La empresa Latinus y algunos de sus colaboradores, como Lorenzo Córdova y Denise Dresser, acusaron persecución y una posible violación a la ley de datos personales, luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), difundió operaciones financieras de la compañía y pagos a colaboradores.
Latinus criticó, en un comunicado, que la UIF justifique una investigación en el hecho de que la empresa está registrada en Estados Unidos. "No tenemos nada que esconder. Latinus conoce sus obligaciones y derechos, y tenemos todo en regla", sostuvo.
Abogados consultados consideraron que la difusión de datos privados de una empresa asentada en Delaware, como Latinus, podría ser materia de litigio en EU, y viola leyes de cooperación internacional, pues son protegidas por su Gobierno.
"Estoy analizando con mis abogados cuáles son los delitos que se cometieron, y presentar recursos jurídicos", dijo ayer Lorenzo Córdova, aludido por la UIF.
Denise Dresser consideró que la nueva exhibición de datos personales evidencia un "imperativo de venganza" de AMLO.
Ayer, Pablo Gómez, difundió operaciones privadas entre el conglomerado de compañías que conforman Latinus, y exhibió pagos realizados a sus colaboradores.
Dijo que no se persigue a Loret o a periodistas, sino a las empresas de Latinus denunciadas en mayo de 2021 ante la FGR por corrupción y lavado de dinero.
Se investiga, detalló, la actividad de cinco empresas que configuran Latinus cuyo dueño es Cristian González Guadarrama.
Acusó que reciben dinero de entidades públicas como Gobiernos estatales y facturan productos farmacéuticos y servicios de salud. Entre 2019 y 2024 recibieron dos mil 437 millones de pesos.
Gómez indicó que la UIF ha confirmado transferencias "inusuales" certificadas con bancos mexicanos entre empresas de Latinus en EU.
La UIF exhibió documentos de ingresos y egresos de Latinus y sus pagos a colaboradores que, dijo, era dinero triangulado por las empresas del mismo dueño.