El presidente López Obrador, atento a la resistencia que ha provocado su iniciativa, lejos de recular, ha doblado la apuesta. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha seguido la misma línea del discurso. La defensa del oficialismo es que la apabullante mayoría de votos que obtuvo la coalición de Morena, PT y PVEM en las elecciones del 2 de junio debe corresponderse con las posiciones en el Congreso, conforme al artículo 54 de la Carta Magna. En su conferencia Mañanera de este miércoles, López Obrador pidió a los consejeros del INE no “cometer un error”, “ajustarse a lo que establece la Constitución” y no “dejarse presionar”, a la vez que les advirtió de que “la gente está pendiente”, que “el pueblo existe” y los vigila.
El INE ha elaborado un proyecto de resolución que se ajusta a las expectativas del Ejecutivo. En el documento —que aún debe ser votado por el pleno el viernes— se propone asignar a Morena, PT y PVEM 364 diputaciones federales y 83 senadurías (el 73% y el 65% de ambas Cámaras, respectivamente). Con este reparto, Morena y sus aliados tendrían con creces la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y se quedarían a tres escaños de alcanzarla en el Senado. La oposición y los críticos de la sobrerrepresentación se ha acogido a una interpretación del mismo artículo 54 que asignaría menos legisladores a Morena y sus aliados, y con la que no tendrían carta libre para reformar la Constitución a voluntad.
Morena quiere obsequiar a López Obrador la reforma judicial antes de que concluya su mandato y pasar la estafeta a Sheinbaum, el 1 de octubre. Pero no es la única enmienda en puerta. El mandatario saliente envió al Congreso una batería de varias reformas de gran calado. Una de las más importantes busca transferir el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se trata del segundo intento de López Obrador para convertir al cuerpo policiaco en un apéndice del Ejército. El primero ocurrió en 2022, cuando el oficialismo aprobó, con esa finalidad, una primera reforma, no a la Constitución —pues no tenía mayoría calificada—, sino a leyes secundarias. La Suprema Corte echó atrás los cambios porque la Carta Magna mantenía la aclaración de que la GN era una corporación con mando civil en manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Ejecutivo interpretó la resolución del Supremo como una afrenta personal. De hecho, varios ministros de la Corte consideran que la reforma judicial es una vendetta que nació con aquella sentencia. Ahora, la solución está a la vista. Morena podría tener los números necesarios para reformar la Constitución y avalar el anhelado cambio estructural de la GN, en lo que varios analistas han visto una militarización de la seguridad pública.
Otra de las enmiendas en puerta es la ampliación de los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, una disposición —muy criticada por organizaciones de derechos humanos— que obliga a los jueces a ordenar el encarcelamiento de una persona acusada aun antes de que se pruebe su culpabilidad. La propuesta presidencial pretende añadir a ese “catálogo” los delitos de extorsión, narcomenudeo, tráfico de fentanilo, defraudación fiscal y emisión simulada de facturas. La mayoría oficialista también prepara la aprobación de la reforma que desaparece varios órganos autónomos, entre ellos el INAI, que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, y el Coneval, el organismo que mide la efectividad de las políticas de combate a la pobreza.
Estas reformas, y otra docena enviada por López Obrador al Congreso, son prácticamente una realidad, a reserva de lo que suceda en la votación del viernes en el INE. De aprobarse el reparto de diputaciones previsto en el proyecto, la oposición en el Legislativo no solo quedará reducida a mínimos históricos, sino que, en los hechos, perderá el derecho a promover ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad (recursos jurídicos contra leyes que podrían violar la Carta Magna), pues para ello se requiere, al menos, un tercio de los votos en el Congreso. Así, cualquier reforma del oficialismo estará blindada y la función de control constitucional del Supremo quedará naturalmente en desuso. A esto hay que sumar que la enmienda judicial propone renovar todos los asientos de la Corte por nuevos ministros elegidos en las urnas en junio de 2025.
Las voces contra la reforma al Poder Judicial se han multiplicado y han adquirido fuerza. Las consecuencias adversas están por verse, pero ya comienzan a advertirse. Analistas de la calificadora Morgan Stanley recomendaron el miércoles a sus clientes vender ciertas acciones de empresas mexicanas, ante la incertidumbre para las inversiones que representa “reemplazar el sistema judicial”. Esa es la misma lógica detrás de la pérdida del valor del peso. Además, dos organizaciones de la cúpula empresarial, Coparmex y el Consejo Mexicano de Negocios, han hecho un llamado al INE y al Tribunal Electoral a preservar los equilibrios democráticos, garantizar la certeza jurídica para las inversiones y conformar un Congreso que represente la pluralidad del país. Varios exfuncionarios electorales han afirmado que la traducción más fiel de la voluntad popular en las urnas al Legislativo no es dar a Morena una mayoría desproporcionada, sino asignar a cada partido lo que le corresponde conforme a la norma.
Sheinbaum ha intentado calmar las aguas y ha pedido a las partes inconformes que no le teman a la democracia. El INE está dividido entre un grupo afín al Gobierno que está dispuesto a aprobar la mayoría calificada para el oficialismo y otro grupo disidente que intentará dar el debate el viernes para frenar la representación desproporcionada en el Congreso. Cualquiera que sea el resultado, es previsible que el asunto llegue al Tribunal Electoral, la última instancia, que deberá pronunciarse en uno u otro camino. Si Morena y sus aliados obtienen la aplastante mayoría, es cuestión de tiempo para que en el Legislativo aprueben otra reforma para desintegrar y refundar el INE (ya hay una iniciativa en este sentido) y para que se elija a nuevos magistrados del Tribunal Electoral por voto popular. Las autoridades electorales deberán decidir si en la última batalla luchan por revertir su suerte —ya muy anunciada— o si entregan voluntariamente la guillotina.