La Fiscalía Anticorrupción de Morelos deberá llamar a cuentas a los 30 diputados que formaron la LII Legislatura para que expliquen sus omisiones al no sancionar al exgobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, por el daño al erario con el mal uso de un crédito por más de tres mil millones de pesos que fue dictaminado por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), a la que prefirieron extinguir para liberar al entonces gobernador de su responsabilidad, aseguró en entrevista exclusiva para La Jornada Morelos, Gerardo Becerra Chávez.
El denunciante en el caso por el que el miércoles fue notificada Lucy Meza Guzmán quien fuera presidenta del Congreso de Morelos en aquella legislatura y hoy es candidata a la gubernatura por la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, aseguró que el crédito contratado por la administración de Graco Ramírez fue, en efecto, auditado por el ente de fiscalización del Congreso local, entonces la ASF, que estaba a cargo de Luis Manuel González Velázquez; en aquél documento, cuya copia completa y certificada obra en la carpeta de investigación, se detectó daño al erario y observaciones resarcitorias que la LII Legislatura determinó ignorar, acusó.
¿Quiénes formaron la LII Legislatura?
Aquella Legislatura estaba integrada por Jordi Messeguer Gally, Carlos de la Rosa Segura, María Teresa Domínguez Rivera, David Martínez Martínez, Arturo Flores Solorio, Juan Ángel Flores Bustamante, Raúl Tadeo Nava, Lucy Meza Guzmán, por el Partido de la Revolución Democrática; Héctor Salazar Porcayo, Alfonso Miranda Gallegos y David Rosas Hernández del Partido del Trabajo; Joaquín Carpintero Salazar y Fernando Guadarrama Figueroa de Movimiento Ciudadano; todos ellos parte de la coalición que postuló a Graco Ramírez a la gubernatura.
Además, incluía a José Manuel Agüero Tovar, Juan Carlos Rivera Hernández, Humberto Segura Guerrero, Isaac Pimentel Rivas, Manuel Martínez Garrigós, Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari Espín y Antonio Rodríguez Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional; Ángel García Yáñez, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Gilberto Villegas Villalobos, del Verde Ecologista; Erika Hernández Gordillo, de Nueva Alianza; Roberto Carlos Yáñez Moreno, por el Social Demócrata; y Arturo Arizmendi Santaolaya, Erika Cortés Martínez, Javier Bolaños Aguilar y Amelia Marín Méndez, por Acción Nacional.
Y aunque Gerardo Becerra advierte que Matías Nazario, Javier Bolaños y Rosalina Mazari votaron en contra de la aprobación del crédito, reconoce que también tendrían que explicar por qué no denunciaron jurídicamente el daño al erario detectado por la ASF, y su participación en la extinción de la Auditoría y la creación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que habría servido, aseguró, para ocultar los resultados de la auditoría y emitir un nuevo dictamen que ignoraba las irregularidades.
Un daño al erario por casi dos mil millones
Becerra recuerda que el crédito había sido solicitado para obras en los municipios, y luego su destino fue cambiado a otras necesidades. Adicionalmente, señala, el monto del crédito original, cuando fue solicitado era de 2 mil 249 millones de pesos; luego fue de 2 mil 806; y luego, el Congreso anunció una auditoría ya por casi 4 mil 185 millones de pesos.
En la auditoría firmada por Luis Manuel González Velázquez, un largo documento que estuvo perdido por años, se determina el probable daño a la Hacienda Pública Estatal por más de mil 853 millones de pesos. A partir de ello, asegura Becerra, se determinó la desaparición de la ASF y se creó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a cargo de Vicente Loredo quien cambió el dictamen de observaciones resarcitorias a meramente administrativas.
Becerra negó que la denuncia tenga un componente político -electoral y aseguró que apenas hace unos meses reapareció la auditoría original, por lo que el 13 de mayo se presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, y pudo procesarse rápidamente por la cantidad de pruebas plenas con que se adjunta. “No es un asunto electoral, es de justicia”, advirtió, y señaló que Graco Ramírez y los diputados de la LII Legislatura tendrían que ser llamados a rendir cuentas.
Un delito continuado
Gerardo Becerra expuso que si bien podría alegarse la prescripción de algunos de los delitos cometidos, lo cierto es que el crédito se sigue pagando, porque se puso como garantía las ministraciones federales de recursos para el pago; lo que se traduce en un delito continuado, y que en todo caso corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción determinar por cuáles de las conductas deberá buscar sanción.
Entre otras irregularidades, recordó, está el uso más de 200 millones del crédito en el pago de nómina del Instituto de la Educación Básica de Morelos, lo que no está permitido; y la realización de casi la totalidad de las obras sin proyecto ejecutivo ni licitación.
Aseguró que confía en el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, “porque a mí nunca me ha quedado mal, porque es la institución competente y porque de los casos que hemos denunciado antes hay procesos penales y gente que ha sido sancionada ya”.
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