En la última sesión del Congreso del Estado los diputados integrantes de la Legislatura LV, entregaron un bono económico a 50 exlegisladores por la cantidad de 200 mil pesos, haciendo un total de 10 millones de pesos, reconoció el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Sánchez Zavala.
Cabe mencionar que en la actual Legislatura LV del Congreso del Estado, compuesta por 20 diputados, se autoaprobaron un presupuesto para este año 2024 por un total de 580 millones de pesos, que representó un aumento significativo de 180 millones de pesos respecto a la Legislatura LIII, la cual contó con 30 diputados y el recurso que manejaron fue de 400 millones de pesos.
Además, Sánchez Zavala afirmó que dejaron un remanente de 120 millones de pesos para que concluya la Legislatura el tiempo restante y en la que tendrán que pagar el tercer mes del aguinaldo porque ya se les entregó lo correspondiente a dos meses, es decir, los de la LV se gastaron 460 millones casi un mes más de medio año.
Tras ser cuestionado al respecto, Sánchez Zavala señaló que en legislaturas pasadas se aprobó el pago de un bono económico especial por la cantidad de 200 mil pesos para poco más de 50 exparlamentarios. Estos beneficiarios son exdiputados que ocuparon una curul desde las décadas de los setentas, ochentas, noventas, dos mil, dos mil diez y hasta la actualidad.
Al ser cuestionado sobre este bono, Francisco Sánchez Zavala explicó que esta práctica se enmarca en reformas legislativas anteriores que garantizan este beneficio único a todos los exdiputados. Además, mencionó que en casos donde los exdiputados han fallecido, el bono ha sido entregado a sus familiares más cercanos.
Indicó que se pagaron las 2/3 partes del aguinaldo a los empleados del Congreso del Estado, utilizando recursos por un total de 120 millones de pesos, con un presupuesto general de 580 millones de pesos para este año, ya se han ejercido 460 millones de pesos solo en el mes de julio de 2024.
Este incremento en el presupuesto del Congreso del Estado ha despertado diversas reacciones entre la ciudadanía y grupos de la sociedad civil, quienes cuestionan la asignación de recursos en tiempos de restricciones económicas y necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad pública.
Con estas decisiones presupuestales, el Congreso del Estado enfrenta el reto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas respecto al uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde se espera una administración responsable y eficiente de los fondos destinados al servicio público.
