“En primer lugar y, ante todo, lo siento”, ha comenzado su última y breve comparecencia ante los medios de comunicación que le esperaban delante de Downing Street, justo antes de desplazarse a Buckingham Palace para presentar su renuncia al rey Carlos III. “Lo he hecho lo mejor que he podido”, se ha justificado, antes de reiterar que sentía “no haber cumplido” y asegurar que había escuchado la “rabia y la decepción” de sus conciudadanos.

“El pueblo británico ha emitido esta noche un sobrio veredicto. Hay mucho que aprender y mucho sobre lo que reflexionar por la pérdida de tantos candidatos conservadores, buenos y trabajadores, que han perdido sus puestos a pesar de un enorme esfuerzo y una gran dedicación a sus electores”, había reconocido horas antes el líder de los conservadores. Sunak ya ha felicitado por su triunfo a Starmer.

El sondeo a pie de urna compartido por las principales televisiones británicas había anticipado la derrota a última hora de la noche. El lento escrutinio de los escaños, a lo largo de toda la madrugada del viernes, lo ha confirmado. A las seis de la mañana, horario peninsular español, la suma de diputados laboristas alcanzaba la cifra mágica de 326, la mayoría en una Cámara de los Comunes de 650 escaños.

A falta de dos escaños por asignar, los laboristas acumulan 412 diputados; los conservadores, 121. Los tories pierden 250 representantes respecto a los que obtuvieron en 2019.

“Lo logramos”, proclamaba Starmer este viernes ante sus seguidores poco después de confirmar la victoria. “El cambio comienza ahora. Nos ha llevado cuatro años y medio renovar el Partido Laborista, y ahora está preparado para servir al país y para poner al Reino Unido al servicio de la clase trabajadora”, añadía.

La victoria laborista es incluso más holgada, por la ventaja que saca a los conservadores en número de escaños, que la que obtuvo Tony Blair en 1997. Pero la contundencia del resultado no oculta algunos datos preocupantes. La participación ha sido de casi ocho puntos porcentuales menos que hace cinco años.

El Reino Unido ha dejado definitivamente de ser territorio bipartidista. El enorme número de escaños obtenido por la formación de Starmer responde más a un sistema electoral que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción que a un aumento relevante en el porcentaje de apoyos obtenidos.

Los tories han sufrido pérdidas por sus dos flancos. El populismo de derechas de Nigel Farage y su partido, Reform UK, han conseguido finalmente entrar en el Parlamento británico, con cuatro diputados. En muchas circunscripciones han logrado ser la segunda fuerza más votada, por delante de los conservadores. Y en otras muchas, el elevado apoyo que han obtenido ha frustrado la aspiración del candidato tory de hacerse con el escaño en liza.

Y los liberales-demócratas de Ed Davey, que han logrado 71 diputados, han conseguido recuperarse de su crisis histórica y convertirse en la tercera fuerza, en gran parte por los apoyos arrebatados al Partido Conservador en el acaudalado sur de Inglaterra.

La voluntad de cambio expresada por los votantes británicos también se ha hecho notar en Escocia. Los independentistas del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) han pagado con creces sus recientes escándalos financieros y los giros y requiebros constantes en su estrategia para celebrar un segundo referéndum de secesión. Si en 2019 enviaron al Parlamento de Westminster hasta 48 diputados, ahora obtienen nueve. El Partido Laborista ha recuperado en Escocia la prevalencia que perdió hace dos décadas, y el apoyo extra logrado en ese territorio ha sido fundamental para consolidar la mayoría parlamentaria.

Starmer ha obtenido este jueves lo que pidió insistentemente durante seis semanas de campaña: una mayoría lo suficientemente cómoda como para poder impulsar el “cambio” prometido en los carteles y discursos electorales. Un mandato potente para poder “remangarse” de inmediato y mejorar la vida de los ciudadanos.

“Primero el país, segundo el partido. No es solo un eslogan. Es nuestro principio rector. Todo lo que hagamos para mejorar la economía, la seguridad nacional o la protección de nuestras fronteras debe inspirarse en él”, ha anunciado Starmer, que recibirá este mismo viernes el encargo de formar Gobierno cuando acuda a reunirse con el rey Carlos III en el palacio de Buckingham. “La ciudadanía británica debe poder mirarnos a los ojos y comprobar que servimos al interés general”, proclamaba el candidato.

El líder laborista ha trabajado codo con codo todo este tiempo con un equipo de ministros en la sombra (como se conocen a los portavoces de la oposición para cada área de Gobierno), para poner en marcha de inmediato las primeras medidas. Sue Gray, la alta funcionaria que elaboró el informe inculpatorio sobre las fiestas prohibidas de Downing Street, durante el confinamiento, decidió hace más de un año aceptar la oferta de Starmer y ser su jefa de Gabinete. Profesional, rigurosa, con un alto prestigio entre los políticos que la han tratado, Gray se ha encargado de asegurar que la maquinaria de la transición gubernamental funcione sin problemas. Su lista de imprevistos llega al último detalle: desde la posibilidad de que el personal de la función pública decida meter presión con amenazas de huelga, para lograr la subida salarial que esperaran con toda probabilidad de un nuevo Gobierno laborista, hasta la negociación con los promotores y propietarios de terrenos que plantarán batalla a la reforma diseñada por Starmer para agilizar los métodos de planificación urbanística.

El líder laborista ha situado en un listón muy alto sus promesas y ambiciones. Durante los últimos meses ha anunciado, de llegar al poder, una “renovación nacional” que cambie por completo el panorama de deterioro y estancamiento que se ha extendido por todo el Reino Unido en la última década.

Cinco son los objetivos prioritarios que su programa electoral ha establecido con carácter de urgencia: devolver al país a la senda del crecimiento económico; reformar el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), que acumula listas de espera cercanas a los ocho millones de personas; introducir mejoras en la policía y en el sistema penal, para que las calles de las principales ciudades sean más seguras; lograr una energía verde más asequible para los ciudadanos a través de una nueva compañía pública, Great British Energy; y una mejora general de las oportunidades vitales para todos los ciudadanos.

Starmer quiere que cinco comisiones interministeriales se pongan a trabajar con urgencia, desde el primer día, para elaborar cuanto antes una estrategia para cada uno de esos objetivos.

El nuevo primer ministro del Reino Unido, sin embargo, va a disponer de pocos días de tregua. El respaldo mayoritario de los votantes al Partido Laborista obedece más al deseo de destruir cuanto antes el legado conservador que al entusiasmo ante las propuestas de Starmer. Su carisma no es el de Tony Blair. Su llegada al poder no está acompañada de la misma ola de entusiasmo de 1997.

Y, sin embargo, el nuevo Gobierno gozará probablemente en sus primeros días del apoyo y la buena voluntad del empresariado y de los mercados. El recuerdo de los 45 días desastrosos de la ex primera ministra, Liz Truss —que ha perdido su escaño— y del modo en que hundió la credibilidad económica internacional del Reino Unido, juega paradójicamente a favor de Starmer y de su equipo.

Los tories, durante toda su historia el partido en el que más han confiado los británicos para manejar las cuentas del país, perdió de golpe ese halo de seriedad y rigor durante los años del Brexit. El esfuerzo de Sunak por recuperarlo fue inútil.

En cambio, Starmer y su ministra de Economía en la sombra, Rachel Reeves, han logrado transmitir a los empresarios y a los mercados una imagen de seriedad y responsabilidad fiscal. Sus anuncios de futuras subidas de impuestos fueron muy mesurados, con más carácter simbólico que potencial recaudatorio: supresión del privilegiado régimen impositivo de los multimillonarios que viven en el Reino Unido pero mantienen en sus países de origen la residencia fiscal; subida, aún por determinar, del gravamen a las ganancias de capital; impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas (algo ya impuesto por el último Gobierno conservador) y el IVA para la matrícula de los colegios privados.

Starmer y Reeves se han comprometido a no tocar ni el impuesto sobre la renta ni el de sociedades, al menos en su primera legislatura. Por eso muchos expertos han expresado su escepticismo ante todas las promesas laboristas —miles de incorporaciones nuevas al personal sanitario, o miles de nuevos profesores—, al no tener claro de dónde surgirá la financiación necesaria para todas esas mejoras.

Crecimiento económico. Esa es la obsesión del nuevo primer ministro. Crecimiento para que la riqueza se redistribuya y llegue a todos los bolsillos. Una idea que puede sonar voluntarista, pero que viene acompañada de una serie de propuestas de reformas estructurales que aspiran a facilitar la salida del Reino Unido de un estancamiento que se arrastra ya casi una década y media.

Por ejemplo, un nuevo sistema de planificación urbana que agilice el proceso de expropiación y recorte los derechos de muchos propietarios, que han logrado hasta ahora eternizar, encarecer y hasta paralizar proyectos imprescindibles como la línea de alta velocidad hacia el norte de Inglaterra.

O una reforma de la legislación laboral que mejore los derechos de los trabajadores del Reino Unido, para que sea más atractivo el cambio de puesto y el mercado gane en agilidad y productividad.

Pero el principal desafío del Gobierno entrante, en los primeros días del verano inglés, será la misma crisis que Sunak convirtió en su obsesión personal: la oleada de inmigrantes en situación irregular que siguen llegando a las costas del Reino Unido. Las previsiones oficiales sugieren que la cifra de este año puede volver a ser muy elevada. Hasta 40.000 nuevos solicitantes de asilo. Starmer ha prometido eliminar los planes de deportación a Ruanda, por ineficaces, y concentrarse en poner en marcha un nuevo Mando Conjunto de Control de Fronteras, que golpee con dureza a las mafias que trasladan a los inmigrantes.

Aparcado el Brexit en un cajón, y sin posibilidad de revertir la situación, el nuevo primer ministro ha prometido una mejora de las relaciones con la UE, empezando por el refuerzo en la cooperación en materia de seguridad y defensa. Ese es el camino, ha vaticinado, para lograr otras mejoras necesarias, como una relación comercial más fluida con el mercado interior comunitario.

Los presidentes del Consejo, la Comisión Europea y la Eurocámara, Charles Michel, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, han felicitado a Starmer y le han invitado a colaborar estrechamente en desafíos de “interés común”.

El nuevo primer ministro acudirá a la cumbre de la OTAN en Washington que se celebra del 9 al 11 de julio, donde la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la guerra entre Israel y Hamás seguirán reclamando la atención de los líderes mundiales. El 18 de julio, Starmer acogerá en el palacio de Blenheim, en Woodstock, la Cuarta Cumbre de la Comunidad Política Europea, donde podrá demostrar la voluntad de entendimiento con sus colegas de la UE.

Un día antes, el 17, se habrá celebrado en el Parlamento de Westminster el Discurso del Rey. Carlos III leerá ante las dos Cámaras la agenda legislativa del nuevo Gobierno de Su Majestad que, 14 años después, volverá a tener un aroma socialdemócrata.

En la bancada de la oposición, los diputados del Partido Conservador —aquellos que hayan logrado sobrevivir a la masacre electoral— estarán más pendientes de su futuro inmediato que de los planes del Gobierno. Los tories deberán decidir pronto si siguen rodando por la cuesta del populismo de derechas o desean convertirse nuevamente en una formación con voluntad de gobierno.