Pese a que la virtual presidenta electa y las autoridades hacendarias han establecido que no es necesario generar modificaciones al sistema fiscal mexicano para poder impulsar la lucha en contra de la pobreza y las diversas desigualdades que aquejan a la población, especialistas en el tema y organismos internacionales han destacado la urgencia de generar reformas tributarias que permitan dotar de más recursos al Estado para cumplir, de forma exitosa y sostenible, con dichos pendientes.

Mantener vigentes los programas sociales que actualmente operan, además de impulsar su profundización, incentivar la implementación de obras de infraestructura, incluidas diversas rutas de vías férreas, y hasta la construcción de medio millón de viviendas para 2030, son solo algunas de las propuestas que destacan en “Los 100 pasos para la transformación”, el discurso con el que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, dio a conocer la serie de acciones que implementaría en caso de llegar al poder.

Hoy, que su llegada al cargo político más importante del país es inminente, uno de los cuestionamientos más recurrentes entre analistas financieros, agencias calificadoras y hasta organismos internacionales radica en entender cómo se podrán financiar todos esos planes y proyectos, ya que tan solo en el último año, por concepto de desarrollo social, la administración saliente propuso gastar cuatro billones 384 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un monto que se mira lejano a disminuir si se suman  los planes que la exdirigente de la capital plantea desarrollar.

Aunado a lo anterior, el hecho de que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que es la medida más amplia sobre diferencia entre los ingresos y los gastos que realiza, alcancen en este año una proporción récord de 5.9 puntos porcentuales del PIB, plantea la necesidad urgente de generar mecanismos que permitan al Estado mexicano contar con mayores recursos económicos; lo que podría lograrse a partir de una modificación al interior del sistema fiscal a partir de los criterios de equidad, justicia y eficiencia, expuso a Reporte Índigo Carlos Brown, director de conocimiento y justicia fiscal en Oxfam México.

“Es necesario impulsar esa transformación porque el México que va a tocar gobernar en las próximas décadas es un país muy distinto al que les ha tocado conocer a las últimas generaciones; es una nación que está envejeciendo y que se está enfermando por diversas razones, destacando las enfermedades crónico degenerativas, está enfrentando la crisis climática que se expresa en toda su crueldad, además de que se encuentra en medio del proceso de transición energética con una gran empresa petrolera a la que su modelo de negocios ya no le da; sin dejar pasar de que se trata de una deuda histórica, ya que en sí somos un país que recauda poco y no a quien se le debería de cobrar, y eso se necesita para financiar las necesidades de la población”, destacó el analista.

La postura oficial

Pese a que los indicadores propios de las finanzas públicas del país han expresado la necesidad urgente de una reestructuración en cuanto al gasto público y la recaudación que actualmente se realiza, las declaraciones tanto de la virtual próxima presidenta, como de las autoridades hacendarias han sido lapidarias, ya que el común denominador en sus respuestas ha sido que se cuenta con la estrategia adecuada.

Por ejemplo, a pregunta explícita sobre el hecho de que se requiera una reforma fiscal en el país, Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, subrayó que hasta el momento no se ha contemplado una modificación de ese tipo, ya que el ámbito fiscal del país se ha mantenido sólido  y con un nivel sostenible respecto a la deuda pública; dato que se espera cierre el año  en un monto similar a 49.7 puntos porcentuales del PIB, según las estimaciones de Hacienda.

Incluso la exdirigente de la capital del país ha señalado que, por lo menos al inicio de su gobierno, no tiene contemplado implementar una modificación profunda al sistema fiscal mexicano; incluso, se ha comprometido a disminuir el déficit del sector público a 3.5 por ciento en el primer año de su administración a partir de la disciplina fiscal, la austeridad republicana y el combate a la elusión y evasión fiscal; estrategia que en la revisión a grandes contribuyentes, durante los cinco primeros meses del año, permitió recaudar 359 mil 25 millones de pesos, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Algo debe cambiar

Aunque los datos del SAT y lo expuesto por los directivos de la SHCP reflejan la forma en que ha operado el sector público para hacerse de recursos económicos, vía tributación, y administrarlos, no significa que dichas acciones reflejen una estrategia eficiente para las arcas de la nación, explicó a este medio Alejandra Macias, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

“Una reforma fiscal es necesaria y urgente porque desde el análisis de la sociedad civil ha quedado muy claro, hay una debilidad en los ingresos, la renta petrolera está cayendo precipitadamente, tenemos un déficit muy grande y los gastos cada vez aumentan más”, consideró la especialista.

Y es que, el país ha figurado como una de las naciones que menor cantidad de ingresos tributarios recauda de entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el pago de pensiones, el gasto federalizado y el costo de la deuda comprometieron gran parte del gasto neto total, y las renuncias recaudatorias representaron un monto similar a 4.18 por ciento del PIB, según el análisis del CIEP.

De lo anterior que aunque parezca inminente que algo dentro del sistema fiscal del país vaya a modificarse, el debate, de acuerdo con los analistas consultados, sea sobre cómo, cuándo y sobre qué actores deben de realizarse dichas modificaciones, antes de que sea demasiado tarde.

El equipo que busca impulsar la reforma fiscal progresiva

Ante la necesidad de una transformación de gran calado dentro del sistema tributario mexicano, especialistas en cuestiones fiscales, análisis de la pobreza y la desigualdad, además de la evaluación de los programas sociales, buscan promover una reforma que beneficie de forma significativa a los que menos tienen.

Los datos son contundentes al exponer que en México debe de discutirse la necesidad de impulsar una reforma fiscal; sobre todo cuando el 80 por ciento del gasto neto total que se propuso para este año ya se encuentra comprometido para cubrir compromisos económicos impostergables, al mismo tiempo que más de nueve millones de personas dentro del país aún viven la expresión más álgida de la pobreza a pesar de contar con la mayor cantidad de gasto en desarrollo social implementado por parte del sector público del que se tenga registro.

Por lo anterior, Gerardo Esquivel Hernández, Nora Lustig, Jorge Chávez Presa, Carlos Hurtado López, John Scott Andretta, Alejandra Macías Sánchez y Héctor Villareal Páez conformaron la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF).

“El gobierno entrante tiene la oportunidad de promover cambios al sistema fiscal que resulten en el aumento de la recaudación y la progresividad de los impuestos; así como promover prioridades de gasto para erradicar la pobreza extrema”, destacaron en su presentación.

“Hay muchas necesidades insatisfechas en la población y una fuerte presión en el gasto público hacia adelante; por ello es necesario discutir una reforma al sistema hacendario mexicano, que son los ingresos, los gastos, el federalismo, las pensiones, todo eso en una visión de conjunto”, puntualizó Gerardo Esquivel a Reporte Índigo sobre la necesidad crear la comisión y dar difusión al  tema.

Impulsar reformas al sistema tributario para mejorar su progresividad y eficiencia; promover prioridades de gasto para la erradicación de la pobreza extrema, acceso a la protección social y la provisión de servicios públicos de calidad; mejorar el diseño institucional de la hacienda pública para asegurar la solidez y sostenibilidad de las finanzas públicas; fortalecer el federalismo fiscal para impulsar los ingresos públicos subnacionales y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones son algunas de sus recomendaciones.

“Actualmente el país cuenta con recursos públicos muy limitados; México tiene una recaudación baja en comparación al promedio de América Latina, se registra un déficit fiscal que compromete a las arcas de la nación y hay ambiciones importantes en gastar, justamente, en favor de los grupos más vulnerables; para lograr eso y hacerlo de una forma donde no penalice a los que menos tienen con impuestos indirectos, se requiere una reforma fiscal progresiva que se traduzca en un beneficio para los más pobres”, explicó a este medio, John Scott Andretta, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la ventaja que podría tener la próxima administración si implementara una estrategia como la que él y el equipo de expertos está impulsando

Otro aspecto de la propuesta: ¡Que paguen los más ricos!

Dentro de los principios que engloban a una transformación tributaria justa se expone que, quienes han obtenido una mayor riqueza, retribuyan de forma equivalente a la sociedad, desde el aspecto tributario y sin mecanismos que les ayuden a evadir su responsabilidad económica y cívica.

En un mundo tan desigual, donde dentro de una década tan convulsa y trágica como es la que actualmente  transcurre, el sistema económico global se encuentra más cercano a producir su primer billonario que lograr erradicar la pobreza extrema en cada rincón del planeta, de acuerdo a las investigaciones de Oxfam; una situación que puede revertirse si las personas con mayor riqueza redistribuyen un porcentaje de ese recurso para poder atacar las grandes brechas y desigualdades que millones de personas padecen.

En ese sentido, Gabriel Zucman, economista francés y especialista en temas de desigualdad y redistribución, elaboró un informe para el grupo del G20 con una propuesta de cooperación fiscal que pudiera apoyar en el combate de las grandes desigualdades que afectan incluso a las economías más avanzadas, y lograr generar una mayor cantidad de recursos para conseguir dicho objetivo; donde el resultado fue lapidario: los que más tienen deben de aportar parte de su riqueza.

“Este informe presenta una propuesta para una norma coordinada internacionalmente que garantice una tributación efectiva de las personas con un patrimonio neto ultra alto; en la propuesta de base, las personas con más de mil millones de dólares en riqueza tendrían que pagar una cantidad mínima de impuestos anualmente, equivalente al dos por ciento de su riqueza, esta norma podría ser implementada de manera flexible por países participantes a través de una variedad de instrumentos internos, incluido un acuerdo presuntivo  sobre un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la renta sobre una noción amplia de renta, o un impuesto sobre el patrimonio”,  se lee en el informe elaborado por el Zucman al G20.

Con la aportación de tres mil ultra ricos y contribuyentes, que podrían llegar a generar un monto cercano a 25 mil millones de dólares al año, y que resultaría ajeno a las políticas y estructuras fiscales vigentes en cada país, se podría impulsar una economía más sostenible y justa, lo que paradójicamente, beneficiaria a mediano y largo plazo a quienes aporten ese recurso, concluyó en la propuesta.

Aunque la idea podría generar incomodidad dentro del grupo de ultra ricos, el economista francés destacó en la presentación de su informe para México que ha encontrado un apoyo de hasta el 80 por ciento sobre la consideración de implementar un sistema tributario más progresivo, como el que ofrece en el documento elaborado para las 20 economías más avanzadas del mundo.

Incluso dentro del país la propuesta de Zucman podría generar un efecto positivo y profundo, ya que las fortunas de los hombres más ricos de la nación podrían aportar un recurso suficiente para que los más de nueve millones de personas que se encuentran actualmente en condición de pobreza extrema, pudieran mejorar sus condiciones de vida, reflexionó al respecto Carlos Brown, director de conocimiento y justicia fiscal en Oxfam México.