El Foro Morelense de Abogados llamó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo a frenar la iniciativa presentada la semana pasada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), porque será literalmente un “atraco a los morelenses”.
Pedro Martínez Bello, dirigente de esta organización, se opuso tajantemente a esta iniciativa, porque propone que a los magistrados se les otorgue un “haber de retiro” mínimo equivalente al 70 por ciento de
su salario actual, de 110 mil pesos, independientemente si ejercieron el cargo unos meses o años.
Señaló que hay temor en las magistraturas locales de que el impacto de la reforma al Poder Judicial de la Federación tenga un efecto directo sobre su cargo, y por ello buscan asegurarse un “haber de retiro” o
pensión vitalicia jugosa, aun cuando algunos de los funcionarios judiciales no tienen ni un año en el cargo.
“Luego de que el presidente de la república diera a conocer la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal, con la cual se busca, entre otras cosas, eliminar la pensión vitalicia o haber de retiro,
austeridad, transparencia y acabar con los excesos de ministros y magistrados, en Morelos los magistrados que integran el pleno del TSJ presentaron la semana pasada un proyecto de iniciativa de reforma a
la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se les apruebe un haber de retiro o pensión, tengan o no antigüedad en el cargo. “Recordemos que hay magistrados que ni siquiera tienen un año de que
fueron designados y ya se quieren pensionar e irse millonarios antes de que entre en vigor la reforma al Poder Judicial Federal, impulsada por el presidente de la república”, explicó Martínez Bello.
Hizo un enérgico llamado enérgico al Congreso local para que no apruebe esta iniciativa presentada por el pleno del TSJ, porque “no pueden darle derechos a magistrados que acaban de ser designados
sin méritos y algunos sin cumplir los requisitos de ley, y ahora se quieren ir pensionados sin tener un año en el cargo, es otro atraco a los morelenses”.
También realizó un exhorto al Poder Ejecutivo para que, en caso de los diputados aprueben la iniciativa, “le pedimos al gobernador en turno o a la gobernadora electa que vete ese proyecto”, porque es un duro
golpe al erario estatal.
