Se trata de la llamada Compensación Vitalicia por Justicia Social (CVJS), que el Ejecutivo federal creó en agosto de 2022 en favor de más de 7 mil empleados que tenían, entre 19 años 6 meses y 25 años de antigüedad, cuando se decretó la liquidación de la paraestatal en 2009, es decir, no tenían los años de trabajo que el contrato colectivo de LyFC requería para jubilarse.
Desde 2006, el gremio y su dirigente durante 20 años, Martín Esparza, han sido aliados políticos y electorales de AMLO.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) informó en la Cuenta Pública de 2023 que al cierre de ese año ya se habían pagado 3 mil 537 millones de pesos, y que el estudio actuarial elaborado en diciembre de 2022 -hasta ahora no conocido públicamente-, estimó el pasivo total creado por la CVJS en 26 mil 980 millones de pesos.
En 2023, el Indep pagó mil 802 millones de pesos a 7 mil 133 beneficiarios, un promedio de 21 mil pesos mensuales -aunque hay quienes ganan hasta 75 mil pesos-, y el monto se tiene que actualizar en marzo de cada año según la inflación.
Es probable que el padrón de beneficiarios seguirá creciendo. "Existen personas ex trabajadoras que cumplen con los requisitos para adherirse a la CVJS, pero no han firmado el convenio de incorporación por diversas causas", advirtió el Indep.
En todo el sistema de prestaciones sociales del país no existe una sola pensión como esta, que no deriva de ley, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, sino de un acto unilateral del Presidente.
¿A QUÉ EQUIVALE?
Los 27 mil millones de pesos que destinará el Gobierno federal al SME equivalen a:
· El presupuesto para 7 años y 8 meses del INAI, IFT y Cofece, organismos autónomos que AMLO quiere desaparecer. (Para 2024, su presupuesto anual combinado es de 3 mil 474 mdp)
· El gasto de 29 años de la oficina de Presidencia (Presupuesto en 2024 fue de 924 mdp)
· Construir dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado. (12 mil 600 mdp costo promedio de cada planta que CFE busca terminar)
