El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, pidió al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados un análisis del impacto presupuestal de la reforma en materia de simplificación orgánica, que busca extinguir a siete órganos autónomos y reguladores.
En el estudio, en poder de EL UNIVERSAL, el centro advirtió que los ahorros que se alcanzarían rondan los 84 millones 69 mil 666 pesos anuales. Lo anterior, a pesar de que el pasado 11 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con esta iniciativa “se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos anuales. Y no pasa nada, porque no se despide a los trabajadores, es nada más quitar el copete de privilegios, soltarlo”.
La reforma establece que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar”; sin embargo, si se compara con el presupuesto aprobado para 2024 para programas como Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, los ahorros por la reforma de simplificación administrativa equivalen a 0.02% de los 535 mil 243.8 millones de pesos presupuestados este año para dicho fin.
Para especialistas en la materia, lo anterior es a cambio de debilitar los contrapesos en México, pues la reforma para extinguir los órganos autónomos tiene un objetivo político, “que busca concentrar en la persona del Titular del Ejecutivo y en el aparato administrativo centralizado las decisiones de política pública sin interferencias de órganos que quedan, por su diseño, fuera de su control”, enfatizaron.
Sergio López Ayllón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Guillermo Cejudo Ramírez, doctor en Derecho, así como Lucía Ojeda y César Hernández, ambos investigadores del CIDE, coinciden en que “la iniciativa utiliza la técnica de eliminar sin sustituir, asumiendo que estas nuevas funciones pueden ser fácilmente desempeñadas por las secretarías de Estado, algo que es incorrecto”.
En el análisis que Robledo Ruiz solicitó el 6 de marzo se puntualiza que la reforma se sustenta en el argumento de la austeridad republicana y la simplificación orgánica, y propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Respecto del primer argumento en torno al uso racional de recursos, se explica que una vez transferidas las funciones de cada organismo a dependencias federales, el presupuesto de operación se debe mantener, así como el de los salarios, toda vez que la iniciativa se compromete a respetar las plazas de los trabajadores.
Detalla que en lo que sí es posible ahorrar recursos es por la eliminación del puesto de comisionado en los organismos.
Así, en el IFT se ahorrarían 20 millones 646 mil pesos por seis plazas de comisionados, en el Inai 11 millones 536 mil pesos por seis plazas de comisionados, en la CRE 15 millones 805 mil pesos por seis plazas de comisionados, en la CNH 15 millones 805 mil pesos por seis plazas de comisionados; y en la Cofece 20 millones 274 mil pesos, que en total suman ahorros por 84 millones 69 mil 666 pesos.
Sobre el segundo argumento (funciones que podrían representar duplicidad), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas identificó diversas similitudes con las que la SEP podría absorber Mejoredu, que son emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar, y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional, entre otras.
Del IFT, consideró que una posible duplicidad de funciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes son elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal.
Del Coneval con el Inegi el símil es “establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza”. Entre la CRE y la Secretaría de Energía (Sener) se comparte la tarea de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
En tanto, entre la CNH y la Sener hay similitud en la capacidad de ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos.
En la Cofece se localizaron similitudes con la Secretaría de Economía en las labores para conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, así como regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios, entre otras.
No se localizaron similitudes entre el Inai y la Función Pública.
Para los expertos, quienes redactaron el estudio denominado Extinción de órganos constitucionales autónomos (reforma administrativa), publicado por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en todos los casos las funciones fundamentales de los órganos autónomos se cubren de forma “incompleta”.
Entre los ejemplos se detalla que con la extinción de la Cofece y el IFT, y la transferencia de sus funciones a la SE y a la SICT, respectivamente, “se suprimiría la obligación de emitir resoluciones de manera independiente y se alinearían las decisiones técnicas y administrativas con las políticas públicas del gobierno en turno”.
Sobre el Inai se explica que al transferir “de manera fragmentada” sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a sus instancias equivalentes en cada uno de los poderes, los OCA y las entidades federativas “volveremos, en el mejor de los escenarios, a una situación similar a la de 2002, pero sin la existencia de un órgano garante independiente. Eso quiere decir, en los hechos, la desaparición práctica del derecho de acceso a la información y del sistema nacional de transparencia”.
Agregan que al no contar con un órgano especializado en la defensa de los datos personales “se presenta un panorama muy oscuro para estos derechos o probable lenta dilución. Muchos años de evolución institucional echados a la basura”.
Los expertos concluyeron en que replicar eficazmente las funciones de los órganos extintos dentro de las secretarías “podría requerir una reestructuración significativa y una inversión que podría compensar cualquier ahorro presupuestal previsto.
“En resumen, aunque la iniciativa busca optimizar recursos y simplificar la estructura gubernamental, las implicaciones prácticas y los potenciales ahorros presupuestales son complejos y podrían no ser tan significativos como se anticipa”, sentenciaron.
