El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) abrió, por primera vez, los expedientes que elaboró sobre los homicidios de 10 periodistas mexicanos cometidos entre 1979 y 1990. El periodo conocido como la Guerra Sucia se caracterizó por el uso, por parte del Gobierno mexicano, de la represión y la desaparición como mecanismo de control en contra de disidentes y opositores. Las fichas y documentos, obtenidos a través de transparencia, muestran que tal y como ocurre en la actualidad, el crimen organizado y autoridades locales estuvieron detrás de los homicidios y que la impunidad en las investigaciones fue la regla.
Entre los expedientes revelados están el de Héctor Félix Miranda, El Gato Félix, codirector del semanario Zeta de Tijuana, Baja California, acribillado en abril de 1988 por dos elementos de seguridad del hipódromo propiedad del político y empresario Jorge Hank Rohn. Y si bien, ambos fueron sentenciados y quedaron en libertad en 2015, Hank Rohn nunca enfrentó a la justicia aunque Jesús Blancornelas, director del medio, lo apuntó como presunto autor intelectual del crimen que habría ocurrido en represalia por las críticas del periodista.
Los otros expedientes son los de Alberto Rodríguez Torres, asesinado en 1979, en Hidalgo; Javier Juárez Vázquez, en 1984, en Veracruz; Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa, en Tamaulipas, Demetrio Ruiz Malerva, en Veracruz, y Odilón López Urías, en Sinaloa, todos en 1986; Hermelinda Bejarano León, en Chihuahua, y Ronay González Reyes, en Chiapas, en 1988; y Elvira Marcelo Esquivel, en 1989, en Ciudad de México.
Desde febrero de 2019, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, publicó un acuerdo para que toda su Administración, en particular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el CNI, enviaran al Archivo General de la Nación (AGN) todos los documentos sobre represión política y social, corrupción, violaciones a derechos humanos o agresiones contra periodistas ocurridos entre 1965 y 1990.
De manera oficial, el Archivo sólo recibió siete expedientes por parte del CNI, entre ellos el del homicidio del periodista mexicano Manuel Buendía, ocurrido en 1984. El CNI es el nombre que la agencia mexicana de inteligencia adoptó en 2018, pero que anteriormente era llamado Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).
Desde el año pasado, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso de la Verdad creada por el Gobierno mexicano identificó que estaban desaparecidos varios expedientes de periodistas asesinados que fueron transferidos al AGN en 2002 y aparecían enlistados en diversos catálogos. Lo mismo ocurrió con expedientes de algunos políticos opositores: aparecían en índices pero no se encontraban físicamente.
Ante el hallazgo, el Mecanismo envió al CNI una serie de solicitudes de información y se presentaron recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para obtener los expedientes de dichos homicidios. Pese a que CNI negó tenerlos, al final terminó entregando una serie de fichas y oficios que documentan los asesinatos. Los casos corresponden a las presidencias de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
‘El Gato’ Félix
Héctor El Gato Félix Miranda. Nació el 21 de julio de 1940 en Sinaloa. Llegó a Tijuana en 1960. Fue asesinado el 20 de abril de 1988 de un escopetazo calibre 12. Era codirector del diario Zeta. Así inicia el expediente de 13 páginas entregadas por el CNI sobre el homicidio del periodista.
“Aproximadamente a las 09.50 horas de hoy fue asesinado de un escopetazo cal.12, quien era codirector del Periódico ZETA. Escribía en la sección ‘Un poco de algo’, en el cual era muy notorio por sus críticas en ocasiones con palabras soeces, incluso hacía comentarios y críticas sobre la vida privada de quienes criticaba”, dice el reporte.
Los agentes de inteligencia retomaron las palabras de Jesús Blancornelas, director de Zeta, quien consideró que si bien el crimen tenía el sello del narco eso pudo usarse para desviar la verdadera razón del crimen.
“Alguien o algunos podrán comentar que lo sucedido sería consecuencia por su forma de escribir… La forma en que fue asesinado indica las características de un crimen de la narcomafia, pero sería un absurdo tan grande como su asesinato involucrado en este terreno. Podría ser que se utilizó el clásico sistema para desviar la investigación y cubrirla con el argumento de su inmediata y futura imposible aclaración, como ha sucedido con otros crímenes de igual procedimiento”, dijo Blancornelas, fallecido en 2006.
Victoriano Medina Moreno, exjefe de seguridad del Hipódromo Caliente, propiedad de Hank Rhon, fue detenido como autor del homicidio. “Aunque Medina Moreno afirma haber cometido el crimen por decisión propia esto, no lo cree así la autoridad judicial por lo que en unas horas más habrán de catear las instalaciones del Hipódromo”, anotó un agente del organismo.
Más adelante, el centro de inteligencia señaló que la defensa de Medina Moreno era pagada por el político y empresario y “se ha lanzado de lleno para demostrar oficialmente que el Ing. Jorge Hank Rhon no es el autor material del asesinato de Héctor Félix Miranda”.
Los expedientes
En el periodo de 2000 a 2024, la organización internacional Artículo 19 ha documentado los homicidios de 166 periodistas de nacionalidad mexicana, siendo Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca los Estados que acumulan más casos. Sin embargo, los casos de ataques a la prensa mexicana se han registrado desde décadas previas.
El 13 de diciembre de 1979, el cadáver del periodista Alberto Rodríguez Torres fue hallado en calles de Pachuca, Hidalgo. Tenía golpes en el cráneo. Los directores de tres diarios locales publicaron una carta al entonces presidente José López Portillo para esclarecer el crimen y se protegiera el trabajo periodístico. El crimen de Rodríguez Torres sigue impune.
El 31 de mayo de 1984, el periodista Javier Juárez Vázquez, quien editaba la revista independiente Primera Plana en Coatzacoalcos, Veracruz, fue ejecutado con cuatro disparos calibre 45, golpeado y maniatado con cables. Un agente de inteligencia escribió que se perfilaban como autores materiales e intelectuales un grupo de policías del Estado, el presidente municipal de Coatzacoalcos y un líder del sindicato petrolero, quienes lo habían amenazado por las críticas que hacía en su contra en su medio. Semanas después, dos guardaespaldas del jefe sindical que eran sospechosos del crimen, fueron hallados muertos. En 1991, el Cisen reportó que un grupo de periodistas conmemoraron el séptimo aniversario del homicidio de Juárez Vázquez. El fiscal estatal les prometió ese día que el crimen sería esclarecido. Es el último reporte del caso, que sigue impune.
El 17 de julio de 1986, Ernesto Flores Torrijos, director del diario El Popular de Matamoros, Tamaulipas, y la reportera Norma Alicia Moreno Figueroa fueron acribillados cuando se habían estacionado afuera de la redacción. En su momento, la Asociación de Periodistas de Matamoros lanzó una petición para que el Gobierno del presidente Miguel de la Madrid resolviera el caso. Pero al cumplirse un año del doble homicidio, en 1987, el medio local El Gráfico publicó: “Si entonces anticipamos que quedaría sin castigo, salvo que mediara la voluntad política del presidente Miguel de la Madrid, ahora reconocemos que ni aún con ella se podría hacer justicia, puesto que su orden pública al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, para que sean aclarados los asesinatos de periodistas cometidos durante lo que va del sexenio, no ha tenido una respuesta satisfactoria”.
El 7 de octubre de 1986, el periodista Odilón López Urías viajaba en coche por Culiacán, Sinaloa, junto con su esposa e hija cuando fueron detenidos por un grupo de ocho hombres armados. Ellas fueron abandonadas en la carretera; él secuestrado. Su cadáver apareció dos días después en un predio baldío en Guamúchil, Sinaloa. Tenía dos disparos en el pecho. Meses antes, en marzo del mismo año, el hijo mayor de Odilón fue asesinado y un mes después, en abril, el abogado que representaba a la familia en el caso fue secuestrado presuntamente por policías judiciales de Sinaloa. Los homicidios del reportero y su hijo no han sido esclarecidos.
El 14 de julio de 1988, dos hombres llegaron a la redacción del periódico El Mundo en Comitán, Chiapas, preguntando por su director, el periodista Ronay González Reyes. Cuando la asistente los llevó al área de prensa, donde estaba el director, los hombres abrieron fuego y lo mataron.
La madrugada del 23 de diciembre de 1989, Elvira Marcelo Esquivel, reportera del diario El Día, caminaba con dos colegas por la calle de la Ciudad de México después de celebrar una posada. Iban a sus casas cuando un grupo de cinco policías locales, presuntamente alcoholizados, los abordó e intentó robar. Hubo golpes y forcejeos. Un agente sacó una pistola y disparó. Elvira, de 25 años, cayó herida. Falleció durante la Nochebuena en un hospital. El homicidio, ocurrido en la capital del país, llegó a la Cámara de Diputados y algunos de los agentes responsables fueron detenidos y encarcelados. Es de los pocos casos en los que hubo justicia. Como en un juego de espejos, la impunidad se repite en los crímenes contra periodistas mexicanos del pasado y del presente.