Al fallecer, sus familiares recibirán montos que van de 22 a 35 millones de pesos
Las esposas de los cinco ex presidentes están incluidas en un seguro de vida institucional contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (el cual renueva cada cuatro años la dependencia con aseguradoras privadas para proteger a los funcionarios de la administración pública federal), por lo que ellas también están aseguradas como si fueran funcionarios en activo.
Según consta en el anexo cuarto del ‘‘contrato plurianual del seguro de vida institucional para las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos de la República (LPNM006004-008/2010)’’, que estuvo vigente del año 2010 a diciembre de 2014 –del cual tiene copia La Jornada–, una vez que fallezca alguna de las esposas de los ex presidentes vivos, sus beneficiarios recibirán una cobertura de protección equivalente a 80 por ciento del monto de la pensión vitalicia de sus esposos (tasada en 205 mil 122 pesos mensuales).
Esa cantidad se multiplica por 108 y hasta 175 meses, de acuerdo con el total de meses en que los propios ex presidentes potenciaron (con sus recursos) para aumentar el tiempo de la cobertura del seguro, que incluye 40 meses de cobertura gratuita para ellos, pero con cargo al erario. Por ahora y hasta 2018, Grupo Nacional Provincial (GNP) tiene la titularidad del contrato de protección de seguro institucional de servidores públicos.
Esta protección incluye las mismas condiciones que el que tuvo antes Metlife. La Constitución Mexicana no prevé la prestación de un seguro de vida gratuito para los ex presidentes, ni mucho menos para sus esposas.
El artículo 30 de un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que expide el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, menciona de manera ambigua que los ex presidentes y sus cónyuges forman parte ‘‘de la colectividad o del grupo asegurable’’ de la Oficina de la Presidencia de la República.
En el área de contrataciones del portal de transparencia del gobierno se informa que el monto total que Hacienda pagó en 2010 a la aseguradora Metlife (ganadora en esa ocasión de la licitación pública) por concepto del seguro de vida institucional para servidores públicos fue de 7 mil 413 millones 526 mil 400 pesos por tres años de vigencia.
El gobierno federal pasa actualmente por una crisis financiera derivada del alto endeudamiento. Por ello, en días pasados la SHCP presentó el proyecto de presupuesto para el siguiente año, que implica un considerable recorte a obra pública, educación, salud y otros sectores sociales, pero dejó intocados los sueldos y prestaciones de la alta burocracia, entre ellas el beneficio para los ex presidentes y sus esposas de un seguro de vida gratuito.
Los documentos contractuales que posee este diario (firmados entre Metlife y la SHCP) refieren en su anexo cuarto que ‘‘todos aquellos ex presidentes formarán parte de la colectividad asegurada de la Oficina de la Presidencia de la República. Actualmente se tienen cinco ex presidentes con las siguientes edades y sumas aseguradas:
‘‘Felipe Calderón, con una suma asegurada de 40 meses (gratuitos), potenciada (con dinero del ex funcionario) hasta 108 meses; Vicente Fox, 40 meses potenciados hasta 175 meses (lo que le dará derecho a que sus beneficiarios reciban 35 millones 371 mil pesos cuando fallezca); Ernesto Zedillo, 40 meses potenciados hasta 108 meses; Carlos Salinas, 40 meses potenciados hasta 108 meses; Luis Echeverría, 40 meses potenciados a 108 meses.
‘‘La pensión que perciben los ex presidentes es el equivalente a la precepción ordinaria que corresponde a un secretario de Estado nivel GA1, con un monto de 205 mil 122.06 pesos mensuales, vigentes al ejercicio fiscal 2014.
‘‘El cónyuge supérstite (sobreviviente) de un ex presidente gozará con el carácter de asegurado (a) del seguro, solamente con la cobertura de fallecimiento, por un monto equivalente a 80 por ciento en términos netos de la suma asegurada que corresponderá al titular de esta prestación, que para el presente caso es un ex presidente y se deberá calcular sobre la percepción ordinaria del mismo. La suma asegurada del cónyuge supérstite se calcula de la siguiente manera: 80 por ciento de lo que resulte de multiplicar 205 mil 122.06 pesos por cuarenta o por el total de los meses potenciados. Actualmente se tienen dos cónyuges supérstites (Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, y Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid)’’.
Los documentos que ahora se hacen públicos fueron entregados al juzgado tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México (expediente 308/2016) por autoridades de Hacienda.
El caso fue destapado por el doctor en derecho Jesús Alberto Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, quien representa al ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública Juan Francisco Castellanos, quien causó baja por problemas de salud y a quien las aseguradoras GNP y Metlife se han negado a cubrir los seguros de invalidez a los que tiene derecho.