Jufed, que integra a jueces y magistrados, lanzó convocatoria para que la medida, de aplicarse, sea legítima; en sindicato señalan “presión” a trabajadores para sumarse; un grupo cierra sede principal; tras difusión de dictamen con ajustes, en oposición ven aún falta de candados para evitar intromisión del crimen e inclusión de medidas perversas; “radicalizaron” iniciativa: constitucionalista
Entre rechazo al dictamen de la reforma judicial y señalamientos de presión, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) votan este lunes para definir si van o no a un paro nacional indefinido.
Jueces y magistrados resolverán hoy mismo respecto al paro, que, de proceder, estallaría el primer minuto del miércoles 21 de agosto.
A decir de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes, “el Gobierno no está escuchando las llamadas nacionales e internacionales (sobre la reforma judicial)”, y por ello esta votación, donde participarán mil 600 juzgadores para determinar si podrían ir al paro, en tanto que el sindicato de PJF denunció presiones a los trabajadores para sumarse a este paro.
La Jufed, encabezada por la jueza Fuentes, convocó a sus integrantes a decidir, en votación electrónica, el futuro inmediato de las labores en el Poder Judicial.
La votación será electrónica, no hay motivo para la desconfianza, y se cerrará por la noche, cuando informemos si se va o no a paro y de qué forma sería
Juana Fuentes, Directora de la Jufed
“La votación inicia este lunes, como se señaló en la convocatoria, y concluirá el mismo lunes por la noche. Si se realiza la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo, el paro está propuesto para las 00:00 horas del próximo miércoles”, aseguró a La Razón.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), por su parte, señaló que secretarios seccionales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional han recibido llamadas o mensajes, y que algunos juzgadores los han amenazado para que se solidaricen con la suspensión de labores que se proyecta.
El dirigente del sindicato, Jesús Gilberto González Pimentel, informó a este diario que previamente se había acordado que en la sesión extraordinaria que tuvieron se insistió en que hasta que se conozca el contenido del dictamen que emita la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en pleno, y que se corrobore que se encuentran intocados los derechos laborales y prestaciones, se decidirán las medidas a tomar.
“Debido a las llamadas o mensajes que durante este fin de semana han recibido algunos trabajadores adheridos a este sindicato, que han sido registrados día a día por secretarios seccionales y varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional, se informó de la presión y hasta amenazas por algunas personas juzgadoras del país y de personal de confianza, para que se solidaricen con la suspensión de labores”, señaló.
Asimismo, el líder sindical hizo un llamado a denunciar estos actos ante las instancias internas del Poder Judicial, y aclaró que se acordó documentarlos para emprender acciones legales.
Por separado, la directora de la Jufed dijo: “Nos asiste un derecho laboral; aquí estamos hablando de jueces y magistrados que de manera ordenada van a votar ir o no a un paro; los asociados, jueces y magistrados, fueron quienes pidieron someter a votación la definición de un posible paro ante un posible atentado a la independencia judicial. La votación será electrónica, no hay motivo para la desconfianza, y se cerrará por la noche, cuando informemos si se va o no a paro y de qué forma sería”, aseguró.
Se informó de la presión y hasta amenazas por algunas personas juzgadoras del país y de personal de confianza, para que se solidaricen con la suspensión de labores
Gilberto González Pimentel, Dirigente del STPJF
La convocatoria se lanzó el día viernes y la votación será efectiva desde las 9 de la mañana hasta las ocho de la noche; “es el horario en que podrán votar los jueces; si así lo deciden los agremiados, se hará una suspensión de labores en el país. (El senador Ricardo) Monreal incluso dijo que habría sanciones y no tenemos miedo, la democracia es para todos”, concluyó.
El impacto de un posible paro de jueces y magistrados federales se vaticina como una “catástrofe”, en palabras del líder del sindicato, quien señaló que el Poder Judicial tiene a su cargo más de un millón de procesos judiciales, en promedio, según datos oficiales de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Federal del Inegi.
El censo más reciente, publicado en octubre del 2023, muestra que los asuntos en poder de los jueces y tribunales ascendían eran un millón 256 mil 77, distribuidos en cinco materias que conocen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación: laboral, civil, administrativo, mercantil y penal. Y de acuerdo con fuentes judiciales, el promedio en 2024 es “bastante similar”.
De acuerdo con el censo de Inegi, los juzgados de Distrito, quienes en un caso son la primera instancia en donde se consigna un caso, iniciaron en el último año analizado 228 mil 238 procesos en materia administrativa, que equivalen al 32.1 por ciento del total de los casos; por ello, se señala que es la mayor proporción de todas las materias evaluadas con los juzgadores.
Unid@s convoca a marcha el 8 de septiembre
La asociación Unid@s convocó a la ciudadanía a la marcha que se realizará del Ángel de la Independencia al Senado de la República, el 8 de septiembre, en contra de las reformas al Poder Judicial, la desaparición de organismos autónomos, eliminación de plurinominales, pasar la Guardia Nacional a la Defensa y las modificaciones a la prisión preventiva oficiosa.
Los organizadores que integran la denominada Marea Rosa exigirán también a los legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votar en favor de la democracia y en contra del autoritarismo.
Destacaron que no se debe permitir el sometimiento del Poder Judicial a través de la politización de la elección de jueces, y sí a uno independiente que brinde justicia real para todos.
Externaron su rechazo a la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), y se pronunciaron a favor de un árbitro electoral autónomo e imparcial que haga valer los votos de los mexicanos.
Cuestionaron la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar organismos como el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Ifetel y el Coneval, entre otros.
“Sí a organismos autónomos que aseguren datos reales y transparencia para evitar la corrupción, así como competencia económica para tener tarifas bajas de luz y telecomunicaciones”, subrayaron en la convocatoria.
Ven falta de “candados” en nuevo plan judicial
Al asegurar que el proyecto de dictamen de reforma judicial es incompleto y preocupante, diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano lamentaron que se mantenga la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, que no existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ni tampoco “candados” para evitar intromisión del crimen organizado en la selección de los impartidores de justicia.
Cuestionaron que en este nuevo dictamen se quita el “candado” a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para poder ser ministros de la Suprema Corte, e inclusive mantenerlos en sus cargos hasta 2027, además de la “perversidad” de que se mantenga exhibir los nombres de las personas que van a ser elegidas, que se diga quién los propone, el Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Señalaron que otros puntos negativos que están en el nuevo proyecto son el hecho de obligar a los ministros de la Corte que para conservar su haber de retiro tienen que renunciar, además de eliminar el requisito de experiencia en la carrera judicial y la edad para ocupar los cargos de jueces y magistrados.
La diputada priista Cynthia López Castro, dijo a La Razón, que su bancada está revisando el proyecto que apenas circuló Morena a la oposición el viernes pasado, donde entre otros temas, hacen falta mecanismos de rendición de cuentas.
“Habrá que ver cómo le metemos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, cómo hacemos para que las sesiones de los jueces sean públicas (…) Yo veo una mejoría en este dictamen, sin embargo sigue habiendo preocupación”, afirmó.
Sin descartar que el PAN pudiera recurrir a la toma de tribuna para evitar que pase la reforma judicial, la diputada federal Paulina Rubio calificó como preocupante que el nuevo proyecto de dictamen no incluyó los temas propuestos en los foros nacionales.
“Mantienen elección popular de los jueces, magistrados y ministros, que desde un inicio nosotros advertimos que es un gran error. Además le añaden algunos tonos hasta cierto punto perversos, porque entre las propuestas está por ejemplo que cuando se exhiban los nombres de las personas que van a ser elegidas”, advirtió en entrevista con La Razón.
Criticó que se haya quitado el “candado” a los magistrados electorales para poder ser ministros de la Corte, e inclusive mantenerlos en sus cargos hasta el 2027. “Hoy parece que le dan demasiadas lisonjas al Tribunal que, justamente tiene en su encargo poder resolver el tema de la sobrerrepresentación”, cuestionó.
Mario Alberto Rodríguez, legislador de MC, adelantó que su partido presentará varias reservas en la presentación del dictamen en la comisión de Puntos Constitucionales, el próximo 26 de agosto, sobre lo que faltó integrar después de los diálogos nacionales de reforma judicial, como la mejora en el tema de los ministerios públicos.
Advirtió también que se va a gastar más dinero en la elección de los jueces porque no hay una propuesta efectiva de las votaciones en un marco geográfico electoral, “de cómo se van a elegir, en qué áreas geográficas se van a presentar estas convocatorias y cómo van a hacer campaña, es decir la operación logística”, añadió.
Cambios radicalizaron el proyecto, dice abogado
El abogado constitucionalista Francisco Burgoa aseguró que los recientes cambios a la reforma judicial “radicalizaron” el proyecto, pues “parece” que ahora sólo es una venganza en contra del Poder Judicial de la Federación y su titular Norma Piña, por defender la Constitución.
En entrevista con La Razón, dijo que, con los nuevos cambios, la reforma judicial se radicalizó, porque ni en los términos de la propuesta original del Presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 5 de febrero se atiende el tema central que se debería estar buscando, que es la justicia.
“Cómo garantizar, cómo fortalecer el derecho a la justicia de las personas. Esto, porque de la revisión de proyecto de dictamen se está dejando el fortalecimiento al acceso de la justicia y, en cambio, se deja ver que lo único que quieren los diputados de Morena es consumar una venganza en contra del Poder Judicial de la Federación”, consideró.
Burgoa señaló que los cambios a la reforma son sólo para consumar ese resentimiento que tienen en contra de la ministra Norma Piña y de los ministros que han votado en favor de la defensa de la Constitución.
Dijo que los cambios al dictamen solamente van relacionados con temas de forma y detalle, porque sigue manteniendo la esencia de las ideas del Presidente, que es reducir el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve ministros; el hecho de que se lleven a cabo las elecciones de jueces, magistrados y ministros.
“Vemos que de los foros no fueron atendidas las observaciones, porque nunca quiso Morena mover nada; sólo mantuvo el tema de la gradualidad en la elección, pues esa gradualidad se va a llevar a cabo a final de cuentas. Dejarán para 2027 la consumación de estas elecciones y, por ello, de acuerdo con lo que se prevé, se consumará de manera total, con todo y ajustes y eso es lo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados”, aseveró.
