La violencia sigue imperturbable en México, antes de la campaña como después de las votaciones, un periodo en el que solo se acrecientan los crímenes, cada elección con más sangre que la anterior. Cuando todavía se están recontando votos y ajustando los asientos en las Cámaras legislativas, mientras el presidente traspasa poderes a su sucesora, las noticias cuentan de un alcalde electo acribillado a balazos, otro que dejó de serlo, también muerto a tiros, y Estados Unidos frenando temporalmente la importación de aguacates porque dos de sus inspectores fueron retenidos a la fuerza por mafiosos. Hoy como ayer. Los comicios solo fueron un paréntesis para soñar con una democracia completa. La gran asignatura pendiente de cualquier gobierno mexicano, un promedio de 100 personas asesinadas al día, sigue esperando una solución. Los ciudadanos parecen haber bajado los brazos y votan por lo que les resuelve el día a día, un mejor sueldo, ayudas sociales, mejores condiciones laborales. La inseguridad, dicen los analistas, ha salido ya de sus cálculos políticos.
Hay miles de ciudadanos, millones quizá, cuya principal preocupación es el constante ruido de las balas y los sobornos a sus negocios, por más humildes que sean. Pero esa realidad no es la de todo el país, se concentra en ámbitos rurales y en algunos Estados, como Chiapas, Michoacán, Durango, Jalisco, Guanajuato. Para el resto, ese día a día mirando a la espalda “ha terminado por convertirse en un telón de fondo”, dice Romain Le Cour, experto senior en Global Initiative (GI-TOC), que lleva años analizando la violencia en México. “También para los medios de comunicación ha perdido relevancia, se percibe un estancamiento, un cansancio entre el electorado y las autoridades, cuando ya no se sabe qué estrategias aplicar ni cómo se puede atender esto o si algo va a cambiar”, dice el experto.
Sigue habiendo noticias terribles a diario, pero se ha convertido en algo cotidiano. En estas elecciones, dos asuntos se revelaban cruciales para mover el voto: la pobreza y la violencia. A decir de los resultados, ha ganado el primero. El partido en el Gobierno ha recibido tan enorme respaldo que las proclamas de la oposición, centradas en la inseguridad, se han difuminado. Si alguna de las políticas de Andrés Manuel López Obrador merecen un cero, esa ha sido la lucha contra la violencia, que no ha reducido las cifras como para que el cambio sea siquiera perceptible. “Cada persona tiene un solo voto, y hay que castigar, premiar o evaluar. La violencia es cercana, pero también lejana y en este país ha habido una transformación prometida a nivel social. Creo que la gente vive mejor, que se han reivindicado su dignidad y sus opiniones y eso es algo que se siente de inmediato en el contexto personal y familiar, de modo que los ciudadanos piensan: a mí lo que me incumbe es la economía”, sostiene la presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), Paola Zavala Saeb.
Esta especialista percibe un cambio de prioridades en México, que hace unas décadas se centraban en la democracia, después de 70 años de priismo, desgaste institucional y corrupción rampante. La sociedad civil organizada tenía en la mira entidades como el INE, el Instituto de Transparencia y otros “que empujaban una lucha donde se encontraba la mayoría. Ahora, más que todo eso y que la propia violencia, lo que prima es el anticlasismo, el antirracismo y la equidad social”, opina Zavala Saeb. En todo caso, sostiene, “el nuevo gobierno ya tiene un sexenio anterior, no podrá repartir responsabilidades más atrás. El referente ahora serán ellos mismos, Morena, para reducir las horas de la jornada laboral, implantar un nuevo sistema judicial o combatir la violencia. Los tomatazos, si los hay, serán solo suyos”, advierte.
“Quizá hay una forma de fatalismo frente a la violencia en México, quizá la ciudadanía percibe que nadie lo podrá solucionar”, añade Le Cour, “un cansancio con dinámicas violentas instaladas en el país que les lleva a pensar en otras cosas al emitir su voto, notan una mayor justicia social y apoyan masivamente al Gobierno por lo económico, pero no hay por qué menospreciar lo económico para sentir también la importancia de la inseguridad”, advierte el experto.
Para Le Cour, el asunto de la violencia en las campañas, aunque también parece adormecer a la población, es algo que hay que observar con otra temporalidad. No es solo los candidatos que matan en ese periodo, “hay que poner atención después de los comicios. Nada garantiza que quien ha ganado no pierda la vida días después, o años después. O incluso quien perdió en las urnas, o el que abandonó definitivamente la política. Ha quedado demostrado que la protección está fallando y que la vulnerabilidad de estas figuras persiste en el tiempo”, afirma.
Aunque la población haga oídos sordos a la violencia y eso apenas impacte el resultado electoral, alguien tendrá que poner fin a la terrible estadística mexicana, porque, como señala Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, “las campañas son solo una coyuntura, algo que responde a la lucha por el poder”, pero la violencia persiste después, inmutable, “porque los delincuentes no encuentran un objetivo para frenar sus acciones. No tienen miedo al Gobierno en el que no ven una estrategia definida y siguen su lógica de siempre”. Benítez Manaut es pesimista respecto al próximo sexenio, habida cuenta de la continuidad que promete con el anterior. “Creo que lo policiaco y lo militar, que ahora están peleados por el control de la Guardia Nacional, seguirá siendo lo mismo. No es un tema, parece que solo se habla de la reforma judicial”, afirma.
De la inseguridad no solo dependen las vidas humanas, también el progreso, como se ha recalcado en esta campaña. Los inversores extranjeros necesitan tanto las garantías laborales como un territorio seguro en el que implantar sus empresas. Como en un círculo, lo económico se une aquí a la seguridad, de modo que no puede soslayarse lo uno sin vulnerar lo otro. Con la reforma judicial se ha hecho mucho hincapié en convencer a los mercados de que ciertas reglas del juego no cambiarán, pero la violencia sigue poniendo el tablero patas arriba. No bastará con decir, como ha hecho el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, respecto al parón aguacatero, que los inspectores estadounidenses no corrieron ningún riesgo, que solo fue un bloqueo carretero en el que se vieron implicados sin que su actividad como inspectores sanitarios de la fruta tuviera algo que ver. Se necesitarán argumentos más poderosos para convencer a los inversores de apostar su dinero en un territorio atravesado por las balas.