obligue a garantizar el adecuado funcionamiento del CPS 16, por lo tanto no debe dársele carácter de autoridad responsable”—, CRS Morelos y Alimentos con Idea. La Defensoría también ganó dos controversias con efectos generales, en septiembre y en abril, para que las mujeres dentro del Cefereso 16 tengan atención ginecológica y psicológica. Sin embargo, este año han continuado las autolesiones y las sujeciones forzadas. “La forma en la que se está teniendo la salud mental es totalmente fuera de las condiciones dignas”, apunta De Robina, “además seguimos escuchando condiciones muy adversas de salud para las mujeres: ocurren visitas médicas pero no hay ningún seguimiento y no se les pueden entregar los medicamentos”.
Daniela lleva 13 días fuera del Cefereso. Esta licenciada en negocios internacionales no recuerda ahora los nombres de sus hermanos. Le asustan los ruidos de los coches. Le han diagnosticado estrés postraumático. “También tienes impotencia de estar fuera”, dice, “porque la soledad, la tristeza, todo lo que se siente ahí dentro da mucho miedo y hay demasiadas mujeres ahí que ese mismo miedo ahorita”. Más de 400 mujeres sin sentencia siguen atrapadas en el 16.
